La fiscal jefa de Madrid también niega ante el juez haber filtrado el correo del abogado del novio de Ayuso

La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha negado en el Tribunal Supremo haber filtrado el expediente con la denuncia de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e investigado por fraude fiscal, o el correo electrónico remitido por el abogado de este a la Fiscalía para buscar un pacto que le librara de la cárcel. Rodríguez ha afirmado que 571 personas del entorno de la Fiscalía tuvieron acceso al expediente de González Amador y 60, al correo del letrado antes de que se filtraran a los medios. Durante el interrogatorio, el juez ha recalcado, como ya sugirió este miércoles, que considera que la investigación no se circunscribe a la filtración del correo, sino que abarca la nota difundida por la Fiscalía para desmentir la versión falsa que estaba lanzando el entorno de Ayuso y la filtración de la denuncia y el expediente tributario de González Amador. El Supremo, cuando abrió la causa, dejó la nota de prensa fuera de la investigación porque “aparentemente, no hay información indebidamente revelada”.

La fiscal provincial ha comparecido como investigada por un delito de revelación de secretos ante el juez Ángel Hurtado, que considera que hay indicios de que participó en la supuesta filtración de un correo electrónico enviado por el abogado de González Amador en el que reconocía que su cliente había cometido dos delitos. La declaración de Rodríguez, que ha durado algo menos de dos horas, se produce un día después de la del fiscal general del Estado, quien negó que él filtrara o diera orden de filtrar el mail del abogado y aseguró que no tenía constancia de que lo hubiera hecho alguien de la Fiscalía General o provincial. García Ortiz rechazó contestar a las preguntas del juez porque considera que la mayor parte de la instrucción se basa en el registro —“allanamiento”, dijo el fiscal— de su despacho y del de Rodríguez, que él considera nulos porque vulneraron su derecho de defensa.

La fiscal provincial sí ha contestado al instructor, pero no a las acusaciones. La Fiscalía ha renunciado a preguntar, como ya hiciera con el fiscal general, porque el grueso de la instrucción se basa en el registro de los despachos que el ministerio público considera nulos. Fuentes del caso señalan que Rodríguez ha detallado que 571 personas relacionadas con la Fiscalía (más un número indeterminado del decanato de los juzgados de Madrid y de la Agencia Tributaria) tuvieron acceso directo a la denuncia y al expediente tributario de González Amador entre el 5 y el 12 de marzo, día en que lo publicó eldiario.es.

Respecto al correo enviado por el abogado el 2 de febrero y cuya filtración se investiga, 60 personas de la Fiscalía (más todo el entorno de González Amador) accedieron a él antes de que llegara a la Fiscalía General la noche del 13 de marzo. A ello hay que sumar, ha recordado Rodríguez, que al menos tres periodistas citados como testigos declararon que ya conocían el correo del 2 de febrero antes de que este fuera recibido por ella y esta se lo enviara a García Ortiz. Además, la fiscal provincial ha recordado que EL PAÍS desveló recientemente que conocía la negociación entre González Amador y la Fiscalía desde el mediodía del 12 de marzo, como prueban los mensajes intercambiados entre este periódico y el abogado de la pareja de Ayuso, Carlos Neira.

Rodríguez ya declaró como investigada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde empezó a instruirse el caso, y ante el Supremo ha ratificado lo que contó aquel día. La jefa provincial fue quien reclamó con insistencia la noche del 13 de marzo al fiscal Julián Salto, el encargado de investigar a González Amador, los correos electrónicos intercambiados con el abogado para poder elaborar una nota de prensa que desmintiera el bulo que estaba lanzando el jefe de gabinete de la presidenta madrileña (que la Fiscalía había propuesto un pacto al letrado, cuando realmente había sido este quien escribió un correo para buscar un acuerdo).

Según fuentes del caso, Rodríguez ha contado que ella se limitó a cumplir instrucciones del fiscal general para recopilar los correos intercambiados con el abogado y poder dar información “veraz”. Ella lo entendió como “una orden” porque está obligada a dar cuenta a sus superiores y no la cuestionó. La fiscal provincial ha desmentido a la superior de Madrid, Almudena Lastra, que en su comparecencia como testigo aseguró que había advertido a Rodríguez de que si enviaban los correos a la Fiscalía General se iban a filtrar. “Eso no me lo dijo, absolutamente no”, ha afirmado, según fuentes del caso. La Abogacía del Estado ha pedido que Lastra vuelva a declarar, pero el juez Hurtado se ha negado.

La fiscal provincial ha asegurado que ella no sabía que se había denunciado a la pareja de Ayuso hasta el 7 de marzo, dos días después de interponerse la denuncia, cuando le informaron de que un periodista había llamado a la Fiscalía Provincial y a la General pidiendo información sobre un caso que afectaba a una empresa llamada Maxwell Carmona (la sociedad de González Amador). Rodríguez confirmó que esa denuncia existía y, a partir de ahí, ha explicado, activó el procedimiento de dación de cuentas para enviar el expediente al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, al entender que podía ser un caso relevante.Rodríguez asegura que en ese momento no sabía que González Amador era pareja de Ayuso y que no volvió a saber nada de este asunto hasta el 12 de marzo, cuando eldiario.es publicó la primera noticia sobre la situación de González Amador.

Parte del interrogatorio se ha centrado la nota de prensa difundida por la Fiscalía Provincial. Esa nota fue la que originó la querella de González Amador contra el ministerio público por considerar que recogía datos confidenciales. Sin embargo, la Sala de Admisión del Supremo concluyó en octubre pasado, cuando abrió la causa y nombró instructor al juez Hurtado, que la nota no era delictiva porque “aparentemente, no hay información indebidamente revelada”. Pero el juez ha vuelto a incluirla en la investigación aunque, según las fuentes consultadas, no ha detallado por qué.

Rodríguez ha asegurado que no participó en la elaboración de la nota, pero como los mensajes intervenidos en su teléfono constatan que sí la leyó antes de que la enviaran, el juez considera que tiene responsabilidad en su difusión porque si hubiera puesto alguna objeción podía haberla frenado. Hurtado se centra en una frase de ese texto en la que la Fiscalía explicaba que en la propuesta de conformidad planteada por el abogado de González Amador este “reconocía [...] la comisión de dos delitos contra la Hacienda pública”.

El juez ha advertido a la fiscal provincial que esa frase revela datos confidenciales de los que el ministerio público es “garante” y ha citado una instrucción de 2012 sobre protección de datos que la jefa provincial, ha recalcado el juez, debería conocer. Rodríguez ha afirmado que no piensa que esos datos sean confidenciales y, a la pregunta del magistrado sobre si es habitual y legal dar información pública sobre una denuncia, ha explicado que sí. Para demostrarlo, ha enseñado al instructor las difundidas por la Fiscalía de Madrid sobre Cristiano Ronaldo y ha recordado otros casos como el de la cantante Shakira.

Hurtado, según dejó escrito en un auto el 13 de enero, considera “que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan, con un elevado grado de verosimilitud”, a que hay indicios para presumir que Rodríguez, García Ortiz y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica —Diego Villafañe, también investigado— se podrían “haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados”. Rodríguez ha rechazado que existiera algún tipo de pacto. El juez ha apuntado a un whatsapp que le envió el 8 de marzo a García Ortiz poniéndose a “su disposición”, sobre el que Rodríguez ha explicado que no se refería a nada relacionado con este caso, sino a que el Consejo Fiscal la renovó ese día en el cargo y el fiscal general la había llamado para felicitarle, según le informó su secretaria, y ella no le pudo atender. Cuando está estuvo disponible, ha añadido, escribió ese mensaje a García Ortiz para que supiera que podía hablar.