La Audiencia Nacional pide al Supremo que investigue a Alvise por financiación ilegal

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado enviar una exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, por un delito electoral y de financiación ilegal de partidos políticos. El dirigente de Se Acabó La Fiesta (SALF) presuntamente habría recibido 100.000 euros en metálico de un empresario para sufragar su campaña electoral de los últimos comicios al Parlamento Europeo, tras los que Alvise se convirtió en eurodiputado después de que su agrupación electoral consiguiera más de 800.000 votos y tres escaños.

La petición del juez de la Audiencia llega después de que el empresario Luis Romillo, conocido en las redes como Luis Cryptospain, presentara en diciembre pasado una denuncia en la Fiscalía en la que se autoinculpaba de haberle entregado 100.000 euros a Alvise durante la campaña europea. Romillo interpuso su denuncia directamente en la Fiscalía General del Estado, y esta lo remitió a la del Supremo dada la condición de aforado del eurodiputado. Para entonces, la Audiencia Nacional tenía ya en marcha una investigación abierta contra Romillo por una presunta estafa piramidal cometida a través de una de sus empresas, Madeira Invest Club (MIC), una oficina de inversión a la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) calificó de “chiringuito financiero”. Ese caso no salpicaba inicialmente a Alvise, pero, tras conocerse la denuncia de Romillo ante la Fiscalía, dos acusaciones presentaron ampliaciones de denuncias para pedir que se investigara la participación del eurodiputado, y el juez decidió incorporarlas a su causa, pero en ese momento consideró “prematuro” enviarlas al Supremo.

Ahora, sin embargo, Calama considera que sí existen ya “indicios sólidos” de delito contra Alvise, lo que le obliga a derivar el caso al alto tribunal para que la Sala Penal decida si abre una causa contra el eurodiputado. El juez de la Audiencia incluye en su escrito los indicios contra el empresario que pagó los 100.000 euros para que también le investigue el alto tribunal de forma conjunta con Alvise, al apreciar una “íntima conexión” entre las actuaciones de ambos. Son “la cara y cruz de una misma moneda”, señala Calama. No obstante, será el Supremo el que decida si investiga solo al eurodiputado o a ambos. En el caso de Romillo, el magistrado considera que pudo haber una “actividad activa de donación o de aportaciones ilegales”, que castiga a quien entregue donaciones o aportaciones destinadas a un partido, coalición o agrupación de electores por sí mismo o a través de una persona interpuesta.

Calama expone en la resolución notificada este viernes los indicios de delito que, asegura, se han puesto de manifiesto a través de la denuncia presentada por Romillo, los documentos y el informe pericial, así como por la declaración judicial del empresario, al que interrogó por la supuesta estafa de la plataforma Madeira Invest. La investigación, señala el juez, ha evidenciado que el eurodiputado solicitó la colaboración de Romillo para crear una wallet (monedero virtual) con objeto de recibir donaciones anónimas que quedaran fuera de todo control público.

Estas donaciones estaban destinadas, según el magistrado, a sostener los gastos de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 de Se acabó la Fiesta. Romilo abrió la wallet y entregó los 100.000 euros a Alvise con la intención de que él, posteriormente, pudiera actuar en distintos foros publicitando tanto su plataforma bancaria Sentinel como la mercantil Madeira Invest Club. El primer acto de colaboración entre ambos tuvo lugar el 6 de abril en el hipódromo de la Zarzuela. Ese día, ante 3.000 inversores de Madeira, Alvise hizo defensa de ese chiringuito financiero que, según dijo, escapaba a los controles y permitía obtener una alta rentabilidad sin tributar por ella. Alvise aprovechó el acto para dar a conocer su candidatura europea, “basada en la libertad financiera”, recuerda el juez.

Delito electoral y de financiación ilegal de partidos políticos

El instructor considera que los hechos podrían calificarse como delito de financiación ilegal del artículo 304 bis del Código Penal, que castiga con multa a quien reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores. Se trata, explica el juez, de un delito que no requiere que se produzca el resultado, por lo que se entiende consumado con la mera conducta (recibir dinero con ese fin). “No hace falta la aceptación o trámite alguno añadido, sino el solo hecho fáctico de la entrega del donativo en cuestión”, añade el magistrado.

Para el juez, la conducta de Alvise también sería constitutiva de un delito electoral (artículo 149 de la Ley del régimen Electoral), que “consiste en el falseamiento de las cuentas electorales de los partidos políticos y agrupaciones de electores, afectando a sus funciones, al juego limpio electoral como garantía del pluralismo político, y a la correcta conformación y manifestación de la voluntad popular porque el falseamiento de las cuentas oculta la financiación ilegal del partido, la quiebra de las normas representadas por la Ley General Electoral o las leyes sobre financiación de los partidos. Todo ello afecta a valores constitucionalmente relevantes puestos en riesgo en el delito contemplado”, concluye el juez