El Congreso rechaza prohibir en listas electorales a condenados por terrorismo o rebelión

Un gran alboroto se originó en el Congreso en 2005 después de que el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, acusase al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de “traicionar a los muertos” de ETA. Casi dos décadas después, ahora que la banda terrorista ya no existe, la misma acusación puede proferirse varias veces en el hemiciclo y para los diputados es como oír el rumor del tráfico cuando salen al centro de Madrid.

Palabras muy parecidas a aquellas de Rajoy —”han ustedes traicionado a las asociaciones de víctimas”— las arrojó este martes contra las bancadas del Gobierno José Antonio Bermúdez de Castro, uno de los diputados más veteranos, rigurosos y mesurados del PP. De forma casi idéntica las repitió luego Alberto Catalán, representante de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Nadie movió un músculo. Sus señorías continuaron charlando con el vecino de escaño o enfrascados en las pantallas de sus móviles. El escándalo de hace 20 años es la rutina de hoy.

Existe en el Congreso un fenómeno de eterno retorno y lleva las siglas de la organización terrorista. La desaparecida ETA estaba ausente de la discusión desde las elecciones municipales de 2023, cuando la presencia de condenados por terrorismo en las listas de EH Bildu se convirtió en uno de los grandes temas de campaña. Meses después, el PP anunció una iniciativa para prohibir por ley que personas con esos antecedentes —y de paso, también los condenados por rebelión, aun sin sentencia firme— puedan ser candidatos electorales. De la propuesta nunca más se supo. Hasta que esta semana salió del cajón. Justo en el momento en que los populares digieren el mal trago de haber respaldado —dicen que por error— la adaptación de la ley europea que puede acortar la estancia en prisión de dirigentes etarras.

Para no repetir el criticado espectáculo de la pasada semana, con el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, y la secretaria del grupo, Macarena Montesinos, agitando entre risas fotos de los socialistas asesinados por ETA, los populares recurrieron esta vez a una de sus voces menos estridentes. Lo que no quiere decir que Bermúdez de Castro, vicepresidente segundo del Congreso, pusiese paños calientes. Sostuvo que aunque ETA se haya disuelto, quedan crímenes sin resolver, además de que el Gobierno pacta con quienes “la apoyaron y jalearon” y promueve iniciativas que —ahí llegó la acusación— “traicionan a las asociaciones de víctimas”. Bermúdez de Castro explicó que la propuesta exige que quienes arrastren ese tipo de condenas muestren público arrepentimiento, “el mínimo recorrido moral”, dijo, “que se le debe exigir”. Y acabó poniendo en pie a todo su grupo: “Por la democracia y la libertad no lucharon los que mataron, lucharon los que murieron”.

EH Bildu no rehuyó el choque. Subió a la tribuna a su portavoz, Mertxe Aizpurua, para acusar al PP de promover “leyes propias de una dictadura”. “Se reservan el derecho de decidir quién se puede presentar o no a unas elecciones”, contraatacó. “La democracia ni la aceptan, ni la respetan, ni la comparten”. Las protestas arreciaron en la bancada popular. La presidenta, Francina Armengol, les pidió silencio, y alguien le respondió gritando entre risas: “¡Sí, cariño!”. “Un poco de decoro, un poco de educación”, rogó la presidenta.

La iniciativa tropezó con el rechazo frontal del bloque que invistió a Sánchez. Los más beligerantes fueron los dos grupos catalanes, aludidos por la inclusión en los motivos de inelegibilidad a los condenados por rebelión. “Es una ley propia de la Venezuela chavista”, clamó Josep Pagès, de Junts, quien ironizó: “¿Por qué no obligan a besar la rojigualda y a gritar ‘¡viva España!’?”. Francesc-Marc Álvaro, de ERC, denunció: “Ustedes funcionan como si ETA existiese todavía. Los historiadores del futuro fliparán”. Álvaro soliviantó a los populares al leer unas célebres declaraciones en 2013 del actual portavoz de su dirección, Borja Sémper, en las que señalaba: “El futuro de Euskadi se tiene que construir también con Bildu”.

Sémper pidió la palabra por alusiones, adujo que el problema es que Aizpurua sigue creyendo que los asesinatos de ETA “tuvieron una razón de ser” y pareció corregir sus palabras de hace 13 años. EH Bildu “no es una fuerza homologable”, sentenció ahora, y pactar con ellos supone una “inmoralidad”.

El debate tomó una nueva derivada. Los ataques al PP pasaron a provenir del flanco derecho. José María Sánchez, de Vox, cargó contra Sémper y, como este no atendía a sus palabras, le afeó: “Estoy hablando de usted, no de su abuela”. Sánchez dedicó casi toda su intervención a fustigar al PP. Subrayó que en su iniciativa los populares consignan que desde 2011 se han presentado a las elecciones decenas de condenados por terrorismo, a lo que apostilló: “¿Han necesitado 13 años para traer esta propuesta?”. Sánchez echó en falta que el PP no proponga la ilegalización de los partidos indepedentistas catalanes por sus actuaciones en el procés. El diputado de Vox volvería sobre el tema, dos horas después, cuando le tocó intervenir sobre otro asunto y aprovechó para recordar algo que se le había quedado en el tintero. Y no era cualquier cosa: sugirió que PSOE, Sumar y Podemos también podían ser ilegalizados por pactar con quienes “cometen delitos”.

El debate se cerró con la diputada socialista por Gipuzkoa Rafaela Romero con la voz entrecortada por la emoción, recitando los nombres de sus compañeros asesinados por ETA y conminando al PP: “¡Dejen de enseñar las fotos de nuestros muertos!” Pero el choque entre las bancadas de la derecha ya no se cerró. En el posterior debate sobre inmigración, el diputado de Vox Ignacio Hoces volvió a cargar contra Sémper. En defensa de este salió su compañero Agustín Conde con una especie de concurso de méritos: “El señor Sémper era concejal de Irun cuando ETA mataba. ¿Usted con quién ha empatado en la lucha contra ETA?”.

Vox también aprovechó el pleno y otro de los asuntos candentes, la inmigración, para desempolvar una propuesta, ya rechazada hace dos años. La iniciativa pretendía negar la nacionalidad a las personas de origen extranjero con antecedentes penales y retirársela a las que ya la tienen y cometan delitos o incluso sean castigados con una sanción administrativa. Esto último fue uno de los aspectos más criticado por el popular Conde, quien aleccionó a sus todavía socios municipales: “Estamos de acuerdo con ustedes en que España no puede abrir sus puertas indiscriminadamente. Pero discrepamos en que a los que vienen legalmente ustedes los miran con desconfianza y nosotros como seres humanos dignos”. Así y todo, el PP tuvo el detalle de evitar el voto negativo. Y simplemente se abstuvo.