Page defiende que todas las comunidades tengan la misma financiación por población ajustada

Una financiación que garantice “el principio de igualdad y equidad” entre todos los españoles es la pieza angular de la ponencia que el PSOE de Castilla-La Mancha aprobará este fin de semana en el congreso en el que será reelegido Emiliano García-Page, secretario general desde 2012. La ponencia que llevará al cónclave evita las alusiones explícitas y directas a Cataluña y la polémica que suscitó el acuerdo económico que suscribieron PSC y ERC, que para el barón socialista se asemeja al concierto vasco, pero deja claro que el presidente autonómico solo aceptaría un modelo en el que “todas las comunidades autónomas tengan la misma financiación por población ajustada” para competencias homogéneas, con independencia de la capacidad fiscal del territorio donde se resida.

El sistema de financiación, pendiente de renovar desde 2014, deberá recoger “los costes reales” por prestar los servicios públicos competencia de las autonomías de manera que se valore adecuadamente lo que supone la extensión geográfica, la dispersión de la población o el envejecimiento, entre otros factores que encarecen su prestación”, según el documento de 86 páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Mientras se negocia el nuevo modelo, la federación castellanomanchega reclamará un fondo transitorio de nivelación para corregir la infrafinanciación que sufre la comunidad Castilla-La Mancha. Una de sus consecuencias que denuncian los socialistas es que ha contribuido a generar “un importante nivel de deuda” pese a ser una de las comunidades con menor nivel de gasto por habitante ajustado y por esa razón exigen una condonación de la deuda autonómica asociada a la financiación insuficiente. El Gobierno se ha comprometido a extender al resto de comunidades la promesa de condonar parte de su deuda como PSOE y ERC acordaron para Cataluña a cambio de su respaldo a la última investidura de Sánchez.

Los líderes territoriales del PSOE resolvieron por unanimidad en el Congreso Federal de Sevilla lograr un modelo de financiación “más justo y sostenible” y basado en un modelo federal del Estado. “La reforma del sistema de financiación autonómica deberá garantizar mayores recursos para todas las comunidades autónomas, reforzando los servicios públicos y reconociendo las singularidades y las diferentes variables determinantes en su coste, de manera que garantice la igualdad de derechos en el acceso a los servicios públicos independientemente del territorio en el que se viva”, fue el texto consensuado al que se llegó, “sin perjuicio de la relación bilateral del Estado con cada comunidad autónoma en función de lo recogido en los diferentes estatutos”. Su redacción, lo suficientemente ambigua para sortear las diferencias más espinosas, contentó a todas las partes.

El PSOE de Castilla-La Mancha mantiene esa tesis al mismo tiempo que se reafirma en la ponencia en su posición histórica de no ceder a las presiones y exigencias del independentismo: “En nuestro modelo territorial respetamos las singularidades históricas, culturales y lingüísticas porque enriquecen el concepto de España, porque así quisimos que lo recogiese nuestra Constitución, pero dicho modelo tiene que ser compatible con la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y la solidaridad entre territorios. De una concepción territorial bajo estos principios deriva la fortaleza del Estado en su conjunto”.

Del mismo modo que no se cita de forma expresa a Cataluña, Madrid tampoco es mencionada en la petición de una ley estatal para la armonización fiscal con el propósito de “evitar la competencia fiscal desleal” entre comunidades en la gestión de los tributos estatales transferidos. El PSOE acusó de forma implícita al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en su congreso federal de practicar un dumping fiscal “mientras baja los impuestos a sus élites económicas y solicitan más fondos al Gobierno central”.

La gestión “sostenible y justa” del agua es otra línea roja para García-Page, en particular todo lo que tiene que ver con el trasvase Tajo-Segura. “En Castilla-La Mancha las reservas de agua ni son abundantes ni sobrantes. Son, más bien, insuficientes para nuestro desarrollo y por ello, nuestro compromiso es defender nuestros intereses y recursos. Castilla-La Mancha no ha buscado nunca, ni busca ser más que ninguna otra región, pero tampoco menos”, recoge la ponencia. “Defendemos los intereses de los ciudadanos y ciudadanas por encima de los intereses del partido y así seguiremos haciéndolo, independientemente del gobierno que haya en España. Seguiremos oponiendo a cualquier decisión que ponga en peligro nuestros intereses, ya sea sobre el Trasvase Tajo-Segura, sobre el Memorándum y las reglas de explotación o sobre los caudales ecológicos de nuestros ríos”, subraya el partido, que sostiene que gracias a esa firmeza ha conseguido “hitos” como que el Tajo tenga establecido por ley un “caudal ecológico” sostenible, que garantice su biodiversidad y el cuidado del ecosistema.

El nuevo estatuto de autonomía que García-Page propone para la comunidad —es el único de los cuatro presidentes autonómicos socialistas que gobierna con mayoría absoluta— tendrá la igualdad entre hombres y mujeres “como principio transversal” en todas las políticas y acciones de la Junta a la igualdad salarial y económica de hombres y mujeres. Más allá del blindaje de las políticas de igualdad en los ámbitos social, político, cultural, deportivo, laboral y económico, se incluyen cláusulas “para garantizar la equidad de las zonas rurales, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación”. Otra novedad es el compromiso en la protección del medio ambiente, el uso sostenible de los recursos naturales y la adopción de “las actuaciones necesarias” para mitigar el cambio climático.

Volviendo al pulso por el agua con la Comunidad Valenciana y Murcia, la intención del barón del PSOE es que el estatuto “se reconozca el derecho de la ciudadanía a hacer un uso preferente de los recursos hídricos, en consonancia con las tradicionales reivindicaciones y después de que la normativa europea, las sentencias del Tribunal Supremo y la nueva planificación hidrográfica nos haya dado la razón”. García-Page aspira a aprobar el estatuto con el PP y lograr su apoyo para ampliar la horquilla electoral actual de entre 25 y 35 diputados —ahora mismo hay 33, de los que 17 son del PSOE, 12 del PP y 4 de Vox— a una de entre 25 a 59 escaños en las Cortes Regionales para “garantizar una representación proporcional justa de la ciudadanía”.