La Audiencia Nacional rebaja la condena al jubilado que envió cartas pirotécnicas al Gobierno

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha rebajado la condena de cárcel dictada contra Pompeyo González, el jubilado de 75 años de Miranda de Ebro (Burgos) que envió seis cartas con material pirotécnico en 2022 a, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las embajadas de Ucrania y EE UU en Madrid. El tribunal ha reducido la pena a 11 años y nueve meses de prisión —frente a los 18 años de reclusión impuestos en primera instancia— al considerar que la “capacidad dañina” de los artefactos “no era elevada”. Además, según apostillan los magistrados, el procesado “no tiene vinculación” con un grupo criminal, sino que se trata de “un terrorista aislado” que “difícilmente podrá generar seguidores o difundirse entre sectores de la población”.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó el pasado julio a Pompeyo González por un delito de terrorismo y otro de fabricación de explosivos. La Sala de Apelación no discute los hechos probados, ni la autoría por parte del jubilado, ni que sus acciones deban calificarse como terrorismo; pero sí rectifica las penas impuestas contra él.

La sentencia de julio consideró probado que el septuagenario, afín “a las posiciones de Rusia”, fabricó en su casa una serie de paquetes explosivos —que contenían “cajas de madera manufacturadas a mano” con un “artefacto casero” pirotécnico en su interior, según el sumario—; y después los envió a sus objetivos para tratar de que España dejase de apoyar a Ucrania en la guerra que estalló por la invasión del país ordenada por Moscú. Entre otras pruebas esgrimidas en el juicio, la Policía encontró el ADN de González en los paquetes.

Esta causa empezó después de que un artefacto estallase el 30 de noviembre de 2022 en la Embajada de Ucrania, causando heridas leves al vigilante de seguridad. Los agentes averiguaron entonces que, solo unos días antes, se había recibido en La Moncloa uno similar dirigido al presidente del Gobierno. Y que otros paquetes parecidos llegaron también al Ministerio de Defensa, a la embajada de EE UU, a la empresa de armamento Instalaza —fabricante de los lanzagranadas C-90 que España envió como parte de la ayuda militar a Ucrania— y al Centro de Satélites de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.