Recomponer el CGPJ y cubrir las vacantes: las dos prioridades de la presidencia de Perelló

En el acto de apertura del año judicial, con el que cada septiembre se inaugura el curso de los tribunales, todo está medido siguiendo un protocolo desbordante de solemnidad y sin margen para la improvisación. Así fue también el celebrado este jueves, en el que se repitió la procesión de togas con el que el Tribunal Supremo exhibe toda su pompa. Pero, siendo todo igual, la imagen era insólita: por primera vez, una mujer ejercía de anfitriona como máxima representante del Poder Judicial.

Isabel Perelló, la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del alto tribunal, apenas tuvo 24 horas después de tomar posesión para preparar su primer discurso oficial, pronunciado ante el Rey y toda la cúpula judicial, fiscal y numerosos representantes políticos. Una vez terminado el acto, Perelló se reconocía “sobrepasada” y aseguraba que su nombramiento, acordado in extremis por los vocales progresistas y los conservadores tras mes y medio de negociaciones en los que su nombre nunca figuró entre los candidatos, también ha sido para ella “una sorpresa”.

Sus primeras palabras fueron para agradecer la designación y resaltar su carácter “histórico”. “Recibo este nombramiento como un reconocimiento a todas las mujeres que trabajan en la Administración de Justicia, cualesquiera que sean las funciones que desarrollen”, dijo la nueva presidenta en un mensaje con un marcado tono feminista en el que advirtió de que su designación, siendo relevante, no es suficiente para dar por conseguida la igualdad en la Administración de Justicia. “Tuvimos que esperar al siglo XXI para llegar al Tribunal Supremo. Aun así, queda mucho camino por recorrer: las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales”, recordó.

El acuerdo para situarla al frente del órgano sorprendió a Perelló, de 66 años, casi aterrizando desde Estados Unidos, adonde había viajado para acompañar a sus hijos, que estudian allí. Aunque es una magistrada veterana dentro del Supremo, en cuya Sala Tercera ejerce desde hace 15 años, ha trabajado siempre a la sombra y con escasa proyección pública. En conversaciones informales tras el acto de este jueves, trataba de contar, casi explicándoselo todavía a sí misma, cómo ha llegado a ser la candidata de consenso. Cuando supo que el pleno del CGPJ se había marcado como objetivo que su futura presidenta fuera una mujer pero no tenía un nombre que convenciera a todos, pensó que tenía que dar el paso de ofrecerse casi por “responsabilidad”. Se lo comentó a algunos vocales, pero no supo que iba a ser la elegida hasta pocas horas antes de que su elección se consumara.

Ante la urgencia de pronunciar el discurso de apertura del año judicial, desde el equipo de la presidencia del Consejo le ofrecieron un texto en el que habían estado trabajando sin saber si iba a ser pronunciado por el hasta ahora presidente en funciones, Francisco Marín Castán, o por un sucesor ya formalmente elegido. Perelló lo consultó, pero prefirió redactar su propio mensaje, aunque fuera breve, apenas cuatro folios que terminó de escribir a las cuatro de la mañana del jueves y en los que la nueva presidenta apuntó sus prioridades. Las principales, recuperar al órgano de gobierno de los jueces y al Tribunal Supremo de los daños que han sufrido en los cinco años de bloqueo del CGPJ.

Para conseguirlo, calificó como “esencial” que el Consejo lleve a cabo la “ingente labor” de cubrir el centenar de vacantes existentes en la cúpula judicial, 27 de ellas en el alto tribunal. Perelló, que además de ser la primera mujer que asume el cargo, ostenta la primera presidencia de perfil progresista en 28 años, se ha comprometido a que los nombramientos pendientes se harán “con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad”. “Tenemos la obligación de garantizar que el sistema de selección de magistrados nos lleve a la elección de los mejores profesionales”, dijo, en una censura velada a etapas anteriores en las que en algunas designaciones discrecionales pesaron más criterios distintos al de la capacidad profesional.

Tras cinco años con el mandato prorrogado que han minado el prestigio del CGPJ, la carrera judicial confía en que el Consejo renovado recomponga la reputación del órgano. La nueva presidenta, dirigiéndose a los jueces, pero también a los representantes políticos presentes en el acto, entre ellos el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la vicepresidenta Yolanda Díaz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó la independencia de la carrera. “Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estados de Derecho”, advirtió, para apelar luego directamente a los partidos, a los que hizo “un llamamiento” para que respeten el trabajo que los jueces y eviten “ataques injustificados”: “Las posibles irregularidades que pudieran producirse en el ejercicio de la función jurisdiccional tienen sus propios mecanismos de corrección a través de las vías de impugnación previstas en las leyes procesales”.

García Ortiz alerta sobre los discursos de odio contra los menores migrantes

Antes que la nueva presidenta, intervino en el acto el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien alertó contra quienes siembran el odio contra los menores migrantes. “Será la historia la que nos juzgue si al hablar de niños o de niñas migrantes, nos referimos a ellos como si fueran mera mercancía”, manifestó. El jefe del ministerio público recordó que en la memoria anterior se incidió en la “especial vulnerabilidad” de las personas migrantes, algo que ha recuperado este año por la repercusión de “la desinformación que provocan las redes sociales”. Según sus datos, en 2023 llegaron a España por vía marítima o pateras 4.865 niños, el doble de los 2.375 del año anterior. A 31 de diciembre del año pasado, había 12.878 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección. Hace apenas dos semanas, la fiscalía anunció que se iban a investigar mensajes falsos que criminalizaron en la red a menores no acompañados a raíz del crimen de un niño en Mocejón (Toledo). Ortiz también avisó del “alarmante número de suspensiones de juicios” que ralentizan la actividad del Estado frente a la criminalidad y desalientan a profesionales y víctimas.

Durante su discurso, que se extendió alrededor de 40 minutos, el fiscal reivindicó la actuación “imparcial” y “sometida exclusivamente al imperio de la ley” del ministerio público, integrado por 2.795 fiscales, e incidió en la necesidad de un “cambio de modelo procesal penal” con una reflexión sobre la figura de la acusación popular. En su opinión, esta figura, prevista en la Constitución, permite el acceso a órganos judiciales “sin filtro alguno” y aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas (causas generales). “Pervierte el esquema natural y lógico de que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia, aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal”, añadió. Dijo que la figura es positiva “en principio”, pero que un interés mal utilizado puede llegar a ser ilegítimo. “Cuando se pretenden utilidades privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas, mediáticas o, incluso, meramente procesales. Todos ellos se alejan, como decimos, de los fines de la investigación criminal”, añadió. Tras el acto, fuentes fiscales explicaron que ese cambio podría acometerse en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que se plantea el Gobierno.

El fiscal general reivindicó la fiscalía en su conjunto y que los fiscales no se limiten a seguir el criterio de los tribunales, sino que los “enriquezcan con sus aportaciones”. “Nunca será la Fiscalía, órgano de naturaleza constitucional, un elemento de distorsión del sistema”, añadió. “Somos —y podemos ser aún más— un potente instrumento de transformación sin otra pretensión que la de la aplicación estricta de la ley”. Sobre los resultados de la memoria fiscal, que presentó oficialmente en el acto, destacó el incremento del 11,1% de las diligencias totales con respecto a 2022, y en la que los delitos contra la vida suponen un 31% de los casos y un 20%, los delitos contra el patrimonio.