La falta de acuerdo obliga al CGPJ a aplazar más de 30 nombramientos

El orden del día del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrado este miércoles incluía una treintena de nombramientos de la cúpula judicial, entre ellos la presidencia de la Audiencia Nacional y de sus cuatro salas (de apelación, penal, social y contencioso-administrativo), además de la presidencia de varios tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. Pero la falta de acuerdo entre el bloque conservador y el progresista ha llevado a retirar del orden del día todos los nombramientos, que se quedarán pendientes de cubrir, al menos, hasta el próximo pleno, previsto para dentro de dos semanas. Los conservadores, que insisten en aparcar la negociación sobre las presidencias de sala del Tribunal Supremo, acusan a los progresistas de bajarse en el último momento de un pacto que incluía a la mayoría de las plazas que se iban a votar este miércoles, mientras fuentes progresistas aseguran que el otro grupo cambió su propuesta en el último momento. Dentro de este grupo, algunos vocales consideran, además, que no deben aprobarse más nombramientos si los conservadores no acceden a negociar la cúpula del alto tribunal.

La designación discrecional de más de un centenar de plazas vacantes es uno de los grandes cometidos del nuevo CGPJ, designado este verano tras cinco años de bloqueo. El pleno del pasado 29 de enero supuso un hito al consumar el primer gran pacto entre los dos bloques, que permitió aprobar 36 nombramientos discrecionales, incluidos 21 de magistrados del Tribunal Supremo. Los dos grupos han seguido negociando, pero a finales de la semana pasada algunos consejeros advertían ya que era difícil llegar a un pacto amplio para la sesión de este miércoles. Fuentes del órgano aseguran que así se lo comunicaron también a la presidenta, Isabel Perelló, pese a lo cual esta optó por incorporar en el orden del día otra tanda con una treintena de plazas que incluía puestos tan relevantes como todas las vacantes de la Audiencia Nacional, las presidencias de cinco tribunales superiores de justicia (los de Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha) y varias audiencias provinciales.

La negociación siguió abierta hasta el último momento, aunque algunos vocales daban ya por imposible el acuerdo a primera hora del martes. Fuentes conservadoras aseguran que había un pacto cerrado el martes por la tarde, pero por la noche los progresistas les comunicaron que no lo aceptaban. A su vez, fuentes de este grupo señalan que su negativa se debe a que los conservadores cambiaron su propuesta el último día y añadieron “vetos” y otras condiciones que los progresistas necesitaban estudiar. “Hemos pedido tiempo para madurarlo”, señala un miembro de este sector.

Tras constatar que no había acuerdo, Perelló ha decretado un receso en el pleno para que los negociadores hicieran un último intento e intentaran salvar, al menos, la designación de seis presidencias de audiencias provinciales, pero tampoco ha habido acuerdo. Los progresistas sí querían sacar adelante ya varias plazas de la jurisdicción militar sobre las que no había discrepancias, pero los conservadores se han negado a votar solo estas plazas y han pedido que se retire todo el paquete de nombramientos del orden del día. “Si se rompe una parte del acuerdo no tiene sentido mantener el otro. Nuestra fuerza es o todos o ninguno”, advierte un vocal del grupo conservador.

Fuentes progresistas confían en que la negociación se pueda encauzar para llegar al próximo pleno con un acuerdo. “Pero una cosa es que haya voluntad de pacto y otra cosa es que el pacto este hecho a la medida de un solo grupo”, señala un miembro de este sector. Algunos vocales progresistas admiten también su desconcierto por la decisión de Perelló de incluir en el orden del día nombramientos que no estaban acordados y otros le reprochan, además, que acepte, o incluso “incentive”, la estrategia de los conservadores de aparcar la designación de las presidencias de sala del Tribunal Supremo.

En el primer paquete que convocó el actual Consejo estaban cuatro de las cinco presidencias de sala del alto tribunal (Sala Primera, Segunda, Tercera y Cuarta), y las fuentes consultadas en los dos sectores ven imposible un pacto. Para la Primera hay un solo candidato, Ignacio Sancho, que ya ocupa este puesto en funciones tras la jubilación del anterior presidente; pero para cada una de las otras tres salas hay dos aspirantes, uno de perfil más conservador y otro progresista, y ninguno de los bloques está dispuesto a ceder. Un grupo de vocales progresistas es partidario de no hacer ningún nombramiento más hasta que no se negocien estas plazas.

La negociación, además, está atravesada por otro debate de fondo: cómo aplicar la ley de paridad que entró en vigor en agosto pasado y que establece que ningún sexo puede tener una representación inferior del 40% “en los puestos de representación y decisión”. Un informe encargado por Perelló al Servicio de Estudios e Informes del Consejo concluyó que la norma debe aplicarse para el conjunto de los nombramientos que asigne el pleno en sus cinco años de mandato, pero este dictamen choca con otros dos redactados por la comisión de igualdad, que considera que ese porcentaje debe cumplirse en cada tipo de órgano.

La batalla se juega sobre todo en la Sala Segunda —de lo Penal, presidida hasta hace unas semanas por Manuel Marchena y que es la que encargada de juzgar a los aforados y de revolver en última instancia los grandes casos de corrupción— y la Sala Tercera —competente para resolver los asuntos que afectan al Gobierno—. La estrategia de los conservadores al abogar por aparcar estas designaciones es clara: ambas están presididas en funciones por sus candidatos para el nombramiento formal, Martínez Arrieta en la Penal y Lucas en la de lo Contencioso, dos magistrados considerados de perfil moderados. Las dos candidatas a las que los conservadores quieren frenar son Ferrer y Teso, a quienes ya vetaron el verano pasado como presidentas del Supremo y del CGPJ por considerarlas afines al Gobierno. Los progresistas defienden sus candidaturas por sus currículos, pero también por ser mujeres. Y rechazan que sus designaciones supongan primar la paridad sobre el mérito y la capacidad, como sostienen los conservadores. “Nuestras tres candidatas son magistradas del Supremo, por lo que la excelencia ya se les presume. Y además así lo ha valorado la Sala de Gobierno, la comisión de calificación y la permanente”, señala un vocal progresista.

Avanzar en los siguientes nombramientos sin renovar las presidencias de esas dos salas tendría un beneficio adicional para los conservadores porque en el resto de plazas convocadas —y en las que están por salir— hay mayoría de candidatos de perfil conservador —el mayoritario en la carrera judicial—, incluidos varios casos de candidatos únicos, por lo que los conservadores se garantizarían muchas designaciones favorables. “En algunos casos perdemos por incomparecencia porque no hay candidatos progresistas, así que no podemos aceptar negociar esas plazas y dejar pendiente aquellas en las que sí tenemos buenos candidatos”, advierte un consejero de este sector.