Recuperados ocho documentos históricos del Archivo General del Palacio Real de Madrid, tres de los cuales iban a ser subastados

Las cuentas de los funerales de Carlos I de España y V de Alemania y la reina inglesa e irlandesa María Tudor, celebrados en Bruselas en 1559, y un real decreto de Felipe II de 1600 iban a ser subastados en Barcelona hasta la intervención de la Policía Nacional. La operación ha impedido que se pujara por esos tres documentos históricos y ha servido también para localizar otras cinco piezas, del siglo XVII, en posesión de una familia que regenta una librería anticuaria de Madrid.

La intervención comenzó en junio después de que el Archivo General del Palacio, mediante el Ministerio de Cultura, alertara de que una relevante casa de subastas barcelonesa iba a ofrecer tres elementos importantes pertenecientes originariamente a las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional. “La investigación policial permitió identificar a la persona poseedora de los documentos que iban a ser subastados, manifestando que era anticuario y que no era él el propietario, facilitando la identidad de esta persona”, según el comunicado de la Policía Nacional, y así averiguaron que el propietario, residente de Valladolid, tenía esos documentos como una herencia familiar.

La operación ha sido denominada Bloody Mary en alusión a María Tudor, apodada así por sus sangrientas campañas contra los protestantes, a quienes persiguió y acusó de herejía. Esta monarca inglesa aparece en parte de estos documentos recuperados en forma de dos libretos sobre su funeral y el de Carlos I en Bruselas en 1559. El otro archivo que iba a salir a subasta se corresponde con un Real Decreto de Felipe II fechado en 1600.

Las piezas pertenecían a las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional y en cuanto se tuvo constancia de su presencia en la casa de subastas se iniciaron los movimientos para recuperarlos, pues constaban como “desaparecidos del Archivo General de Palacio”, según informa la Policía Nacional.

La labor de los agentes permitió identificar a la persona que poseía esos documentos, que se definió como anticuario y no como dueño real de esos archivos centenarios. Facilitó la identidad del verdadero propietario, quedando los documentos intervenidos “de forma cautelar”. Cuando los policías contactaron con el “dueño real”, que residía en Valladolid, este aseguró que “formaban parte de una herencia familiar de su padre”. En cuanto supo que su origen eran las instituciones culturales del Estado “puso de manifiesto su deseo de que fueran traspasados de forma voluntaria a Patrimonio Nacional”.

Los investigadores averiguaron que en el mismo expediente abierto sobre esos documentos desaparecidos faltaban otros cinco por hallar y que esas piezas podrían estar en poder de una familia que regenta una librería anticuaria de Madrid. Al contactar con ellos e informarles de la operación de recuperación de patrimonio se acordó que esa familia cediera voluntariamente estos cinco documentos: un decreto autógrafo de Felipe IV de 1621, un decreto marginal de Felipe III de 1621, un decreto de Felipe IV de 1633, una carta del teniente de alcaide de la Casa de Campo de 1621 y una consulta del secretario de la Junta de Obras y Bosques de 1631. El conjunto de esos ocho documentos centenarios se han entregado apropiadamente y se han incorporado a los fondos del Archivo General del Palacio ubicado en el Palacio Real en Madrid.