El desmarque de Vox deja en el aire la cuestión de confianza de Junts

El intento de Junts de infligir al Gobierno otra sonora derrota parlamentaria apoyándose en los grupos de la derecha de ámbito nacional no tiene el éxito tan garantizado como se pensaba. El pleno del Congreso debatirá el próximo martes la proposición no de ley (PNL) del grupo independentista que insta a Pedro Sánchez a “considerar la oportunidad” de someterse a una cuestión de confianza. Aunque la iniciativa ―que se votará al día siguiente― no tiene ningún valor jurídico, ya que constitucionalmente solo corresponde al presidente del Gobierno solicitar a la Cámara que le ratifique o retire su confianza, una hipotética derrota del Ejecutivo acrecentaría su imagen de debilidad parlamentaria. Junts necesita para ello obtener los votos de Vox, que, sin adelantar su postura final, descalifica como “papel mojado” la iniciativa independentista. El PP podría ser el único apoyo seguro del partido de Carles Puigdemont.

Entre los socios habituales del Gobierno, varios se guardan también el sentido de su voto. Solo EH Bildu confirma su no rotundo, mientras fuentes de la dirección del PNV lo anticipan también no oficialmente, a pesar de su tradicional relación de amistad con el partido de Carles Puigdemont. ERC, Podemos, BNG y Coalición Canaria tienen pendientes reuniones en las próximas horas para tomar una decisión, aunque al menos en el caso de los tres primeros las fuentes consultadas lo que sí descartan es un voto afirmativo.

Los republicanos catalanes, siempre bajo la presión de las acusaciones de Junts de respaldar al Gobierno “a cambio de nada” ―un ataque que enfurece especialmente a su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián―, dudan entre el rechazo o la abstención. Algunas fuentes hablan incluso de la posibilidad de no participar en la votación, una salida que les permitiría evitar la imagen de excesivo apego al Gobierno y a la vez evidenciar que la propuesta de Junts es un mero brindis al sol. En todo caso, Rufián subrayó en declaraciones a EL PAÍS: “Una Proposición no de Ley es la menor de nuestras preocupaciones en un pleno”.

En las últimas semanas, en el Congreso casi todo el mundo daba por hecho que si los de Puigdemont continuaban adelante con sus planes sobre esa cuestión de confianza podrían contar con la adhesión de PP y Vox, partidos en los que primaría su estrategia de erosión continua del Gobierno por encima de sus enormes diferencias con la formación independentista. Pero el partido de Santiago Abascal, en un momento de especial confrontación con el PP de Feijóo, ha empezado a emitir señales que ponen en duda su voluntad de sumarse a esa operación conjunta de la derecha parlamentaria, española y nacionalista catalana. Fuentes de la dirección del grupo parlamentario de Vox subrayaron en ese sentido que la propuesta de Junts es “papel mojado” porque carece de valor jurídico y porque está reclamando al presidente algo que ya se sabe que este no va a hacer en ningún caso. Las mismas fuentes enmarcaron el debate como parte del “chantaje permanente” de Puigdemont a Sánchez.

Sin el voto favorable de Vox, la iniciativa estaría condenada al fracaso aunque contase con el respaldo del PP. Los populares llevan semanas repitiendo que tampoco van a adelantar su postura, pero al mismo tiempo repiten que Sánchez no cuenta con su confianza. Fuentes de la dirección popular apuntan que el asunto aún no se ha discutido en ese ámbito y precisan: “El PP no se puede oponer a que se debata la cuestión y luego ya corresponderá al presidente decidir si la acepta o no. Nosotros creemos y estamos seguros de que decidirá que no”. De hecho, el PP ha venido defendiendo desde hace semanas en la Mesa del Congreso que se diese trámite a la iniciativa, frente a los sucesivos aplazamientos acordados por PSOE y Sumar. Ambas formaciones se escudaban en las dudas legales sobre una iniciativa interpretada a menudo como una cuestión de confianza encubierta.

El PNV, por su parte, muestra su “respeto” por la propuesta de Junts, formación con la que mantiene una relación especial, pero desde su dirección confirman que no ven motivos para reclamar a Sánchez una cuestión de confianza mientras “siga cumpliendo los compromisos adquiridos” con el partido vasco. La formación nacionalista, aun reclamando que sus demandas se atiendan “mejor y más rápido”, se declara “relativamente satisfecha” de la colaboración con el actual Gobierno y no piensa retirarle su respaldo. En el PNV no descartan todavía que la propuesta de Junts se retire antes del pleno del martes.

En el caso de EH Bildu, ahora mismo uno de los socios más fiables de Sánchez, fuentes oficiales confirman su voto negativo y el rechazo a participar en cualquier operación en la que también se podrían ver involucrados con PP y Vox. En las últimas semanas, la formación abertzale ha endurecido el tono contra Junts después de que el partido de Puigdemont abanderase decisiones como la de renunciar al impuesto especial a las grandes energéticas.

En el entorno del presidente en La Moncloa y en la cúpula del PSOE restan trascendencia a la propuesta de Junts y la dan ya “por descontada”. Insisten en las nulas consecuencias prácticas que tendría una hipotética aprobación y argumentan que en cualquier caso les vendrá bien el debate porque sostienen que servirá para retratar a la derecha parlamentaria: “Si PP, Vox y Junts votan juntos ya quedará muy en evidencia dónde están y cuáles son los aliados de la derecha de este país. Y si se dividen, se demostrará que no pueden ir a ningún lado juntos y menos aún a construir una alternativa a Pedro Sánchez”. Fuentes gubernamentales restan cualquier importancia a esa cuestión y aseguran que ni siquiera ha habido conversaciones en los últimos días con sus aliados parlamentarios para conocer sus posiciones: “Estamos en otras cosas”.

Frente a las especulaciones sobre una posible retirada de la propuesta a última hora, en el PP señalan que el PSOE no se puede permitir no darle la concesión de ese debate a Junts, cuando necesitan de los votos de sus siete diputados para próximas iniciativas como los Presupuestos del Estado para 2025 o el proyecto de ley para restringir la participación de las acusaciones populares en procedimientos judiciales. En el grupo socialista dicen no entender muy bien por qué Junts se empeña ahora en llevar ese asunto hasta el final, cuando, argumentan, a los de Puigdemont les podría resultar más rentable retirar la PNL ahora y dejar esa amenaza en suspenso para otros momentos de la legislatura en los que les pudieras resultar más eficaz para exigir determinadas contrapartidas al Gobierno.