La Audiencia bloquea la investigación sobre las dos principales tramas de guerra sucia contra Podemos

El juez Santiago Pedraz ha rechazado profundizar en la investigación sobre el espionaje policial a Podemos ordenado desde el Ministerio del Interior en 2016 cuyo objetivo era desprestigiar a los dirigentes de esa formación política filtrando información falsa a determinados medios, según las numerosas pruebas que figuran ya en el sumario abierto por este caso.

La investigación abierta hace meses por estos hechos logró destapar la existencia en el seno del ministerio de dos operaciones secretas contra dirigentes de Podemos, denominadas Venus y Bolívar, que fueron filtradas a medios de comunicación afines al Gobierno del PP con atribuciones de delitos que resultaron falsas.

Cuando Podemos solicitó que se profundizará en esas dos tramas policiales recabando documentación de las operaciones secretas, el juez Pedraz denegó, con el respaldo de la Fiscalía, solicitar al Ministerio del Interior todos los expedientes e información relacionados con ambas actuaciones, perpetradas sin ningún respaldo ni conocimiento judicial. Su argumento fue que estas dos operaciones no tenían relación con la investigación abierta por la consulta en bases de datos policiales de hechos imputables a los 69 diputados que Podemos obtuvo en las elecciones de aquel año. Podemos recurrió el pasado martes 17 de diciembre esta decisión al entender que la querella presentada en su día y que dio lugar a la apertura de la investigación denunciaba las dos operaciones secretas ahora destapadas. Podemos ha reclamado a través de su recurso de reforma “los expedientes íntegros de las operaciones Venus y Bolívar”.

Operación Venus: un informe apócrifo para desprestigiar a Pablo Iglesias. El 12 de enero de 2016, OKDiario publicó un supuesto informe confidencial de la Policía Nacional con este titular: “La Policía descubre que la dictadura iraní ha dado 2 millones de euros a Iglesias y su entorno desde 2013″. Tres semanas después, Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía, número tres del Ministerio del Interior, ordenó investigar la veracidad de ese informe. La inspectora jefa de la sección de coordinación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) informó que el 1 de febrero de 2016 se recibió un escrito de la dirección adjunta operativa con un informe denominado PISA (Pablo Iglesias S.A.) donde se denunciaba que una serie de empresas hacían transferencias de dinero desde paraísos fiscales a una sociedad española relacionada con un programa de televisión presentado por Pablo Iglesias. “Debido a que durante el desarrollo de la investigación pudieran verse afectadas personas con posible relevancia pública o económica y valorando la importancia de las consecuencias que pudieran derivarse de la misma, se valora necesaria la conveniencia de la que investigación sea declarada secreta”, propuso la Unidad Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

La inspectora explica que en un primer momento solo se incluyó entre las personas investigadas a los empresarios de la firma vinculada al programa de televisión de Iglesias y no al líder de Podemos. Pero uno de los policías al que encargaron el trabajo “consultó en la aplicación PERSONAS [base de datos policial] los apellidos ‘Iglesias Turrión’ para obtener información sobre una de las personas que figuraban en el informe PISA”. La inspectora, “dada la sensibilidad de las personas investigadas”, porque entonces Iglesias era diputado electo, “decidió que solo ella procedería a consultar en las bases de datos de las mismas y continuó con la investigación de manera individual”. El comisario jefe de la UDEF presentó el 9 de febrero de 2016 una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por supuesta financiación ilegal de Podemos cuando la investigación policial secreta acababa de empezar. Los policías encargados del trabajo decidieron en diciembre de 2016, diez meses después de iniciar sus pesquisas, “pasar a pasiva la investigación al no encontrarse indicios suficientes de delito”. Podemos entiende que la cúpula del Ministerio del Interior intentó dotar “de apariencia de legalidad el informe PISA, que ni siquiera estaba firmado por funcionario policial alguno mediante su traslado a la UDEF para que llevara a cabo una investigación basada en un documento apócrifo”.

Operación Bolívar: un confidente venezolano para que “los de Podemos no lleguen” al Gobierno. La dirección adjunta operativa que dirigía el comisario Eugenio Pino le contó a la UCDEF que un antiguo miembro del Gobierno venezolano de Hugo Chávez quería declarar que Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge habían recibido grandes cantidades de dinero de Venezuela por asesoría política como miembros de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) y que supuestamente no declararon esos ingresos a la hacienda pública española. Tras visitar al confidente Rafael Isea, exministro venezolano, en Nueva York el 12 de abril de 2016, la UCDEF pidió dos días después a la Unidad Central de Inteligencia Criminal que abrieran una investigación secreta dado que las personas investigadas tenían relevancia pública y política. La investigación, denominada Bolívar, siguió su curso, pero el diario Abc publicó, antes de que concluyera y cuando todavía seguía siendo secreta, los resultados de la operación: “Un ministro de Chaves dice que CEPS cobró más fondos de Venezuela y no pagó a Hacienda”. El 19 de julio, los investigadores cerraron el caso: “La realización de gestiones para comprobar la veracidad de tal información y eventualmente determinar posibles responsabilidades de naturaleza penal de las personas mencionadas, han dado resultado infructuoso”. Podemos recuerda en el recurso presentado para que se investiguen en profundidad estos hechos que durante la reunión con el confidente, el policía Fuentes Gago le pidió información a Isea con el siguiente argumento: “Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos [al Gobierno], me cago en la mar, mejor para todos”.

La cuenta falsa de las islas Granadinas. Con la investigación Bolívar abierta, el comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo, volvió a entregar a mediados de abril de 2016 una documentación a la UCDEF que “daba a entender que en febrero de 2014, el ministro del Poder Popular de Economía del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, había ordenado la transferencia de 272.325 dólares USA a una cuenta bancaria titularizada por Pablo Iglesias en la entidad EURO PACIFIC BANK en San Vicente y las Granadinas”. Los policías intentaron confirmar esa documentación mientras que salía publicada en OKDiario el 6 de mayo de 2016: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014″. El 19 de julio, los policías de la Operación Bolívar que investigaron este caso escribieron: “Las informaciones facilitadas por el denunciante y la documentación aportada en la forma descrita no tienen entidad suficiente para motivar el traslado a sede judicial, de modo que se propone abandonar esta línea de investigación”. Podemos recuerda ahora que el Ministerio del Interior concedió un “permiso de residencia extraordinario” al ciudadano venezolano “que entregó la documentación falsaria” contra Pablo Iglesias.