Feijoo fracasa al intentar utilizar a las víctimas del terrorismo

La imagen del portavoz del PP, Miguel Tellado, con una sonrisa burlona mientras blandía, en el Congreso, fotografías de doce militantes socialistas asesinados por ETA pasará a la historia infame de la utilización política del terrorismo. Como pasará la contundente respuesta —”No podéis dar más asco”— de Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, acompañada en su crítica por los hijos de varios socialistas asesinados —María Jáuregui, Rosa Lluch, Sandra Carrasco, Froilán Elespe—, la Fundación Fernando Buesa y otras entidades.

El PP, con Alberto Núñez Feijoo, se supera en insensibilidad desde que hace tres décadas José María Aznar, en la oposición, decidió utilizar el terrorismo etarra como arma arrojadiza contra el Gobierno socialista y abandonó su tratamiento como cuestión de Estado. También se supera en manipulación. Su acusación al Gobierno de Pedro Sánchez de engañar en la trasposición de la directiva europea que elimina las medidas extraordinarias para los terroristas ha fracasado. Diputados del PP han reconocido que sabían qué votaban, evidenciando la intención de Feijoo de desviar contra el Gobierno la presión de la derecha mediática y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

A otro nivel, el Gobierno reincide en opacidad. Debía explicar claramente, especialmente a las víctimas, que la trasposición de la directiva europea, de obligado cumplimiento, no implica beneficios extraordinarios. Es la aplicación a los etarras de la legislación ordinaria que, al restar el cumplimiento de penas en el extranjero, permitirá a quienes cumplieron condena en Francia adelantar su salida de prisión. Su opacidad ha permitido que se disparen las especulaciones sobre supuestas cesiones a ETA cuando, desde hace años, existe amplio consenso en Euskadi —salvo por el PP— sobre la aplicación a los terroristas de la legislación ordinaria.

Pedro Sánchez, cuya ganadora moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018 coincidió con la disolución de ETA, anunció en su investidura un giro en política penitenciaria. La inició con acercamientos de presos etarras a cárceles vascas. Trece años después del fin del terrorismo, no hay marcha atrás. Los presos etarras asumen, también, la legalidad penitenciaria y han renunciado a homenajes públicos para no dañar a sus víctimas.

En este marco —en el que queda pendiente que muchos presos hagan autocrítica por el pasado— se eliminan las medidas extraordinarias contra los terroristas. De los 150 presos de ETA, serán menos de diez los excarcelados próximamente al reducir su condena en España por haberla cumplido en Francia. Pero la historia se repite. En 2013, una sentencia del Tribunal de Estrasburgo eliminó la doctrina Parot por considerar que violaba la convención europea sobre la irretroactividad de las leyes penales desfavorables. Entre los 63 etarras excarcelados había participantes en matanzas como la de Hipercor. También hubo gran agitación en la derecha mediática, pero esa vez la AVT se manifestó contra el Gobierno de Mariano Rajoy por incumplir su compromiso de sortear la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.

Los presos de ETA son excarcelados tras cumplir sus condenas. Es la legalidad y los subterfugios del PP para forzarla acaban chocando con la legislación europea. Seguirán saliendo presos que provocaron daño irreparable a sus víctimas. La peor respuesta es la del PP: soliviantar a las víctimas, crearles expectativas falsas para, por sectarismo partidista, utilizarlas políticamente, en vez de ayudarles a asumir la realidad y mirar al futuro. La utilización de Mari Mar Blanco es evidente. Pero aumentan las familias de víctimas que, precisamente por respeto a su memoria, rechazan ese camino que sólo lleva al enfrentamiento y contribuye a deteriorar la convivencia.