14 autonomías reclamarán 1.750 millones al cartel de los pañales para adultos por el fraude

Una docena larga de Gobiernos autonómicos exigirá en los tribunales al menos 1.751 millones a los fabricantes de pañales para adultos que crearon un cartel para aumentar sus precios de manera ilegal. Tras destaparse el fraude hace ocho años, el Tribunal Supremo ha confirmado recientemente las últimas multas por 60 millones impuestas a las compañías por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ahora las regiones han reaccionado para recuperar el dinero hurtado a las arcas públicas.

Cataluña dio el primer paso hace un año y medio al reclamar 526 millones y ahora Andalucía avanza que su demanda superará los 600 millones, la de Galicia rondará los 350 millones, País Vasco exigirá más de 100 millones, Madrid al menos 80 millones, Murcia 50 millones, Baleares 27 millones y Asturias 18 millones. Junto a estas ocho regiones, la Comunidad Valenciana, las dos Castillas, Aragón, Extremadura y Navarra confirman que demandarán al cartel en los tribunales, pero aún están peritando el fraude y carecen de la cifra concreta que pedirán.

La única comunidad que ha decidido no reclamar el dinero defraudado es Cantabria, mientras que Canarias y La Rioja han rechazado aclarar a este diario si demandarán a las empresas por trucar el mercado. Del mismo modo, el Ministerio de Sanidad desconoce aún si demandará a la industria, pese a que antes de la descentralización de los sistemas sanitarios autonómicos, el Insalud estatal realizó compras millonarias de este producto absorbente muy subvencionado y destinado a los pacientes con incontinencia urinaria grave. “No tenemos nada atado ni seguro, Ingesa [Instituto Nacional de Gestión Sanitaria] sigue estudiando el asunto”, aduce un portavoz del Ministerio.

El cartel estuvo activo un total de 17 años, entre 1996 y 2013, hasta que una compañía denunció al resto y a sí misma, acogiéndose al programa de clemencia de la CNMC, que le garantizaba eludir el pago de la multa por delatar el fraude. La patronal Fenin y siete empresas que copaban el 95% del mercado, entre ellas las multinacionales Essity, Grupo Hartmann, Laboratorios Indas y la delatora Procter and Gamble (Ausonia), montaron un sistema para inflar alrededor de un 50% el precio de los pañales para los sistemas públicos de salud, en connivencia con los mayoristas distribuidores y el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos para el reparto de la tarta de beneficios mediante acuerdos secretos.

Los tres eslabones de la cadena comercial concertaron la manipulación del mercado a lo largo de 63 reuniones, pero con la crisis, el Gobierno en 2010 rebajó un 20% el precio estipulado y tanto distribuidores como farmacéuticos salieron del cartel. Finalmente, su participación probada resultó prescrita por solo un año, a juicio de la Dirección de Competencia de la CNMC.

“Reclamaremos hasta el último euro”, precisan fuentes de la Consejería de Sanidad madrileña, que estas semanas culmina su demanda judicial. La mayoría de Gobiernos regionales ha mandado en lo que va de año numerosos burofaxes a las empresas para explicitar su interés en recuperar el dinero, y así paralizar las posibles prescripciones de cinco años que alegarán las compañías para evitar los pagos millonarios. “De momento les hemos comunicado [a las compañías] que estamos dispuestos a un acuerdo amistoso por los perjuicios causados, pero ninguna ha contestado y por tanto emprenderemos acciones legales”, confirman fuentes del Servicio de Salud balear.

La Audiencia Nacional censuró en una de sus sentencias la existencia del cartel, cuyas prácticas anticompetitivas duraron casi dos décadas: “Es indiscutible la voluntad conjunta de hurtar, precisamente a la Administración, en cuya actuación se supone que confiaban, el conocimiento de los acuerdos adoptados y que suponían un importante incremento del precio que, a la postre, había de sufragar la Administración misma”.

El letrado Albert Poch, de Redi Abogados, dirige las reclamaciones civiles por daños del Servicio Vasco de Salud y de la Generalitat catalana, que lleva dos años tramitándose en el Juzgado Mercantil 12 de Barcelona por las trabas procesales de las multinacionales: “Este cartel es más agresivo que el de los automóviles [multado con 171 millones] al tener una sola víctima, que es la Administración. Fue diseñado para tirar del dinero público y pese a la confirmación por sentencias, las empresas siguen negando su existencia”.

La ley protege a las autonomías como víctimas del fraude y estas no están obligadas a demandar a todas las compañías del cartel, al ser solidaria la responsabilidad civil. Es decir, Cataluña demandó a Essity y Hartmann, y si resultan condenadas, estas podrán pedir al resto del cartel el dinero correspondiente en una acción denominada “de regreso”.

La mayoría de autonomías ha demandado y Cantabria es la única que rechaza esta acción de reintegro. Está por ver si los dirigentes y funcionarios cántabros afrontarán un procedimiento contable de reintegro por alcance al incurrir en una omisión que menoscabe caudales públicos, según las fuentes jurídicas consultadas.

El gasto en pañales para enfermos adultos sigue siendo hoy día una partida millonaria y Andalucía por ejemplo gastó 75 millones en 2023 para subvencionar 2,3 millones de paquetes de estos absorbentes destinados a sus hospitales y a través de las farmacias para los enfermos no hospitalizados que los necesitan. “La aportación en el precio puede rondar el 10% o más, depende del tipo de pensionista. Para la Junta es una partida importante en efectos y accesorios del total de 2.400 millones en prestación farmacéutica en recetas”, confirma Carlos García, subdirector de Farmacia del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El fraude se destapó gracias a que Procter and Gamble entregó las pruebas del cartel a la CNMC y la multa de 128 millones se redujo a 60 millones al aplicar la clemencia al denunciante, multado con 68 millones y que sin embargo no se librará de las reclamaciones de las Administraciones. La trama estuvo canalizada a través de Fenin, la Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria, que engloba a 270 fabricantes y distribuidores, y que fue multada por su “participación fundamental” en el cartel, al igual que cuatro de sus responsables.

Fenin destaca ahora que “colaboró con las autoridades de competencia, acató la resolución de los tribunales y pagó la sanción”, pero por escrito niega la mayor: “En ningún momento fuimos parte de ningún acuerdo contrario a las normas de competencia”, alega, a pesar de que tras la multa hace ocho años implementó procesos auditados por terceros como medida correctiva. Javier Martín Ocaña, excoordinador del grupo de trabajo de absorbentes (GTAIO) de Fenin y hoy consejero delegado de Donte Group, ha rechazado comentar su sanción o pedir perdón por su desempeño sancionado. El Supremo anuló dos de las cuatro multas impuestas, a las exdirectivas María Aláez y Margarita Alfonsel, hoy directora del Observatorio de la Sanidad del diario digital El Español, al no considerarlas directivas. Tanto Essity como Grupo Hartmann, Bimedica, Ontex, Texpol y Albasa han rechazado hacer comentarios sobre sus sanciones.

Al margen del Gobierno y las autonomías, los consumidores habituales de pañales podrían interponer demandas civiles individuales, pero es complicado dada la década transcurrida desde que terminó el cartel. “El afectado tendrá que acreditar el desembolso extendido en el tiempo y con facturas”, apunta Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de la organización de consumidores Facua, que ve improbable interponer una demanda colectiva contra el cartel.

Los pañales absorbentes para adultos, destinados a unos 2,5 millones de consumidores, seguirán siendo un bien de consumo extendido, porque los médicos los recetan en ocasiones para evitar roturas de caderas por carreras nocturnas domésticas ante la incontinencia urinaria. La falta de competencia en la contratación pública en España, que representa el 15% de su PIB, cuesta a las arcas públicas unos 48.000 millones al año, según calculó la CNMC en 2017. Su programa de clemencia para incentivar las denuncias de prácticas anticompetitivas ha provocado 40 multas millonarias a diferentes sectores desde su inicio en 2007.

“La reclamación por daños derivada del cartel de absorbentes supone un precedente relevante para que las Administraciones públicas exijan los daños causados por otros muchos carteles que afectan directamente a las arcas públicas. Para que no pase como en el cartel de los sobres de papel, diseñado para perjudicar a las Administraciones, y en el que ninguna de ellas reclamó y dejó pasar el plazo para hacerlo”, alerta Poch.