El Supremo avala el nombramiento del letrado mayor del Congreso

El Tribunal Supremo ha avalado la legalidad del nombramiento de Fernando Galindo como secretario general del Congreso, cargo también conocido como letrado mayor. El alto tribunal ha desestimado el recurso presentado por otro miembro del servicio jurídico de la Cámara, Manuel Fernández-Fontecha, quien, además de la batalla judicial, venía lanzando desde hace un año acusaciones públicas en los medios contra su superior jerárquico. El Supremo rechaza con rotundidad los argumentos del recurrente y, en una decisión poco habitual, lo condena a pagar las costas del proceso.

La Mesa del Congreso, a propuesta de la presidenta, la socialista Francina Armengol, nombró en noviembre de 2023 a Galindo como secretario general, tras la dimisión de su antecesor, Carlos Gutiérrez. La elección resultó muy contestada por la oposición y por algún miembro del cuerpo de letrados, que cuestionaban la anterior vinculación de Galindo al Gobierno como subsecretario del Ministerio de Política Territorial. La controversia fue a más cuando la asesoría jurídica de la Cámara validó la tramitación de la proposición de ley de amnistía a los dirigentes del procés independentista catalán. El PP, al mismo tiempo que atacaba los cambios en el Congreso, promovía una renovación total al frente del cuerpo de los letrados del Senado, donde tiene mayoría absoluta.

El más beligerante con diferencia frente a Galindo fue el veterano miembro del cuerpo jurídico de la Cámara baja Fernández-Fontecha, quien llevó su batalla hasta el Supremo con un recurso contencioso-administrativo. Fontecha argumentó que el puesto de secretario general debería haberse cubierto tras la apertura de un procedimiento de libre concurrencia entre todos los integrantes del cuerpo de letrados y denunciaba la “vulneración del derecho fundamental de acceder en condiciones de igualdad a funciones públicas, proclamado en el artículo 23.2 de la Constitución Española”.

En un fallo emitido el pasado 23 de enero, la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal desestima por completo los argumentos del recurrente. Dictamina que la Mesa, según el Reglamento de la Cámara, “puede realizar libremente ese nombramiento [de secretario general] con la salvedad de que debe recaer en uno de los letrados que conforman el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales”. El fallo, suscrito por cinco magistrados y del que es ponente Antonio Fonseca-Herrero, explica que el procedimiento de libre concurrencia al que apelaba Fontecha solo está previsto para el caso “de la provisión de un puesto de trabajo del Cuerpo de Letrados” y no para el nombramiento de su máximo responsable.

El recurrente alegaba además falta de idoneidad del candidato y de motivación en el acuerdo tomado por la Mesa. El fallo replica que Galindo cumple el requisito exigido de acreditar cinco años de experiencia en el cuerpo de letrados. Y subraya que “nadie se había postulado para un cargo que se sabía vacante desde la aceptación de la renuncia del anterior Secretario General”. Fontecha deberá hacerse cargo de las costas del proceso “hasta una cifra máxima de 1.000 euros”.

Fontecha adquirió notoriedad pública a finales de 2023 por diversos pronunciamientos públicos contra la ley de amnistía. El letrado llegó a denunciar que se estaba modificando “de facto” la Constitución mediante lo que calificaba de “pactos privados” entre PSOE y Junts. Con la nueva legislatura y el nombramiento de Galindo, se reorganizaron los destinos de los juristas en el Congreso. Fontecha dejó su puesto como letrado segundo de la Comisión Constitucional, adonde se destinó al secretario general saliente, Carlos Gutiérrez, y se le adscribió a la de Hacienda, en la que ya ejercía como asesor jurídico desde 2012.

A partir de ese momento, el letrado se multiplicó en declaraciones públicas para denunciar que había sido víctima de una “purga ideológica” por su oposición a la ley de amnistía. Sus denuncias tuvieron un gran eco en medios afines a la derecha, incluida la cadena pública Telemadrid. Presentado por algunos como “el letrado que más sabe”, Fontecha concedía entrevistas para insistir en presentarse como un represaliado y sostener afirmaciones como que los dirigentes independentistas cometieron “delitos de terrorismo”. Y eso a pesar de que el secretario general lo había repuesto finalmente en la Comisión Constitucional, ahora como letrado tercero.

Además de recurrir al Supremo el nombramiento de Galindo, Fontecha planteó otra batalla legal contra su relevo en la Comisión Constitucional. Esgrimía “desviación de poder”, como difundió profusamente en los medios. En este caso el alto tribunal, en un fallo del pasado 30 de octubre, ni siquiera entró a juzgar el fondo del asunto al dictaminar que ya se había producido una “satisfacción extraprocesal” por haber sido repuesto en la comisión que reclamaba.