La Audiencia Nacional fija para noviembre de 2025 el inicio del juicio contra el clan Pujol

La Audiencia Nacional ha puesto ya fecha para iniciar el juicio contra el clan Pujol: será el 10 de noviembre de 2025. El tribunal ha aprobado el calendario para celebrar la vista oral que sentará en el banquillo a Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña, y a sus siete hijos por urdir una presunta trama corrupta que funcionó durante decenios y que tenía por objetivo engordar el patrimonio de la familia con operaciones económicas irregulares, aprovechando los resortes del poder político. La Fiscalía pide nueve años de cárcel por blanqueo y asociación ilícita para el exlíder de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que gobernó la comunidad entre 1980 y 2003, y que confesó en 2014 que ocultaba en Andorra una fortuna sin declarar a Hacienda.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal dictó este miércoles la resolución con la agenda del juicio, que se ha conocido este jueves. El tribunal prevé que, tras arrancar en noviembre de 2025, este se prolongue durante 51 sesiones y acabe el 23 abril de 2026. Tres magistradas se encargarán de enjuiciar el caso Pujol: Maria Riera, Carolina Rius y María Fernanda García. Estas han rechazado que Alicia Sánchez Camacho, expresidenta del PP catalán, declare como testigo.

La vista llegará tras mucho tiempo de espera. El magistrado José de la Mata, encargado de la instrucción, dio por acabada la investigación contra la familia Pujol en julio de 2020 y propuso entonces sentar a sus miembros en el banquillo. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó esa iniciativa en abril de 2021, y el juez Santiago Pedraz ordenó abrir juicio contra ellos en junio de ese mismo año. Sin embargo, después de eso, la tramitación de la causa se paralizó. Los abogados del clan emprendieron una batalla para expurgar del sumario los datos que pudieran vulnerar el derecho a la intimidad del expolítico y su familia. El magistrado Pedraz, que había sustituido a De la Mata, dio por finalizado ese trámite en enero de 2022, pero los Pujol impulsaron varios recursos y maniobras para prolongar el tiempo dedicado a retirar la documentación sensible que constaba en el procedimiento.

La cima de la trama

La Fiscalía Anticorrupción y el juez De la Mata situaron al expresidente catalán, de 94 años, en la cima de una red corrupta, de la que también formaron parte presuntamente sus siete hijos y su esposa, Marta Ferrusola, que falleció el pasado julio y que ya había sido apartada de la causa por demencia severa. Según concluyó el instructor, la familia recibía “pagos millonarios” —mayoritariamente de empresarios— que se “disimulaban” a través de diversas estructuras societarias y el uso de paraísos fiscales. Algunos les entregaban dinero “simplemente para congraciarse [con el clan] o para mantener la buena relación que ya tuvieran, y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales”. “Todo ello de acuerdo con un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo”, apuntó el magistrado, cuando remachó: “La finalidad perseguida era distribuir entre todos los miembros de la familia las cantidades obtenidas ilícitamente”.

Anticorrupción pide, además de nueve años de cárcel para Jordi Pujol, 29 años para su primogénito (Jordi Pujol Ferrusola), 14 años para otro de sus vástagos (Josep) y ocho años para el resto (Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta). En el banquillo se sentarán otras 17 personas, según explica el tribunal: entre ellas, varios empresarios y Mercè Gironès, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola.