Un salto federal ambicioso, pero no al vacío

El pacto entre los socialistas y los republicanos para investir president de la Generalitat a Salvador Illa supone un largo salto en el camino a la España federal, pero no al vacío. Muchos de los que hoy lo critican lo seguirán. Querrán aplicárselo también en casa, como ha sucedido siempre en la construcción del Estado autonómico.

El texto deja incógnitas e imprecisiones, y alguna incertidumbre. Pero nada que no pueda encauzarse por las vías legislativas e institucionales correspondientes (Parlament, Congreso, Consejo de Política Fiscal y Financiera, Senado), si quieren ser artefactos de convivencia y no de ruido o imprecaciones.

El autogobierno fiscal o cesión de impuestos a las autonomías alcanza con este hito su éxtasis. Es normal que proliferen los recelos. Cuando en 1993 se cedió el 15% de la recaudación del IRPF, se dijo que España se rompía. Cuando en 1996 Jose María Aznar acreció esa cesión al 30% a cambio del voto de Jordi Pujol a su investidura, en España también hubo ladridos. Cuando en 2001 la aumentó al 33% para obtener otra vez su apoyo, las protestas fueron en sordina. Aumentaron cuando en 2009 se extendió la corresponsabilidad fiscal de las autonomías a tres impuestos, entre ellos el IRPF y el IVA, al 50%, pero ya menos.

Lo de ahora es un paso más, en la misma senda. Cierto que más contundente y ambicioso: prefigura la recaudación completa de todos los impuestos para la comunidad que los origina: aunque nada concrete sobre el de sociedades. Pero, sobre todo, estipula un doble peaje trascendental: los catalanes seguirán pagando, aunque de otra manera, sendos peajes en contraprestación a los servicios que les presta el Estado (Defensa, política exterior...); y una contribución solidaria para la nivelación de los territorios menos prósperos, ampliando lo que ocurre (si bien modestamente) en el concierto vasco y el convenio navarro.

Mientras eso se cumpla, estamos dentro de la esfera constitucional, aunque pueda Cataluña desgajarse de la LOFCA: sin problema, es una mera ley, reemplazable o reformable. No hay en esencia peligro de insolidaridad, descohesión o desguace de las subvenciones a los territorios receptores de fondos de cohesión internos.

Claro está que todo depende del grado. La excelencia o inconveniencia de la operación se verá según varios parámetros. Primero: que sea suficiente para los catalanes, guardando la “ordinalidad” por la que el más solidario (y son los terceros en esa virtud) no acaba en penúltimo lugar a la hora de la financiación per cápita, como ahora. Segundo, que puedan replicarla otras autonomías interesadas, como siempre hicieron. Y tercero, que el Estado (o sea, la Administración General del Estado), no se quede en los huesos para prestar erga omnes los servicios que tiene atribuidos. Eso dependerá de cómo y en cuánto se fije la “cuota de pertenencia” a ese Estado, y de cómo y en cuanto se establezca el apoyo a los meridionales: la solidaridad es un imperativo moral permanente, pero no de cuantificación fija e inmutable.

Antes de enredar, protestar y subvertir, tomemos ejemplo de los vecinos. El Tribunal Constitucional de la Alemania Federal, con sede en Karlsruhe, tiene formulada la doctrina según la que la cesión de competencias (hacia “arriba”, la UE) se ancla en el dilema de si la RFA retiene suficientes competencias como para ahormar el futuro económico del país. Por fortuna es una discusión reservada a quienes sumen y resten. Envidiosos, pescadores en río revuelto e insultadores profesionales, abstenerse.