El juez pregunta a la Guardia Civil si puede recuperar los mensajes del fiscal general

El magistrado Ángel Luis Hurtado, instructor del Tribunal Supremo, ha preguntado este martes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil si puede recuperar los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que “pudieran haber existido asociados” a los dos números de móvil que utilizaba. El juez hace este movimiento después de que los agentes confirmaran la pasada semana que García Ortiz “cambió de terminal telefónico” el 23 de octubre de 2024, siete días después de que el alto tribunal abriese la causa para investigarlo por la denuncia presentada por Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid.

Paralelamente, el instructor de la causa contra el fiscal general ha ordenado a dos operadoras telefónicas (Movistar y Vodafone) que faciliten el tráfico de las llamadas emitidas y recibidas entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 (el periodo bajo sospecha), así como los titulares de las líneas entre las que se produjeron estas comunicaciones. A su vez, el magistrado ordena que se aporten los paquetes de datos emitidos y recibidos.

Con esta iniciativa, el juez Ángel Hurtado prosigue con su búsqueda de indicios contra el fiscal general. De momento, la UCO no ha encontrado pruebas que demuestren que García Ortiz dio la orden de filtrar un correo electrónico enviado por la defensa de González Amador al ministerio público el pasado 2 de febrero, donde se admitía que la pareja de Ayuso había cometido un fraude fiscal y se proponía llegar a un acuerdo para evitarle la entrada en prisión. El contenido de este email (así como una copia del mismo) se publicó en varios medios entre la noche del 13 de marzo y la mañana del 14, y sirvió para desmontar un bulo que estaba difundiendo el equipo de la presidenta regional —con su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a la cabeza—. Los populares propagaron la mentira de que era la Fiscalía quien había ofrecido el pacto, pero que después lo había retirado por “órdenes de arriba”, como si fuera una especie de chantaje con fines políticos para desgastar a la dirigente del PP.

El periodo bajo sospecha

Otro discusión prosigue en el seno del procedimiento. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada como acusación popular, ha reclamado al juez que amplíe el periodo de tiempo que ha puesto bajo sospecha (del 8 al 14 de marzo), lo que supondría poder intervenir y analizar más mensajes y llamadas del fiscal general. APIF quiere que se intercepten las comunicaciones desde el 20 de febrero hasta la fecha en que se incauto el móvil de García Ortiz —se le aprehendió el 30 de octubre durante el registro de su despacho—. Pero el magistrado ha rechazado esa pretensión.

“Aunque haya habido comunicaciones desde el 20 de febrero (día en que se judicializa por Fiscalía la denuncia contra González Amador), es muy frágil la sospecha que permita relacionarla con alguna que pudiera tener que ver con la dinámica delictiva que se investiga”, dice el juez Hurtado en su resolución para descartar la medida, donde añade que “son menos las razones” para extender el plazo en días posteriores al 14 de marzo.

El magistrado descarta igualmente la solicitud de las defensas, que instaron a limitar el plazo bajo sospecha a unas 12 horas: aproximadamente, desde las 22.00 del 13 de marzo a las 10:20 del 14 de marzo —es decir, desde que se publican las primeras noticias tergiversadas que aseguran que la Fiscalía ha ofrecido un pacto a González Amador; y hasta que el ministerio público difunde una nota de prensa para desmentirlo—. “[Este periodo] es solo el momento en que tiene lugar la presumible divulgación [del email del novio de Ayuso], la cual no se puede entender sino como el desenlace final de una serie de acontecimientos coordinados y encaminados a ella, que tuvieron que tener lugar con anterioridad a la propia divulgación”, afirma el juez.