El juez pide a la Junta de Andalucía los contratos de emergencia sanitarios que remitió al Consejo de Gobierno

El juez Javier Santamaría, que instruye el caso de los contratos de emergencia sanitarios adjudicados a dedo por la Junta de Andalucía (PP), ha reclamado información sobre los expedientes remitidos al Consejo de Gobierno. El magistrado quiere conocer qué expedientes envió el Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2021 y 2023 al Consejo de Gobierno que preside Juan Manuel Moreno. “Así como cualquier documentación obrante en sus archivos relativos a dichos expedientes: informes jurídicos, consultas a la Intervención, comunicaciones con proveedores y borradores de contratos que hayan sido objeto de tramitación para acuerdos del Consejo de Gobierno”, detalla el magistrado en su reciente oficio dirigido a la asesoría jurídica de la Consejería de Salud y Consumo.

Es decir, el magistrado quiere escrutar y comprender bajo qué motivos se aprobaron ciertos expedientes con los contratos millonarios de emergencia que se elevaron al Consejo de Gobierno hasta el año pasado. La cúpula del Ejecutivo autonómico acordó en 2020 sustituir el control previo del gasto de los expedientes por el control financiero permanente, que no escrutaba los documentos antes de su abono.

En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción busca aclarar si los tres directores generales del SAS investigados por prevaricación —la actual y sus dos predecesores— dictaron resoluciones “injustamente contrarias a la legalidad”, dado que estas decisiones derivaron en los contratos de emergencia millonarios que se elaboraron “sin presuntamente habilitación legal ni presupuestaria”, reza un escrito incorporado a la causa. Esto es, el ministerio público quiere indagar los contratos para aclarar si tenían o no cobertura legal.

La defensa del exdirector del SAS Diego Vargas recurrió ante el Juzgado de Instrucción 13 la entrega de información al juzgado por parte de la Cámara de Cuentas y a continuación Anticorrupción ha contestado al argumentar por qué es necesaria. La Fiscalía quiere aclarar las cinco resoluciones que elevaron la contratación de emergencia hasta los 242 millones, entre el 20 de enero de 2021 y el 17 de mayo de 2023. “La documental [requerida por la Fiscalía] tiene por objeto investigar unos concretos hechos de apariencia delictiva (…) a través de las citadas resoluciones y contratos singulares suscritos por los directores gerentes del SAS han sido injustamente contraria a la legalidad, y no una revisión general de la contratación efectuada por la Junta”, subrayan los fiscales delegados de Anticorrupción en su escrito firmado el este martes.

En paralelo, a través de sus oficios, el juez busca detalles de la aprobación por parte de la cúpula de la Junta de sustituir el control previo de determinados gastos y servicios por el control financiero permanente. Tras la petición masiva de información para estudiar todos los contratos de emergencia por parte de la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha accedido y ha firmado siete oficios dirigidos al SAS, su asesoría jurídica, la Intervención General de la Junta, la Intervención delegada en el SAS, la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y la Cámara de Cuentas andaluza.

Mientras, la causa tiene visos de seguir creciendo pese a que la Junta lo tildó de “querella política”, y la acusación popular que ejerce el PSOE andaluz —que presentó la querella inicial que desencadenó la investigación— ha reclamado al juez una batería de nuevas medidas. Entre ellas, le pide que obligue al SAS a entregar más documentación, incluidos todos los informes jurídicos del SAS y los expedientes completos de contratación de servicios médicos con empresas privadas desde 2015 hasta la actualidad, tanto por emergencia como por cualquier otra modalidad, para así comparar los precios de los servicios antes y después de la pandemia.

La tesis que subyace en esta petición es averiguar si bajo la excusa de la emergencia sanitaria por la covid-19 se inflaron los precios para que la Administración pagara más por los servicios que ya se prestaban antes. Entre la documentación, el SAS deberá entregar todos los expedientes y facturas emitidas por las empresas para cada servicio de cada contrato de emergencia. Es decir, miles de documentos.

El PSOE sostiene que la Administración pudo no haber comprobado si los hospitales realizaron o no los servicios contratados por la Administración, incluidos las intervenciones y operaciones médicas de cada clínica privada. “En el contexto de descontrol total provocado por la ausencia de procedimiento, este sería el único medio de investigar la posibilidad de que las clínicas privadas hayan podido facturar servicios realmente no prestados”, reza el escrito.

En paralelo, los socialistas piden la declaración como testigo de la interventora central del SAS, Victoria López, como autora de los informes definitivos de control de cumplimiento entre 2021 y 2023. Los socialistas reclaman al juez asimismo que la Intervención General del Estado (IGAE) examine la prolija documentación a través de sus peritos especializados, para que dictaminen si ha habido daño a los fondos públicos y en tal caso su dimensión económica.