El Congreso cierra en falso la comisión Mascarillas sin conclusiones ni el 72% de los comparecientes

Más madera para los que cuestionan la utilidad de las comisiones de investigación del Congreso. La comisión parlamentaria aprobada en marzo pasado para indagar sobre los miles de contratos de emergencia que suscribieron “todas las administraciones” durante la pandemia que sufrió España en 2020 ha quedado cerrada por la vía de los hechos, sin proponer conclusiones ni haber convocado al 72% de los 134 comparecientes previstos. Tampoco habrá prórroga. El PSOE intentó prolongar esos trabajos, apuntando en una nueva fase hacia el entorno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero no lo ha logrado. Coalición Canaria, que disponía en la comisión del voto ponderado de todo el Grupo Mixto, lo ha vetado junto al PP y Vox en represalia a sus disputas con el Gobierno central de Pedro Sánchez por los problemas de inmigración en Canarias.

El Congreso pondrá a andar este jueves dos comisiones de investigación que estaban frenadas, sobre los atentados yihadistas en Cambrils y Barcelona en agosto de 2017 y otra sobre la Operación Cataluña y la policía patriótica de los gobiernos del PP, al mismo tiempo que se confirma el cierre en falso de otra de esas comisiones impulsada en marzo pasado para conocer los fallos, errores y posibles irregularidades cometidas por diversas administraciones en los contratos que firmaron en lo peor de la pandemia de la covid-19. Esa comisión ha celebrado en estos cuatro meses (excluyendo agosto) 15 sesiones, citado a 21 de los 134 comparecientes aprobados en su momento (28,1%) y recabado 237 de los 369 documentos solicitados (73,6%).

El PP, que se inhibió en el primer momento en la votación para constituir esa comisión, aprovechó luego sus primeras reuniones para interrogar con dureza entre otros a Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos; a la actual presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, por su etapa como presidenta de Baleares, o incluso al exministro de Sanidad en la pandemia, Salvador Illa, ahora presidente de la Generalitat, para lanzar acusaciones y sospechas contra la actuación en general de casi todo el Gobierno de Pedro Sánchez. El PSOE avanzó que aprovecharía esos trabajos para averiguar qué había pasado en relación a ese tipo de contratos en administraciones gobernadas por el PP, como la Xunta de Galicia de la etapa de Feijóo, la Junta de Andalucía del popular Juan Manuel Moreno, la alcaldía de Madrid de José Luis Martínez Almeida o la Comunidad madrileña de Ayuso. Todos esos planes no se plasmarán en nada, porque el PSOE no dispone de aliados suficientes en la comisión para sacarlos adelante. Apenas pudieron llamar a comparecer a algunos cargos del actual gobierno popular de Baleares de Marga Prohens.

La semana pasada el PSOE intentó retomar las labores de esa comisión y recibió algo más que un aviso de que no sería posible. PP, Vox y Coalición Canaria, que representa con un voto ponderado a todo el heterogéneo Grupo Mixto en la comisión, tumbaron sus intenciones. CC ya adelantó entonces sus razones para no permitir esos avances. La formación canaria, que cogobierna en las islas con el PP, reprochó al Gobierno de Sánchez sus trabas y disputas para encontrar soluciones al grave problema de la inmigración y en concreto de la afluencia de menores inmigrantes no acompañados en las islas. Las divergencias entre las propuestas del Gobierno canario de Fernando Clavijo y el Ejecutivo central han llegado hasta las denuncias judiciales y en la fiscalía.

“Nosotros no entendemos, en el Gobierno canario, en Coalición Canaria, y la propia mayoría de la población canaria, cómo el Gobierno de Sánchez es capaz de viajar al extranjero, reunirse en Suiza con Carles Puigdemont y darle todo lo que pide sin ningún problema y sin embargo no se encuentra una salida a la urgentísima y dramática situación que sufren miles de menores en Canarias y que no va a ir a menos en el futuro”, argumentan fuentes de la cúpula de CC. Y agregan otro aviso: “A lo mejor esta decisión de no ponernos a citar en una comisión en Madrid a políticos de uno u otro bando, para que se arrojen unos a otros insultos y ataques, les sirve de toque de atención para que nos hagan algo de caso también a nosotros en muchas votaciones”.

En el PSOE no solo dan por hecho el final abrupto de esta comisión, que tenía como primer plazo para acabar sus funciones el 2 de octubre, sino que dudan de que puedan disponer en el futuro de mayoría suficiente para volverla a crear como querrían si logran componer otras alianzas para llevar ese asunto a un futuro pleno.