Enterrar a una víctima de la dana: “La única opción era incinerarla, o llevarla a otro pueblo, y me negué”

Con la manguera en la mano, la ropa manchada de barro, y un lazo negro, Juan José Monrabal trabaja incansable, cada día, en el cementerio de Catarroja. Se le puede ver al final, a la izquierda, donde está enterrado su padre y donde espera, si nada se tuerce, que descanse también su madre, Isabel Ibáñez, de 84 años. El martes el agua entró por su casa, y falleció ahogada en su habitación. “La semana que viene espero poder darle sepultura”, desea este hombre, de 54 años, que por un momento temió no lograrlo. “La única opción que me daban era incinerarla o enterrarla en otro pueblo, y me negué”, cuenta. Desde entonces, batalla para que Isabel descanse donde quería, junto a su marido, lo antes posible.

De las 211 víctimas en Valencia, el jueves ya habían sido autorizadas para la entrega a sus familias 105, según datos del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. La mayoría de ellas están optando por la incineración, según explica la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef), sobre todo, a causa de las dificultades de todo tipo en la que se encuentran los municipios afectados. Desde cementerios destrozados, hasta calles en muchos casos todavía impracticables que dificultan también el traslado de los vehículos. Municipios como Alfafar, Massanassa o Sedaví tienen sus camposantos todavía cerrados. Aldaia, Torrent o Cheste están enterrando a personas. Paiporta empezó a dar alguna sepultura el jueves en una de sus dos infraestructuras.

La puesta en marcha se está logrando a fuerza de voluntad y trabajo, aunque sea a medio gas, para ofrecer un poco de paz a los familiares de los fallecidos. “Esto tardará un mes en estar en condiciones óptimas, pero mañana vamos a enterrar sí o sí”, defiende Toni Soriano, el gerente del cementerio de Catarroja que está arrimando el hombro, como todos, para reabrirlo. La mayor parte del cementerio está enfangando, muchos nichos han sido reventados por el agua, e intentar adentrarse por algunas calles es como caminar por una pista de patinaje de barro. “Nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se hagan entierros dignos y en condiciones. Esto es un mal trago de los más gordos”, insiste este hombre, que ha llegado desde Aldaia, donde vive, gracias a voluntarios que le han llevado.

El proceso habitual para enterrar a una persona fallecida por causas naturales no suele alargarse más de un día, dos a lo sumo. Las víctimas de las riadas son muertes violentas, lo que obliga a abrir una causa judicial, y llevar a cabo autopsias. Y encima, con un número de víctimas muy elevado (200 autopsias hasta el jueves), muchas de ellas sin identificar (54). Luis Francisco de Pedro, el dueño de la funeraria San Vicente Mártir, de Catarroja, incineró el lunes a tres víctimas de Paiporta, lo que supone seis días desde que murieron. “Y eran casos normales, identificados con facilidad”, explica. Cuando se trata de personas de las que se necesita ADN para reconocerlas, el proceso es aún más complejo, y puede alargarse algunos días más, añaden fuentes conocedoras del proceso.

La madre de Juan José, Isabel, permaneció 42 horas en la casa de un vecino hasta que se la llevaron para hacerle la autopsia en la ciudad de la justicia. “Le estaré agradecido toda la vida”, dice, emocionado, sobre el hecho de que le guardase el cuerpo, ante una falsa alarma de que el barranco se desbordaba de nuevo. “Me volvía loco solo de pensar que se la podía llevar el agua si la dejábamos en su casa”, recuerda. Ahora ya está todo listo, asegura, pero aún no han ido al juzgado a recoger la licencia de entierro. “Hemos hablado para aguantarla un poco allí. Le pido a la funeraria que se espere para poder limpiar todo esto, que ya no nos queda tanto. Para que los familiares cuando entren no vean tampoco los destrozos”, detalla.

El proceso de levantamiento de un cadáver es laborioso, intervienen un forense, el juzgado, y la funeraria que traslada los cuerpos hasta la ciudad de la justicia. Una vez realizada la autopsia, y con la licencia de entierro del juzgado, es la funeraria quien se hace cargo. Fuentes conocedoras del funcionamiento estos días en Valencia admiten que puede haber algún caso de retraso en la entrega, ajeno al proceso judicial, a la espera de que los cementerios están aptos, pero aseguran que no es la tónica general. Oficialmente, no existen cifras de cuerpos pendientes de sepultura. De Pedro, dueño de la funeraria de Catarroja, insiste en que ellos no acostumbran a llevarse un cadáver de la ciudad de justicia (en este caso de la morgue de Feria Valencia) si no es para enterrarlo. Mantenerlos en sus cámaras frigoríficas cuesta 125 euros cada día.

Claudia, Marcos y María José están rastrillo en mano en el cementerio de Catarroja. Son tres voluntarios veinteañeros que se conocieron en Sevilla, llenando un camión con ayuda para Valencia, y que decidieron pasar a la acción. Se subieron a un coche juntos, hasta llegar a la zona de las riadas, y desde entonces no se han separado. “Es lo menos que podemos hacer”, repiten. Juan José y Toni solo tienen palabras de agradecimiento. “Necesitamos que la gente se vuelque. Y también en los colegios, que los niños puedan distraerse y no les quede un trauma”, insiste Juan José, que ha abanderado la batalla de reparar los cementerios. “Le vamos a hacer un muy buen entierro a Isabel”, insiste Toni Soriano, el gerente del camposanto. Juan José es la viva imagen de la tenacidad: “Mis padres permanecieron juntos en vida, 64 años. Ahora muertos, nadie, menos un político, los va a separar”.