La vida pendiente de un barranco: cientos de miles de valencianos viven en terrenos inundables

La casa de Diana Oliva y Sergio Morales tiene unas vistas de postal, la foto bonita de Chiva (Valencia). Cuando llega el verano, cenan al fresco en la azotea, desde donde pueden ver la cúpula de tejas de cerámica azul de la iglesia de San Juan Bautista, del siglo XVIII. Frente a la puerta pasa el barranco que parte en dos el municipio y que está seco la mayor parte del año. Las veces que lleva agua, todos vienen a verlo y a hacerse fotos. Es una alegría.

La vivienda era vieja, tenía “baños de Cuéntame”, y sabían, como todo el mundo en Chiva, que hace más de 40 años hubo una gran riada que desbordó el barranco. Pero ni ellos ni otros vecinos vivían con miedo hasta que el martes 29 de octubre por la tarde esa rambla de piedras y vegetación tan integrada en el callejero de Chiva fue golpeada por un torrente devastador.

Como cientos de miles de personas en toda España, viven en terrenos inundables. Gracias a los avances recientes de la cartografía, lo sabemos con tal precisión que hay webs públicas, para territorios como la Comunidad Valenciana y también para el conjunto de España, donde uno puede introducir una dirección y comprobar la peligrosidad con niveles del uno al seis. La imagen es muy ilustrativa. Una “mancha de inundación” (así la llaman los expertos) sobre el mapa de ciudades habitadas. Sin embargo, este conocimiento tan preciso (e inquietante) no ha venido acompañado de medidas para mitigar el riesgo.

El peligro de la casa de Sergio y Diana, en la calle Buñol de Chiva, es el máximo, el nivel uno, según la página del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova). Esto significa que es probable que en algún momento de los próximos 25 años se produzca otra inundación que eleve el nivel del agua por encima de los 80 centímetros.

La joven pareja compró esta vivienda de 1890 hace tres años por 120.000 euros. Los precios del suelo en las zonas más nuevas de Chiva (un municipio de 16.750 habitantes ubicado a 32 kilómetros al oeste de la ciudad de Valencia) habían subido demasiado. Tener un hogar de tres plantas para ellos y su hija Dafne, de cuatro años, era “un lujo”. El día de la catástrofe, esta pareja abandonó la casa a las 18.00, cuando el agua ya cubría la primera de las tres plantas. El tío de Sergio, el exalcalde Emilio Morales, llegó raudo en su 4x4 para rescatarlos. Salieron por una puerta que da a una calle lateral, a una altura más elevada. Otros vecinos huyeron por los tejados.

El domingo 3 de noviembre, cinco días después de la riada, se derrumbó parte de un edificio del siglo XIX, la sede de una asociación local, al otro lado del barranco. Al día siguiente, las autoridades ordenaron el desalojo del resto de inmuebles en esa calle y la de enfrente, la de Sergio y Diana. Temían que el agua hubiera dañado los cimientos. Otras viviendas habían sido acordonadas por la policía local. En la parte más baja del pueblo, el barrio de Bechinos, las estrechas calles estaban cubiertas por escombros. Fue la zona más castigada. En total, el viernes habían sido evacuadas 130 viviendas en todo Chiva por riesgo de derrumbes. Más de 3.300 edificios han resultado dañados en el cinturón sur del área metropolitana de Valencia, según una estimación hecha a partir de las imágenes satelitales del programa europeo Copérnicus.

El pasado martes, 5 de noviembre, Sergio y Diana volvieron a la casa con unos puntales que instalaron con ayuda de otro familiar y un amigo. ¿Volverán a vivir en esta casa? Él resopla. “Así como la conocemos, creo que no”. Un arquitecto municipal les ha recomendado que pasen aquí el menor tiempo posible. Por la zona cero de la catástrofe se encuentran historias similares de vecinos desalojados que no saben si podrán retornar a sus viviendas.

Desde el origen de las primeras ciudades, la humanidad se ha asentado cerca de los cursos de agua para aprovecharlos en la agricultura y el consumo propio. Normalmente, los cascos históricos fueron construidos en sitios altos, pero fuera se levantaban arrabales para la población más humilde. Más recientemente, la expansión urbanística en zonas vulnerables se ha acelerado. El ritmo de construcción durante las dos burbujas urbanísticas del último medio siglo (1976-1985 y 1998-2007) fue el mismo en zonas inundables y no inundables de Murcia y Alicante, según un estudio de 2015 liderado por el geógrafo de la Universidad de Murcia Alfredo Pérez-Morales.

Aunque hoy resulte sorprendente, las leyes no consideraron el riesgo de inundación u otros peligros para determinar una zona como no urbanizable hasta la Ley de Suelo de 1998, explica Pérez-Morales. Esa norma estatal, que llegó tras las catástrofes de Biescas, en 1996, y Badajoz, en 1997, tampoco introdujo una prohibición inmediata. Se instaba a los gobiernos locales, titulares de las competencias urbanísticas, a realizar una cartografía con la zonificación de riesgo, pero hubo un “momento difuso” en cuanto a la responsabilidad de realizar esos mapas, apunta este experto: “No quedaba claro si esa cartografía debía ser hecha por Protección Civil o por las confederaciones hidrográficas”.

Así, ese crecimiento, alimentado por un ánimo de lucro voraz, no fue impedido por los municipios ni por las comunidades autónomas, encargadas de la planificación del territorio. Pérez-Morales dice que es fácil ahora acusar a aquellos políticos, pero él rebaja su culpa. “Al carecer de una herramienta oficial, les costaba mucho poner un freno a esos intereses. Había una incertidumbre que facilitó esa ocupación y que no se redujo hasta que mejoró el conocimiento cartográfico”, opina.

Finalmente, esas herramientas han surgido este siglo. La primera en España, en enero de 2003, fue un plan de ordenación del territorio, el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova). Se trata de un instrumento de carácter preventivo que debe regular la localización de nuevos usos en el territorio a partir de cartografías de peligrosidad y de una normativa urbanística supramunicipal y vinculante en zonas afectadas por peligrosidad de inundación. En 2013, estos mapas se vieron reforzados con las primeras cartografías del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, como resultado de una Directiva Europea de 2007 que era una respuesta al aumento de la incidencia de inundaciones. Con estos datos, las responsabilidades estaban más definidas, señala Pérez-Morales. Se prohibía ampliar las edificaciones a zonas con peligro de inundación, pero se respetaba lo ya construido en núcleos urbanos consolidados, aunque se encuentren en peligro.

Estas nuevas herramientas han permitido calcular cuánta población en España vive en zonas de riesgo. Los números son variables en función del nivel de peligrosidad que se considere. En la cuenca del Júcar valenciana viven 84.430 habitantes en zona de riesgo de una inundación en cuestión de 10 años, 258.796 en la de 100 años y 495.721 en la de 500 años, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.

El problema, explican los expertos, es que mitigar esos riesgos supone en muchos casos un coste económico alto, con inversiones que no son contempladas por políticos con intereses cortoplacistas. Se trata de medidas como encauzamientos, presas, restauración de humedales, planes municipales frente a inundaciones, o jornadas de educación cívica.

Estos cálculos, además, no implican que los vecinos afectados por la dana de Valencia puedan quedarse tranquilos durante una buena temporada, advierte Luis Mediero, catedrático de Ingeniería Hidráulica en la Universidad Politécnica. La probabilidad de que se repita un evento extremo durante el período contemplado es totalmente aleatoria. “Esta semana se lo decía a mis alumnos cuando les explicaba lo que ha sucedido. Si tiro un dado y me sale seis, ¿puedes asegurar que si vuelves a tirar ya no te va a salir un seis?”

A esto se une el factor del cambio climático, que hace prever que las danas sean en adelante más frecuentes e intensas. Esto ha empujado a los científicos a pedir a los políticos que los tomen de una vez en serio. Hace una semana la asociación Fundicot, que agrupa a académicos especializados en ordenación del territorio, publicó un comunicado en el que reclamaba una mejor relación entre ciencia y política. “Es evidente que resulta necesaria. Es algo que parece estar asumido en estos momentos de catástrofe, pero hay que procurar que no se olvide pronto, como suele ocurrir, en cuanto la situación de shock desaparece”.

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