La jueza rechaza el recurso de la Fiscalía contra la citación del hermano de Pedro Sánchez como imputado

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, tendrá finalmente que acudir el próximo enero a declarar como imputado a un juzgado de Badajoz. La magistrada Beatriz Biedma, que instruye la causa por supuestas irregularidades en la adjudicación al familiar de Pedro Sánchez de un puesto en la Diputación de esta provincia extremeña en julio de 2017, ha rechazado en un auto dictado este miércoles el recurso interpuesto por la Fiscalía contra la decisión de citar como investigados tanto a Sánchez como a otras ocho personas, entre ellas el secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

El ministerio público consideraba que, en la resolución judicial en el que los citaba, la jueza no concretaba ni los indicios existentes contra cada una de ellos ni los delitos por los que se les investigaba y, por tanto, debía revocarla. La magistrada rechaza de plano este argumento de la Fiscalía y recuerda en su auto que “en todas y cada una de las resoluciones dictadas [...] se han ido determinando detalladamente los hechos investigados y la supuesta participación de los investigados en los mismos”. Y añade que las mismas o bien no habían sido recurridas o, cuando alguna parte lo ha hecho, han sido confirmadas por la Audiencia Provincial.

En su resolución, la jueza recalca que cuando se admite una querella, se acuerda en ese mismo acto la citación como investigado de la querella. “Y ello no quiere decir, en aplicación del principio de presunción de inocencia, que esa persona haya cometido un delito, ni siquiera que vaya a ser acusada por ello, sino que el Juzgado de Instrucción tiene como función y deber investigar todos los hechos que puedan ser constitutivos de infracción penal”. En este sentido, añade que “diariamente acuden a los Juzgados de Instrucción personas de toda índole, desde delincuentes habituales a profesionales de cualquier ámbito técnico o jurídico, todo ello en aplicación del principio de igualdad ante la ley”. Y concluye para argumentar su decisión que “toda persona, sea quien sea y se dedique a lo que se dedique, a la que se le atribuya la comisión de un hecho que pueda tener relevancia penal, es citada a declarar como investigado”.

Sobre el argumento de la Fiscalía de que el auto contenía tan solo una “genérica referencia” a “los delitos contra la Administración Pública investigados” sin individualizar los hechos presuntamente cometidos por cada uno, la magistrada reproduce para rebatirlo el contenido de la resolución por la que autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a que volcara las cuentas de correo electrónico de los ahora investigados como ejemplo de que sí lo ha hecho. “Como puede observarse, no solamente se detallan los hechos, sino que se determina expresamente el cargo ocupado por cada uno de los investigados y su concreta participación en el procedimiento de creación del Puesto de Trabajo investigado y/o en la modificación posterior del mismo” recalca.

El auto de la jueza añade que, además, el último informe de la UCO incorporado a la causa incluía un anexo de cada uno de los investigados con los mensajes intervenidos más relevantes para la causa. “Estos correos han sido examinados en su integridad por esta juzgadora con anterioridad a decidir qué personas deben declarar como investigados”, recalca. Por todo ello, concluye que “ninguna indefensión se ha causado a los investigados”, como alegaba la Fiscalía, y desestima el recurso de esta, que ahora tendrá que ser estudiado por la Audiencia Provincial de Badajoz. Hasta ahora, este órgano judicial ha respaldado hasta en tres ocasiones las decisiones de la magistrada en esta causa. El auto supone, por tanto, que se mantengan las citaciones de los nueve imputados, a la espera de que el abogado defensor del hermano de Pedro Sánchez resuelva los problemas para poder asistir el 9 de enero, que es cuando está prevista la declaración de su cliente.

La investigación sobre el hermano de Pedro Sánchez se inició en mayo pasado tras presentar Manos Limpias una denuncia sustentada en informaciones publicadas en prensa según las cuales David Sánchez no realizaba las funciones que tenía asignadas en la Diputación de Badajoz, no acudía a su puesto de trabajo y residía en Portugal presuntamente para ahorrarse pagar impuestos en España. Además, afirmaba que el hermano del presidente tenía un patrimonio valorado en dos millones de euros, que calificaba de desproporcionado por el sueldo que percibía y su vida laboral anterior. Tras admitir la denuncia, la jueza pidió a la Diputación de Badajoz abundante documentación, además de encargar a la Agencia Tributaria y a la UCO intervenir en las pesquisas. A la causa abierta se incorporaron como acusación, además de Manos Limpias, los grupos Iustitia Europa, Hazte Oír, Liberum y Vox.

La magistrada ordenó posteriormente hasta en tres ocasiones el registro de la Diputación pacense para intervenir los correos electrónicos de varias personas, entre ellos los del hermano de Pedro Sánchez y dirigentes provinciales del PSOE. Con todos ellos, la Guardia Civil elaboró un informe que remitió el pasado noviembre a la magistrada en el que los agentes apuntaban que el puesto de trabajo que fue adjudicado a David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios de la provincia de Badajoz se creó de modo apresurado en octubre de 2016 ―en ese momento Pedro Sánchez acababa de dimitir como secretario general del PSOE tras perder una votación en el Comité Federal ante sus críticos― sin detallar las “necesidades primigenias” que se pretendían cubrir con él.

No obstante, los investigadores no llegaban en su análisis a ninguna conclusión clara y, de hecho, admitían que hasta el momento no habían podido concretar “de quién partió la iniciativa” de crear el puesto. El documento policial también recalcaba que no habían encontrado indicios de un supuesto incremento patrimonial injustificado de la familia del presidente, como apuntaban la denuncia de Manos Limpias. Tras ello, la jueza acordó la citación de David Sánchez y otras ocho personas como investigados que ahora ha ratificado.