España se suma a una declaración que da a Edmundo González como ganador de las elecciones venezolanas “con las actas disponibles”

España se ha sumado a una declaración conjunta, suscrita por una treintena de países, que señala que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, obtuvo “la mayoría de los votos” en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, “según los registros electorales disponibles públicamente”.

La declaración, presentada el jueves en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, no llega a proclamar Edmundo González como presidente electo, pero sí da una nueva vuelta de turca al señalar que, “según los registros electorales disponibles públicamente, obtuvo la mayoría de los votos” en los comicios. Se refiere a las actas que ha hecho públicas la oposición, más del 80% del total, según sus estimaciones, ante la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, a difundirlas.

A la declaración, impulsada por Estados Unidos y Argentina, se sumaron países como Chile, República Dominicana, Perú, Canadá, Países Bajos, Alemania, Italia o Reino Unido. Sin embargo, se quedaron fuera Brasil, Colombia o México, que promueven una salida negociada; además de Francia (aunque este país lo suscribió con posterioridad, según fuentes diplomáticas) y la totalidad de los africanos y asiáticos. La presencia de España estuvo en duda hasta el último momento.

El texto expresa la preocupación de los países firmantes por “la generalizada represión” que se ha desatado en Venezuela tras las elecciones y exige que “se permita a los venezolanos expresar sus opiniones de forma pacífica, incluso mediante el ejercicio de la libertad de reunión y expresión pacíficas sin temor a represalias. Exigimos que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, la violencia política y el acoso contra la oposición y la sociedad civil”, agrega.

Manifestación en Madrid

La oposición venezolana ha convocado una jornada de protesta para este sábado, cuando se cumplen dos meses de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. La concentración principal en España tendrá lugar a las seis de la tarde en la Puerta del Sol de Madrid, donde se espera que participe Edmundo González Urrutia, asilado en España desde el pasado día 8, según fuentes de la organización del acto.

También se han convocado manifestaciones en casi 70 localidades españolas. El objetivo, según las fuentes consultadas, es que la movilización tenga carácter global y alcance a 440 ciudades de todo el mundo, 177 más que el pasado 17 de agosto, cuando se produjo una primera protesta global para denunciar el fraude electoral.

La nueva jornada de movilizaciones ha sido convocada por la líder de la oposición, María Corina Machado. “Este 28 de septiembre los venezolanos haremos retumbar al mundo entero. Todos unidos en una misma causa: la libertad de Venezuela. A dos meses de nuestra espectacular victoria, alzaremos nuestras voces para que: Edmundo González sea reconocido por el mundo como Presidente Electo de Venezuela Maduro entienda que se va, [y] paren los Crímenes de Lesa Humanidad”, escribió el pasado día 15 en su cuenta de X.

Si finalmente asiste Edmundo González, será la primera vez que participe en un acto público, pues desde que llegó a España solo se le ha visto en encuentros con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con otros dirigentes políticos, como los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con la que coincidió el jueves en un acto de la fundación FAES en el que no habló.

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, exigió este jueves al vicecanciller venezolano, Rander Peña, información sobre los dos españoles detenidos en Venezuela, José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, bajo la acusación de formar parte de un supuesto complot de la CIA y el CNI para derrocar a Maduro. Aunque el cancilller venezolano, Yván Gil, ya confirmó su detención en una conversación telefónica con Albares, España exige conocer dónde se encuentran detenidos y qué cargos se les imputan exactamente, además de poder prestarles asistencia consular.