Miguel Ángel Rodríguez comparece en el Supremo con obligación de decir la verdad

Miguel Ángel Rodríguez debe acudir este miércoles al Tribunal Supremo para declarar como testigo en la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso se sentará ante el juez Ángel Luis Hurtado con obligación de decir la verdad.

Especializado en desviar la atención de los escándalos que salpican a su jefa y al PP, el asesor no podrá evitar que ahora, al menos durante unas horas, todos los focos se centren en él. El magistrado ha citado a Rodríguez después de que lo pidiese la defensa del máximo representante del ministerio público, que le atribuye la difusión de un bulo para desprestigiar a la Fiscalía por denunciar por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de la dirigente popular —lo que provocó la posterior filtración de un email del abogado del novio, que desmentía las falsedades del PP madrileño—.

El Supremo mantiene abierta esta causa por un delito de revelación de secretos contra el fiscal general y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El juez indaga en la filtración de un correo electrónico enviado el pasado 2 de febrero por la defensa de González Amador al ministerio público, donde admitía que la pareja de Ayuso cometió un fraude fiscal y proponía llegar un acuerdo para evitarle la entrada en prisión. Según la tesis del alto tribunal, existen indicios de que la divulgación de ese email (con datos confidenciales) se produjo desde la cúpula de la Fiscalía, pese a que la Guardia Civil no ha encontrado pruebas de que García Ortiz diese la orden —los agentes registraron su despacho y le intervinieron las comunicaciones, lo que permitió saber que había cambiado de teléfono una semana después de que se le encausara—.

Con el interrogatorio de este miércoles, durante el que Miguel Ángel Rodríguez deberá responder a las preguntas que le planteen todas las partes, la defensa pretende ampliar las pesquisas, que hasta ahora se han centrado exclusivamente en la actuación de la Fiscalía; y no descarta llegar a pedir la imputación del asesor popular. El ministerio público siempre ha negado que existan indicios de que la filtración partiera de este departamento y, en varios escritos, ha apuntado que, además, muchas personas tenían acceso a ese email y pudieron facilitarlo a los medios de comunicación: “La atribución de la filtración al ministerio fiscal no pasa de ser una temeraria conjetura carente de toda base probatoria”, apuntó.

En ese contexto encaja la declaración del jefe del gabinete de Ayuso. Según fuentes cercanas a la investigación, la Abogacía del Estado (que ejerce la defensa de García Ortiz) pretende demostrar que Rodríguez y más miembros del entorno de Ayuso manejaban la documentación filtrada, antes incluso que García Ortiz. Y, es más, que el propio jefe de gabinete de la presidenta la estaba filtrando o podía estar haciéndolo —tanto el correo del 2 de febrero, como otro que el fiscal Julián Salto, que llevaba el caso de González Amador, le envió el 12 de marzo a su abogado—. Una dinámica que ha reconocido el propio Rodríguez en la red social X (antiguo Twitter): “Aclaremos: si doy información con copia de un email oficial de la Fiscalía en el que se propone un acuerdo con González Amador, ¿dónde está el bulo? Si se demuestra que el fiscal general paró la operación y se negó al acuerdo, ¿dónde está el bulo?”.

El bulo estaba en que, durante el 13 de marzo, Rodríguez y el equipo de Ayuso comenzaron a propagar la mentira de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador —una información tergiversada que El Mundo publicó aquella noche—. Pero, realmente, había sido al revés: era el novio de Ayuso quien había solicitado al ministerio público llegar a un acuerdo. Pese a ello, el asesor de la presidente insistía, además, en que la Fiscalía había retirado su propuesta de pacto por “órdenes de arriba”, como si fuera una especie de chantaje con fines políticos para desgastar a la dirigente del PP. Una tesis que el propio fiscal del caso, Julián Salto, negó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (donde comenzó a investigarse la denuncia de González Amador contra la Fiscalía): “Nadie me presionó. Es incierto que yo ofreciera un acuerdo”, subrayó Salto.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha dicho este martes sobre la declaración de Rodríguez: “Lo único que puedo esperar, tomando sus palabras, es que la verdad vaya pa’lante”. Por su parte, el alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, ha expuesto: “Para combatir un bulo, si es que se acepta esta proposición que hace el Gobierno, no es necesario cometer un delito. [Rodríguez] comparece como testigo. Esa no es la figura del imputado. [..] Que nadie pretenda equiparar la posición procesal de Miguel Ángel Rodríguez con la de Álvaro García Ortiz”.

Ronda de interrogatorios

Con la comparecencia de este miércoles, Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, inaugura una batería de interrogatorios programada por el magistrado Hurtado. Hay previstas 13 declaraciones para este enero. Además del asesor de Isabel Díaz Ayuso, el juez ha llamado este miércoles como testigos a Esteban Urreiztieta, el subdirector de El Mundo que firmó el artículo publicado en la noche del 13 de marzo; y a Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, que desmintió el bulo divulgado por el PP. Ambos han sido citados a petición de la defensa, al igual que otros seis periodistas que deben comparecer el jueves (de la Cadena SER, El Diario, El Plural, Vozpópuli y Libertad Digital).

Además, el 16 y 21 de enero, el juez ha convocado a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; al fiscal encargado de la investigación a González Amador, Julián Salto; y a los jefes de comunicación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Madrid.