Los primeros pasos del nuevo CGPJ: un pleno para designar vicepresidente y constituir las comisiones legales

Los cimientos para la reconstrucción del Poder Judicial tras cinco años de bloqueo se han alzado finalmente en 48 horas de vértigo. Los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces cerraron el martes un pacto para designar por primera vez a una mujer como presidenta, la magistrada Isabel Perelló, cuyo nombre no estaba entre las candidaturas que se debatían desde hace mes y medio. Perelló prometió el cargo ante el Rey a primera hora del miércoles, y a mediodía tomó posesión ante la cúpula judicial en un acto en el Tribunal Supremo; menos de 24 horas después, era ella la que recibía a Felipe VI para abrir el año judicial, donde reivindicó el papel de la mujer en la Justicia y pidió a las fuerzas políticas que no interfirieran en el trabajo de los jueces.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hace tres meses parecía inviable, ya es un hecho, pero el trabajo para recuperar la normalidad en el órgano de gobierno y en los tribunales empieza ahora. “Estamos intentando resucitar a un dinosaurio que lleva tres años en el congelador”, ilustra uno de los nuevos vocales del grupo progresista que, como otros consejeros consultados, admite que ha dedicado parte de los últimos días a atender llamadas de compañeros preguntando qué hay de lo suyo.

Los miembros del Consejo apenas han tenido tiempo de intercambiar algunas impresiones con su nueva presidenta. Todavía no se ha celebrado ningún encuentro de trabajo como tal en la que se hayan tomado decisiones. Será a partir de esta semana cuando empiecen las reuniones para ir desatascando la agenda de asuntos pendientes, algunos regulados por ley para cada renovación del órgano; y otros, derivados de los cinco años de mandato prorrogado y los tres en los que el CGPJ ha tenido las manos atadas tras la reforma legal que vetó los nombramientos discrecionales mientras el Consejo estuviera en funciones. La mayoría de estos asuntos deben ser acordados por mayoría de tres quintos, lo que necesariamente obliga a alcanzar acuerdos entre el bloque progresista (10 vocales más la presidenta) y el conservador (10).

El primer asunto que se pondrá sobre la mesa esta misma semana es la elección de la vicepresidencia del Supremo, cargo que tiene que ocupar un magistrado del alto tribunal. La propuesta corresponde a la presidenta y, aunque no hay nada escrito, vocales consultados de ambos bloques entienden que, si la presidencia ha caído en una magistrada progresista, lo lógico sería que la vicepresidenta la ostentara un conservador. Aunque hay opiniones con matices, nadie prevé que se haga de esta elección una “guerra política” y el espíritu general es aceptar, a ser posible por unanimidad, la propuesta que plantee Perelló para lanzar un mensaje interno y externo de unidad y apoyo a la nueva presidenta. No obstante, los vocales confían en que ella opte por un perfil de consenso.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que el vicepresidente debe elegirse en el primer pleno ordinario posterior a la elección del presidente y la intención, coinciden varios miembros del órgano, es celebrar esa sesión a principios de la que viene. Para ello, la propuesta debería conocerse a principios de esta porque la ley exige que sea pública con una antelación de siete días.

El elegido solo será vicepresidente del Supremo, no del CGPJ, que no dispone de esta figura, y su función es esencialmente sustituir a la presidenta en caso de ausencia por cualquier circunstancia y ejercer las funciones que esta le delegue, sobre todo tareas técnicas y de organización del tribunal. “Tiene su importancia en la organización del día a día del Supremo, pero con la ley en la mano sus competencias son en realidad mínimas y muy de gestión”, señala un vocal para incidir en la idea de que, en principio, no se trata de un puesto con alta cuota de poder que pueda generar una gran lucha interna.

Al margen de la vicepresidencia, hay otros altos cargos pendientes de nombrar que se consideran prioritarios y podrían cerrarse en el primer pleno, como el jefe de gabinete o el secretario general. También está vacía la autoridad disciplinaria del CGPJ, el llamado promotor de la acción disciplinaria, un puesto clave porque es quien instruye los expedientes a jueces y propone las posibles sanciones. En un segundo nivel de urgencia, según los vocales consultados, se situarían cargos como la dirección de la escuela judicial o del servicio de inspección, que actualmente están en funciones. “Hay que fijar prioridades, empezar por lo más urgente de lo urgente”, señala un vocal, que aboga por designar de forma inminente los cargos internos “reglados o imprescindibles” y “reflexionar” con más tiempo el resto para encontrar los perfiles más adecuados y de consenso.

La comisión disciplinaria

En ese primer pleno que se celebrará en los próximos días es previsible también que se constituyan las comisiones legales, consideradas el motor del CGPJ. Hasta ahora eran cuatro (permanente, disciplinaria, de igualdad y de asuntos económicos), pero el pacto cerrado en julio entre el PP y el PSOE para renovar el órgano supone crear una nueva, de calificación, cuya misión será garantizar una valoración objetiva de las candidaturas presentadas a los nombramientos que debe hacer el pleno.

La previsión es que, a principios de esta semana, queden dibujadas todas las comisiones, especialmente la permanente. Aunque en el nuevo Consejo, donde los 20 vocales tienen dedicación exclusiva, ya no tendrá la relevancia que tenía en el anterior ―solo los siete miembros de esta comisión tenían dedicación exclusiva y cobraban un sueldo íntegro del CGPJ― seguirá siendo la “sala de máquinas” del órgano, en palabras de un consejero. Además, es la única de la que forma parte la presidenta, por lo que permite un contacto directo y más cercano que, a la postre, puede configurar el núcleo duro de Perelló. Los grupos han ido ya hablando de forma interna qué vocales pueden ir a cada comisión, pero ambos bloques asumen que habrá que negociar con el otro sector. En la permanente habrá tres progresistas y un conservador, pero en las demás, compuestas por tres, cinco o siete miembros, se tendrán que repartir los puestos.

La consecuencia más grave de la interinidad del anterior Consejo es el centenar de vacantes que se han generado en la cúpula judicial, 27 de ellas en el Supremo. La intención es empezar a tramitar los nuevos nombramientos cuanto antes, aunque para ello tiene que estar constituida la comisión de calificación. Algunos procesos estaban muy avanzados cuando se aprobó la reforma legal que los dejó en el limbo, por lo que se le pedirá al gabinete técnico que analice si es posible convalidar los trabajos hechos por el anterior órgano, en algunos casos con las ternas ya cerradas. “La intuición nos dice que podría respetarse, lo que agilizaría esos casos, pero necesitamos que nos lo aseguren”, señala un vocal. El ingente volumen de trabajo atascado hace pensar a los vocales que no será suficiente con celebrar un pleno ordinario al mes como se hacía hasta ahora. “Vamos a necesitar mucho, más, al menos al principio. Lo contrario sería una irresponsabilidad”, señala un consejero.