Ábalos entrega al juez del ‘caso Koldo’ una pericial para contrarrestar la auditoría de Transportes que le salpica

La respuesta del exministro socialista de Transporte José Luis Ábalos a la auditoría realizada por su antiguo departamento que le salpica en las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia que se investigan en el caso Koldo no será solo política. Ábalos, que el 28 de agosto anunció tras conocerse el contenido del informe que a partir de ese momento no sería “seguidista” con su antiguo partido y que votaría “en conciencia” en el Congreso los proyectos del Gobierno, ha pasado este viernes al contraataque judicial en la Audiencia Nacional. El exministro ha presentado un escrito en el que solicita al juez Ismael Moreno, instructor de la causa, que la auditoria de Transportes sea excluida del sumario al considerar que la misma tiene supuestas deficiencias y solo busca perjudicarle. Ábalos recalca que el informe encargado por su excompañero de partido y actual ministro, Óscar Puente, adolece de “legalidad y legitimidad” para ser incorporado a la causa, además de considerar que, en su opinión, el mismo busca “exclusivamente la fijación estanca de responsabilidades” en su persona. El diputado acompaña el escrito con un informe pericial de 41 páginas, encargado y pagado por él, para desmontar las conclusiones del documento ministerial.

En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el abogado de Ábalos recuerda que “a día de hoy el juzgado al que me dirijo no ha realizado intimación o petición de información alguna a mi representado ni por supuesto se le ha llamado en ninguna condición” y recalca que, pese a ello, “siguen apareciendo informaciones y noticias que le afectan de forma personal y directa”. En este contexto, el diputado ―que está aforado y que, por tanto, solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo― considera que el “documento elaborado por los servicios de inspección del citado ministerio, bajo la cobertura de una pretendida auditoría”, pretende en realidad “generar perjuicio [a su persona] y probablemente eludir otras responsabilidades”. Ábalos resalta que este tipo de documentos se deben realizar con el único objetivo de realizar un “control interno [del departamento] a efectos de recomendar mejoras en la gestión del servicio”, pese a lo cual el mismo fue hecho público por su sucesor “de forma deliberada”, lo que ha provocado que el juzgado lo haya incorporado a la causa.

Esta auditoría, que fue presentada por el propio Puente en el Senado el 24 de agosto, examina dos de los contratos de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la presunta trama de corrupción. Con uno se adquirieron ocho millones de unidades en marzo de 2020 a través de Puertos del Estado. Con el segundo, cinco millones más mediante la empresa pública Adif. En ambos, el informe de Transportes hallaba diversas irregularidades, como “falta de control”, además de destacar que el último se adjudicó a la peor de las dos ofertas que había sobre la mesa. La auditoría fue encargada por el actual ministro a finales de febrero tras hacerse pública la investigación del caso Koldo. A raíz del escándalo, el PSOE pidió a Ábalos que renunciara a su acta de diputado al considerar que era responsable de las actividades del que fuera su asesor, Koldo García, personaje clave en la investigación. El exministro desoyó la petición y pasó al Grupo Mixto del Congreso.

Por todo ello, el exministro ―que recientemente presentó un escrito para quejarse de una supuesta revelación de secretos y datos personales en las filtraciones de documentos del sumario del caso Koldo― pide al juez que admita su personación en la causa como “perjudicado” en un escrito que acompaña con la pericial encargada por él con el único objetivo de “desvirtuar” la conclusiones de la auditoría de Transportes. Este documento, al que también ha tenido acceso este diario, asegura que la auditoría de Transportes presenta “sesgos evidentes” y que “sus argumentaciones no están debidamente justificadas”, además de considerar que “contiene subjetividades, lo que compromete su objetividad y fiabilidad”.

La perito detalla las que, en su opinión, son las seis “principales deficiencias encontradas” y destaca que la fiscalización que en noviembre de 2022 hizo el Tribunal de Cuentas de los contratos ahora bajo sospecha no encontró ningún tipo de irregularidad. La pericial hace hincapié también en que en la elaboración de la auditoría se hizo “en una fecha coincidente con un escenario político comprometido judicial y cuatro años después de las órdenes de compra auditadas”, además de no haberse publicado su encargo en el BOE como, según la autora del informe, es preceptivo. “El informe de auditoría tiene juicios de valor que le apartan de la objetividad requerida”, añade.