La Audiencia Nacional condena a diez meses al exembajador Raúl Morodo por ocultar ganancias de petrolera venezolana
El exdiplomático reconoció que participó en una trama societaria para no declarar a Hacienda los beneficios que su hijo Alejo obtuvo por prestar “servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional”
La Audiencia Nacional ha condenado a 10 meses de cárcel al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo y a dos años a su hijo, Alejo, después de que estos llegasen a un acuerdo con la Fiscalía. El exdiplomático reconoció que participó en una trama societaria para no declarar a Hacienda los beneficios que su hijo Alejo obtuvo por prestar “servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional” a, entre otros, la empresa pública venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA). Alejo Morodo, que también confesó tras sumarse al acuerdo con el ministerio público, desarrolló estos trabajos después de que su padre dejara el cargo en el país americano, que ejerció con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La resolución impone al exembajador y a su hijo las condenas por delitos contra la Hacienda Pública. Según las pesquisas de la Audiencia Nacional, Alejo Morodo se dedicaba a la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal; pero, “consciente de que la debida tributación de las rentas que obtenía en el desarrollo de esa actividad por el IRPF le supondría un considerable desembolso”, decidió crear una red de tres sociedades interpuestas para evitar los pagos al fisco. De esta manera, según el juez instructor, el hijo del diplomático tributó las rentas a través del Impuesto de Sociedades, cuya carga impositiva era menor. “Parte de las ganancias obtenidas [a través de estas empresas interpuestas] se integraron en el patrimonio del investigado Raúl Morodo, quien las ocultó a la Hacienda Pública”, apostilló el juez.
El magistrado, que llevó la instrucción, detalló que, entre 2007 y 2014, Alejo Morodo inició “una aparente relación contractual con PDVSA a través de dos de sus sociedades para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional, por los que estas sociedades, a pesar de no constar la efectiva realización de esos servicios, ingresaron 6,6 millones de euros”.
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