Grande-Marlaska choca con Frontex por Canarias: “Las respuestas que he recibido de la agencia son decepcionantes”

El Ministerio del Interior y Frontex, la agencia europea de fronteras, han vuelto al choque. La causa, esta vez, es el papel de la agencia en las islas canarias, adonde han llegado más de 27.000 personas en lo que va de año, un 85% más que en 2023. Frontex, con los datos de entradas irregulares sobre la mesa, ha transmitido en diferentes foros y con distintos interlocutores que quiere participar más activamente en las operaciones en el archipiélago, que quiere ir más allá de los 60 agentes que tiene desplegados en algunas islas entrevistando a inmigrantes, que quiere desplegar medios en aguas españolas en el Atlántico como ya lo hace en el Mediterráneo... Pero que para eso necesita que España se lo pida. El reproche velado de la agencia, utilizado por el Partido Popular para atacar a Fernando Grande-Marlaska, ha provocado malestar en el Ministerio del Interior que ha respondido pública e internamente. En una carta al Parlamento Europeo, el ministro ha elevado el tono más de lo habitual al afirmar no solo que España lleva pidiendo ayuda a Frontex en Canarias desde 2020 sino que las respuestas que ha recibido “han sido decepcionantes”. Internamente, el ministerio también ha transmitido su malestar a la agencia. En un email, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Interior muestra su “sorpresa” por las recientes afirmaciones de instituciones europeas y “reitera” la necesidad de que la agencia contribuya a patrullar las aguas, pero no las de Canarias como pretende Frontex, sino las de Mauritania, Gambia y Senegal y bajo coordinación española.

El trasfondo de este desencuentro va más allá de las cuestiones técnicas y operacionales. Fuentes conocedoras de las relaciones entre ambos destacan en este episodio los equilibrios que están en juego una vez más. Por un lado, la agencia, con un presupuesto de unos 1.000 millones de euros, “necesita justificar que es la agencia con más presupuesto de la UE”, con presencia y visibilidad en las fronteras, objetivo que conseguiría con el despliegue de barcos y aviones en Canarias. Por otro, el Ministerio del Interior, en el que es histórica la desconfianza hacia Frontex, con quien participa en tres operaciones en España, no tiene demasiado interés en tener más agentes externos patrullando aguas donde considera que ya tiene medios suficientes. Además, señalan estas fuentes, una de las lecturas recurrentes en el ministerio es que “cuantos más ojos haya en las islas, más operaciones de rescate y traslado a las islas habrá”. Es decir, habrá más llegadas.

El origen de este último enfrentamiento —ya van varios desde 2020— está en la intervención del director de la agencia, el militar holandés Hans Leijtens, en el Comité de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, el pasado 4 de septiembre. Leijtens afirmó que su agencia estaba preparada para ayudar más en la lucha contra la inmigración irregular en la fachada atlántica, pero que no ha recibido todavía una petición de ayuda por parte de España, como requiere la normativa. Las palabras del holandés motivaron a los miembros del comité, presidido por el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, a preguntar por carta este jueves a Grande-Marlaska sobre por qué esa ayuda no había sido solicitada. La cuestión podría haberse quedado ahí, pero el vicepresidente saliente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, fue a Tenerife la semana pasada y transmitió un mensaje parecido: Frontex podría pasar de una función logística a otra más operacional en Canarias, con medios marítimos, pero había que solicitarlo. La filtración de la carta firmada por Zarzalejos hizo el resto provocando una cascada de titulares en los que se reprocha que el Parlamento Europeo “pida explicaciones” a Interior a cuenta de Canarias.

Ante los ataques, la reacción de Interior ha sido doble. Este mismo jueves, Grande-Marlaska respondía a Zarzalejos asegurando que el Gobierno de España solicita apoyo a las instituciones europeas desde 2020 y aclara que entre sus peticiones a la agencia de fronteras “siempre estuvo recuperar la vigilancia marítima por parte de Frontex, en aguas africanas del Atlántico”. Esta petición supone poner en marcha una operación como la que se activó tras la llamada crisis de los cayucos en 2006, la Operación Hera, en la que se desplegaron barcos y aviones el litoral canario y las costas de Mauritania, Senegal y Cabo Verde. “Las respuestas que he recibido, tanto por escrito como verbalmente, en múltiples encuentros, incluidos con el director ejecutivo de Frontex, el actual y su predecesor, han sido decepcionantes”, asegura el ministro en un tono poco habitual. “Uno de los elementos que permitió poner fin a la llamada crisis de los cayucos de 2006 [en Canarias] fue precisamente el apoyo de Frontex en la labor preventiva”, continúa el ministro. Añade que, ante la falta de respaldo de Frontex, “hoy es España la que sigue apoyando a los países terceros en la vigilancia fronteriza”. En todo caso, concluye Grande-Marlaska, “la falta de respuesta positiva a la petición de apoyo solicitada por España no significa que España no haya solicitado, de manera reiterada, el apoyo de la agencia”.

El conflicto sobre el modelo de cooperación tiene difícil solución. La demanda española de llevar los medios europeos más allá de sus aguas, como se hizo hasta 2018 con la Operación Hera, tiene ahora un obstáculo legal insalvable, según la agencia. Su reglamento ha cambiado y las operaciones en terceros países no comunitarios deben enmarcarse ahora en acuerdos bilaterales con la UE. “Frontex no tiene autoridad para negociar o concluir estos acuerdos; esta responsabilidad recae exclusivamente en la Unión Europea. Sin esos acuerdos, simplemente no podemos lanzar operaciones fuera de nuestras fronteras”, recuerdan fuentes de la agencia. La UE lleva años intentando firmar esos pactos, concretamente con Senegal y Mauritania, pero los mismos actores comunitarios que los impulsan han reconocido a EL PAÍS la “enorme complejidad” de alcanzarlos. A eso se añade, según fuentes de seguridad españolas, que los países de origen y tránsito prefieren negociar individualmente con los países y no con agencias o con la UE como institución.

Grande-Marlaska menciona estas dificultades en su carta a Zarzalejos: “Nadie mejor que el Parlamento Europeo para saber que esa vigilancia fronteriza en aguas de un tercer país que necesita Canarias requiere ahora, por la redacción dada al nuevo Reglamento de la Agencia, de un acuerdo con el tercer país en cuestión. Y Frontex no lo ha alcanzado con ningún país africano del que parten las embarcaciones que llegan a Canarias”. El ministro, sin embargo, desliza una crítica indirecta: “Algo que fue posible y eficaz en el pasado, debiera serlo también hoy”.

El reproche de Interior es que en cuatro años, ni la UE ni la agencia han ofrecido una alternativa diferente a destacar medios en Canarias que España no considera necesarios. Fue lo que le pidió Grande-Marlaska a la entonces comisaria de Interior, Ylva Johanson, en noviembre de 2020, en pleno repunte de llegadas de cayucos a las islas. Tras comunicarle que los servicios jurídicos de Frontex le habían informado de que no habría una solución a corto plazo y, “ante las críticas circunstancias”, el ministro la emplazó: “Espero que puedas identificar alguna vía que nos permita seguir adelante en estos momentos”. Hasta hoy.