Las reclamaciones del cartel de los coches llama la atención de los fondos
Un ‘family office’ del Principado capta 15 millones para poner la mayor demanda colectiva contra las marcas de vehículos que dará a los inversores intereses del 10% anual
En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sacó los colores a 25 marcas de coches. Les acusó de formar parte de un cartel para pactar precios y perjudicar así a sus clientes. La gravedad de los hechos le llevó a imponerles una sanción de 171 millones de euros, confirmada después por el Tribunal Supremo. Pero esa multa no solventaba la trampa que pusieron a los compradores, fueran particulares o empresas, que entre febrero de 2006 y agosto de 2013 habían adquirido vehículos por encima del precio justo si no hubiera habido concertación entre los vendedores y se hubiera roto el principio de libre competencia. El engaño, según la CNMC, afectó al 91% de los vehículos vendidos en el país en esos seis años a través de una reducción de las políticas de descuentos y un menor esfuerzo para aumentar la calidad del servicio.
Desde que se conoció la sentencia han sido diferentes las demandas que han llegado a los juzgados. Los despachos de abogados consideran que podría haber, a tenor de las matriculaciones de vehículos nuevos registradas aquellos años, hasta nueve millones de afectados. Cuanto más tiempo pasa más difícil es encontrar y convencer a aquellas víctimas, pero los bufetes especializados en la reclamación de daños están echando el resto. Ven negocio, como también lo han visto los fondos de inversión.
Systema Capital, un multifamily office con sede en Andorra que ya entró en 2019 en la batalla indemnizatoria del cartel de camiones, ha olido negocio, doblando la apuesta respecto al caso de los vehículos de gran tonelaje, y ha invertido 15 millones de euros a través de un fondo especializado para desarrollar una plataforma junto al despacho Allura & Peimondt que permita crear la mayor demanda colectiva sobre el caso. De momento, esa medalla la lleva colgada Redi Abogados a través de Cartel Damage Claims, que ostenta el récord de representar a 13.000 afectados, aunque entre los que han acudido a los tribunales se encuentran también la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) o BGI Law.
Objetivo: 100.000 vehículos
La alianza entre Systema Capital y Allura & Peimondt considera que con su esfuerzo económico —una buena parte de la inversión se dedica al marketing para buscar a posibles afectados— podría alcanzar los 100.000 vehículos. En esta batalla contra el cartel de coches es, de momento, el primero que, además de buscar particulares, está enfocado en la búsqueda de compañías propietarias de flotas de vehículos para reclamar la indemnización en los juzgados. Y es que, igual que con los turismos, se produjo un acuerdo para inflar los precios de las furgonetas.
El negocio de esta plataforma es claro. Considera que se produjo un sobrecoste medio de 3.000 euros por vehículo, lo que supone un negocio para ellos en torno a los 300 millones. Su trato con los potenciales clientes es quedarse un 30% de la indemnización aprobada en los tribunales (además del IVA correspondiente) en el caso de ganar. Si fracasan, el coste para el afectado sería nulo. La rentabilidad estimada para el fondo de inversión es de un mínimo de un 10% anual de la inversión realizada y un máximo del 20%, en función del tiempo que pase en cerrarse cada una de las demandas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció en 2022 que la reclamación de daños se podría prolongar hasta 2026. “Hemos hecho una estructuración y creemos que todo puede pasar entre cinco y diez años”, señala Iván Comerma, consejero delegado de Systema Capital.
El largo plazo se explica porque temen llegar hasta el Tribunal Supremo para acabar reclamando lo que ellos consideran la cifra justa de indemnización. “Se está indemnizando sobre el 7% del valor del vehículo, pero nosotros creemos que debería estar entre el 10,5% y el 13%”, explica Manel Espinosa, socio fundador de Allura & Peimondt, cuya plataforma se conoce comercialmente como recuperatudinero. El bufete cree que esa infravaloración se explica por la presentación de informes periciales que no acaban de ser creíbles en los juzgados. Para fortalecer esa vía, hay una tercera pata en la alianza: la consultora PQAXIS está elaborando las bases del informe pericial que seguirá las pautas de la Guía de Cuantificación de Daños fijada por la CNMC. Una vez que el regulador dio por demostrada la trampa, reconocida por las marcas, el paso ahora para reclamar es la cuantificación del daño provocado. Según Espinosa, fallar en el informe pericial puede suponer perder dos terceras partes de la indemnización: “Los juzgados de lo mercantil reconocen que todavía esperan un informe pericial que marque un estándar de calidad”.
Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Toyota y Volvo son las marcas que participaron en el cartel y que ahora podrían tener que asumir sus responsabilidades ante sus clientes en los tribunales. Incluso Seat y las otras marcas de Grupo Volkswagen, que se libraron de más de 30 millones de la multa de la CNMC por participar en el desmontaje de la asociación para pactar precios, tienen que afrontar esas responsabilidades. Para conocer si un vehículo estuvo afectado por el fraude solo es necesario acreditar la adquisición y la matrícula.
Espinosa espera empezar a tener resultados en forma de las primeras sentencias a finales de este año. Pero admite que hay dificultades respecto a la interposición de demandas. “Conseguir un 1% del total sería todo un éxito”, dice el socio Allura & Peimondt. Uno de los obstáculos es la falta de cultura en este tipo de casos, que sí existe en otros países anglosajones. Otro es la edad de los afectados, con un mínimo de 40 años pero con un grueso que se va hasta los 60 y 70 años, lo que complica todavía más la presentación de demandas sobre todo por la barrera que supone confiar en internet, la principal vía de entrada de las reclamaciones para particulares.
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