Explotación y abuso de migrantes en Canarias al amparo del uniforme de Protección Civil

Todo empezaba por la promesa del jefe de Protección Civil en Tenerife y coordinador de SOS Desaparecidos Canarias, Santiago Carlos Martín, de prestar la ayuda necesaria para regularizar sus papeles, cuentan fuentes policiales. Con la esperanza de estabilizarse y trabajar, varios inmigrantes llegados en pateras y cayucos a las islas Canarias acababan abandonando el campamento de acogida para ponerse a trabajar bajo sus órdenes en una finca de su propiedad. Allí se ocupaban de la limpieza, del cuidado de animales y de labores agrícolas, tenían siete horas de jornada laboral, pero sin sueldo. Además, estas mismas fuentes apuntan a que una de las presuntas víctimas habría sufrido abusos sexuales y tocamientos no consentidos.

La investigación a cargo de la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife salió a la luz pública a mediados de noviembre, pero comenzó hace algo más de un año a partir de la experiencia de un migrante cuya denuncia llegó hasta la Fiscalía. Esta persona relató que Martín le prometió brindarle apoyo para encontrar trabajo y regularizar su situación administrativa. No solo eso, además, le ofrecía alojamiento y manutención. Tras darse cuenta del supuesto engaño, el migrante, “pese a lo insostenible de su situación”, no se atrevía a dar el paso de denunciar debido a la su “situación de vulnerabilidad, el hecho de tener su documentación retenida y la posición de autoridad del acusado”, mantienen fuentes policiales.

En el tiempo que pasó en la finca, la víctima aseguró haber sufrido no solo insinuaciones, sino también tocamientos sexuales no consentidos. En este sentido, los agentes aseguran haber observado lo que califican como “actividades anómalas” con las que el investigado buscaba establecer una relación de “confianza paternalista”, tanto con migrantes adultos como menores, a los que se refería como “hijos” y a sí mismo como “padre”.

Fuentes policiales aseguran que el patrón se repitió con más chicos ya que se le acusa de tener “contacto continuado” con, al menos, 16 personas, siete de ellas menores. La Policía detuvo a Santiago Carlos Martín el 14 de noviembre como presunto autor de delitos de trata de seres humanos con fines de servidumbre, favorecimiento de la inmigración clandestina y delitos continuados de agresión sexual y acoso sexual. El Ayuntamiento lo destituyó de su cargo cinco días después. La instrucción de la causa se encuentra bajo secreto de sumario.

Los investigadores sostienen que Martín hacía uso de la posición de autoridad que le otorgaba su cargo, el uniforme oficial y los vehículos de Protección Civil, para dar una sensación de oficialidad que convencía a los migrantes. Sus compañeros de Protección Civil se declararon “en shock” tras conocer su detención.

Un portavoz de la ONG Accem ha rehusado comentar el caso. “Hablar sobre una investigación en curso corresponde a la policía”, se ha justificado. “Colaboramos con ellos en todo lo que requiera para luchar contra los delitos que se cometen contra las personas. Especialmente los que inciden en las personas más vulnerables y los que, como la trata de seres humanos, constituyen una grave vulneración de los derechos humanos”. La Asociación SOS Desaparecidos, de la cual Martín ejercía como coordinador, aseguró que la organización nunca había recibido “queja” sobre su labor. “Durante más de siete años, ha trabajado de forma altruista en apoyo a las personas desaparecidas y sus familias”, explicó la organización en un comunicado. “Hemos constatado múltiples muestras de agradecimiento por parte de familias que han encontrado en él un apoyo esencial en sus momentos más difíciles”.

Santiago Carlos Martín fue nombrado jefe de la Agrupación de Protección Civil en 2017 a propuesta del alcalde, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria). Anteriormente, había ocupado el cargo de gestor de recursos del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno del archipiélago. En septiembre del 2019, tras la victoria socialista en las elecciones municipales de aquel año, el recién estrenado equipo de Gobierno de la alcaldesa, Patricia Hernández, lo destituyó. En un principio, el concejal de Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente, Florentino Guzmán, aseguró que la decisión perseguía darle un nuevo impulso al servicio. Posteriormente, trascendería la denuncia presentada por varios jóvenes, que aseguraban haber recibido de su parte comentarios y tocamientos de índole sexual. Esta denuncia fue archivada posteriormente. Con el retorno de CC y PP al equipo de gobierno tras la exitosa moción de censura lanzada al año siguiente, Martín fue reincorporado como máximo responsable de Protección Civil en el municipio.

Este no es el primer caso de estas características que se investiga en Canarias. Antes del verano, la Fiscalía de Extranjería se querelló contra el presidente de la Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (COAG) de Canarias, Rafael Hernández, por presuntos delitos de trata de personas en concurso con explotación laboral de menores migrantes y falsedad documental. La denuncia se amplió a la hija de Rafael Hernández, Elisa Hernández; su marido, Christian Ruano; el secretario de la COAG y una trabajadora social de la asociación Oportunidades de Vida.

Según reza el texto de la denuncia, la policía se personó el 20 de junio de 2023 en una finca de Hernández y encontró a 10 menores trabajando. Los chicos supuestamente objeto de explotación eran menores tutelados por el Gobierno de Canarias y se alojaban en el centro Tagoror de Gran Canaria, dirigido por la propia Elisa Hernández, si bien el citado establecimiento pertenece a la ONG Oportunidades de Vida, que preside su padre.