El periodista español Pablo González, liberado en el intercambio de presos de EE UU y sus aliados con Rusia

El periodista español Pablo González Yagüe ya está en libertad. El informador, que llevaba desde febrero de 2022 preso en Polonia acusado de espiar para el Krem­lin, ha sido excarcelado este jueves tras ser incluido en el canje de 26 prisioneros acordado entre EE UU y sus aliados europeos con Rusia. El presidente ruso, Vladímir Putin, saludó personalmente a González y al resto de los liberados por Occidente en una ceremonia de recibimiento en el aeropuerto de Moscú. El canje de presos ha supuesto también la libertad de Evan Gershkovich, el corresponsal en Moscú de The Wall Street Journal condenado en julio a 16 años de prisión por un tribunal ruso. Tras aquella sentencia, Gersh­kovich, de 32 años, se convirtió en un activo con el que negociar el posible canje de supuestos espías rusos apresados en el exterior. La inclusión de González, de 41 años, en el intercambio sitúa al periodista español en este último grupo, a pesar de que desde su arresto él y su entorno han negado rotundamente haber colaborado con el régimen de Vladímir Putin. Desde Ankara (Turquía), donde se realizó el canje, el periodista ha sido trasladado “por ahora” a Rusia, su país de nacimiento, según detalla una nota difundida por su entorno.

En esta nota, la familia destaca que la libertad del informador español forma parte en concreto de un intercambio entre Moscú y Polonia “de periodistas presos en ambos países” y que en el mismo “las razones humanitarias han sido primordiales”. En su mensaje, el entorno del periodista destaca que “las autoridades rusas han demostrado un interés real en buscar una solución a esta situación, mientras que otros se han centrado principalmente en criminalizar a Pablo González en lugar de defenderle y proteger sus derechos como periodista”, sin concretar a quién se refiere. El comunicado también señala que “tras un periodo de injusta reclusión”, este hará declaraciones a la prensa cuando “esté en condiciones de hacerlo”.

González, que tiene fijado su domicilio en Gernika (Bizkaia) y es colaborador freelance del diario Público y La Sexta, fue arrestado durante la noche del 27 al 28 de febrero de 2022, poco después del inicio de la invasión de Ucrania, en la ciudad polaca de Przemysl [situada a escasos kilómetros de la frontera con este país] por las autoridades de Varsovia. El Gobierno polaco difundió tres días después una nota en la que detallaba que la Agencia de Seguridad Interior (ABW, el servicio secreto de Varsovia) capturó al periodista “bajo sospecha” de haber realizado “operaciones en beneficio de Rusia, beneficiándose de su condición de periodista” durante la crisis de refugiados que siguió al estallido de la guerra, pero nunca llegó a presentar cargos formales contra él. La legislación polaca no establece ningún límite temporal para la prisión preventiva, que se puede prorrogar indefinidamente cada tres meses.

Desde entonces ha permanecido recluido en una celda sin ventanas del módulo de alta seguridad de la cárcel de Radom, a unos 70 kilómetros de Varsovia, en la que permanecía 23 horas diarias, con solo una hora de paseo en un patio de siete por cuatro metros, según detalló el periodista a la madre de sus hijos, Oihana Goiriena, en las cartas que le envió desde su reclusión y durante las tres visitas que le pudo realizar, en noviembre de 2022, en junio de 2023 y el pasado mayo.

Reporteros sin Fronteras y otras organizaciones de periodistas españolas e internacionales han denunciado durante estos 29 meses en varias ocasiones las condiciones extremadamente duras en las que se encontraba González sin respetarse su presunción de inocencia. Amnistía Internacional también pidió al Gobierno polaco que facilitase a González “información completa sobre los cargos que hay en su contra”, finalizase el régimen de aislamiento al que estaba sometido y revisase su situación de prisión provisional, “incluido el respeto a su vida privada y familiar”.

Polonia ha insistido durante todo este tiempo en que Pablo González, con tres hijos, utilizaba como “alias” los nombres de Aleksey Rubtsov o Pavel Rubtsov, tal y como figuró en el auto de prisión original. Estos, efectivamente, son los nombres que le pusieron al nacer: Pavel Alekseevich Rubtsov. Nació en 1982 en Moscú, ya que es nieto de un niño de la guerra, los menores trasladados a Rusia durante la guerra civil española. Por ello tiene la doble nacionalidad y dos pasaportes, y está inscrito con los dos nombres en el Registro Civil de Vizcaya desde 1991, en virtud de la sentencia de divorcio de sus padres, según detalló tras su arresto su abogado.

Cuando fue detenido, el periodista llevaba el pasaporte español y el ruso, cada uno con su nombre respectivo, por lo que ambos fueron considerados falsos por la policía polaca. El padre de González, Aleksiej, aún reside en Moscú. De hecho, este manda al periodista mensualmente 350 euros por transferencia como ayuda económica, lo que ha sido considerado por las autoridades polacas como una prueba más de que está al servicio del Kremlin. “El padre, ese dinero nos lo envía por el alquiler de unos pisos de la abuela en la capital rusa para echarnos una mano, porque mi marido es autónomo y freelance, y a veces el trabajo no le da”, explicaba en septiembre de 2022 Goiriena.

En estos años, la familia ha mostrado su malestar con el Gobierno español, al que ha acusado de no haber hecho “nada” para ayudar al periodista. Se quejan de que el presidente, Pedro Sánchez, apenas le dedicó tiempo al asunto durante su visita a Polonia en junio de 2022, cuando dijo que quedaba a expensas de los tribunales del país. El pasado febrero, al cumplirse dos años del encarcelamiento, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró en el Congreso a preguntas del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu que “en cada ocasión” en que se encontraba con su homólogo polaco le planteaba la situación del preso español.

Entonces, Albares señaló que en esos dos años el periodista había recibido 17 visitas del personal de la Embajada española en Varsovia y aclaró que, al tratarse de un país de la UE, su departamento se limitaba a prestar apoyo consular, ya que los órganos judiciales se comunicaban directamente entre sí y el margen de maniobra de los gobiernos es muy escaso.