El juez impulsa el caso de la fundación andaluza Faffe al imputar a 21 ex altos cargos de la Junta

El magistrado José Ignacio Vilaplana ha dado un impulso al caso de la fundación Faffe de la Junta de Andalucía al imputar a 21 ex altos cargos durante la etapa socialista por un supuesto fraccionamiento ilícito de contratos por un total de 9,4 millones entre 2008 y 2010. El juez acusa de malversación y prevaricación a esta veintena de exmandos de la fundación pública, entre los que sobresale el exdirector Fernando Villén, condenado en 2023 a seis años de prisión por pagar prostíbulos con 32.556 euros de dinero público.

La causa, que nació hace 11 años en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, coge aire tras esta imputación masiva recogida en un auto dictado el pasado miércoles, en el que relata la contratación de proveedores de servicios, personal y justificación de subvenciones supuestamente irregulares. Entre estos indicios destaca el juez, que también investiga los ERE fraudulentos, la manera en la que se contrataron proveedores desde la Faffe, “al margen de la disciplina y la legalidad administrativa y financiera aplicable” en los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil terminó el análisis de miles de correos electrónicos de la cúpula de la Faffe y tras entregarlos al magistrado, este ha censurado los contratos presuntamente irregulares, que suman 9,4 millones entre diversas empresas como Proyempleo S. L. Esta compañía acaparó adjudicaciones de la fundación pública por 7,4 millones, el 78% del total del dinero. “Licitaciones en favor de empresas menores beneficiadas por adjudicaciones directas, pero que aparecen simuladas” y otras “injustificadas”, advierte el auto judicial, que prolonga la investigación seis meses más.

El juez se basa para censurar los contratos de la Faffe en la Guardia Civil y en la Intervención de la Junta, que concluyó que habían incumplido la normativa aplicable. Entre los exdirectivos ahora investigados destacan la anterior directora económica financiera Anna Valls, ya condenada en la causa de los prostíbulos, y la adjunta a la dirección de garantías institucionales, Cristina López.

Los agentes acusan a Valls, por ejemplo, de haber fraccionado facturas por 62.640 euros para la empresa Umax. “Se habría producido el fraccionamiento irregular del contrato para acudir a la figura del contrato menor y de la adjudicación directa cuyo límite legal ascendía a 18.000 euros”, expone el juez sobre la supuesta artimaña para eludir la Ley de Contratos del Sector Público. Umax fue la empresa que contrató a personal laboral de la Consejería de Empleo andaluza entre 2003 y 2009, y por la que el Tribunal Supremo condenó en 2023 a tres ex altos cargos de la Junta.

Sobre la supuesta justificación irregular de subvenciones, el juez Vilaplana concluye que la Faffe elaboró documentos sin un soporte real detrás, “con el fin último de justificar ante el órgano gestor, de una manera fraudulenta, los gastos que habrían sido imputados a los fondos públicos recibidos”.

En paralelo, el magistrado censura la contratación injustificada de 84 personas, muchas de ellas vinculadas al PSOE de Sevilla, y cuyo fichaje se hizo sin procedimiento alguno ni el respeto por las exigencias legales para el mérito y la capacidad. Se contrató personal en la Faffe “de forma discrecional y al margen del procedimiento legal (…) para favorecer determinados intereses políticos o personales”.

Uno de los ejemplos rescatados de la investigación del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO son los correos entre los directivos Antonio Jiménez y Marián Rufo: “Hola Marian, te comento: Antonio Jesús Asencio Muñoz Atoche (hijo de Aurora Atoche PSOE SEVILLA) Cristina González Romero (sobrina Mercedes Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer) y hay que confirmar a Mónica Ferrer Fernández (nuera de Carmen Mejías, mujer de Juan María González Fernández y, por tanto, cuñada de Felipe González). Junto con lo que te he puesto en la black es lo que hay que incluir mañana en el listado. destruye el correo después de que lo hayas utilizado”, le pidió Jiménez a la exdirectiva.

Por último, el magistrado reclama al Servicio Andaluz de Empleo que le remita las subvenciones concedidas a la Faffe entre 2007 y 2011, año de su desaparición. Los 21 ex altos cargos imputados declararán ante el juez entre el 11 de marzo y el 1 de abril, día que declarará el exdirector Fernando Villén.