La Audiencia de Sevilla ordena excarcelar a otros dos ex altos cargos andaluces 12 días después de ser amparados por el Constitucional

La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado la puesta en libertad del exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández y del exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, después de que el Tribunal Constitucional anulara el pasado 3 de julio parte de sus condenas en la llamada pieza política del caso de los ERE. La providencia de su excarcelación se ha hecho esperar porque, a diferencia del resto de exconsejeros que fueron amparados ese mismo día, el envío de la sentencia del tribunal de garantías no fue inmediato, un retraso que ha incomodado a las defensas de los dos ex altos cargos de la Junta.

“Esta situación, verdaderamente kafkiana, es a mi juicio gravísimamente lesiva del supremo derecho a la libertad personal de Antonio Fernández García, que no debería permanecer privado de libertad ni un minuto más, además de suponer un tratamiento discriminatorio y desigual en relación con otros justiciables en su misma e idéntica situación de sentencia de condena anulada”, se lamentaba la semana pasada el abogado del exconsejero de Empleo, Alfonso Martínez del Hoyo, que dirigió un escrito al Constitucional para que remitiera su sentencia a la Audiencia Provincial, requisito imprescindible para poder dictar su excarcelación.

Fernández cumple condena en el centro penitenciario Puerto III, en Cádiz, y Rodríguez Román, en Sevilla-I, ambos desde enero de 2023. El exconsejero de Empleo ya estuvo en prisión preventiva durante la investigación de la causa de los ERE por parte de la jueza Mercedes Alaya, que siempre lo señaló —junto con el ya fallecido Javier Guerrero— como uno de los principales artífices del procedimiento para eludir los controles en el reparto de las ayudas a los parados andaluces.

Sobre el exconsejero de Empleo, condenado a siete años y 11 meses de prisión por malversación en la sentencia que ahora ha ordenado corregir el tribunal de garantías, pesa, sin embargo, otra condena por una de las piezas separadas de los ERE. La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla le impuso en enero de 2022 siete años de cárcel por las ayudas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), al considerarle autor de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos, por su intervención en la concesión de 2,9 millones de euros a esa conservera. Fernández recurrió ante el Supremo alegando que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. También está pendiente de conocer la sentencia sobre el caso Surcolor, una empresa sevillana que recibió 2,3 millones de euros provenientes del fondo de ayudas para los parados andaluces. Otra de las causas relacionadas con el reparto de ayudas fraudulentas.

En ambos casos, la sala, contra el criterio de la Fiscalía, decidió mantener en el banquillo al exconsejero, pese a haber sido condenado por los mismos delitos —prevaricación y malversación— que en la pieza política, cuando en otras causas no se ha incluido a los ex altos cargos condenados como acusados, en virtud del principio de non bis in idem, que garantiza que nadie pueda ser juzgado dos veces por el mismo delito. El fallo de Surcolor está pendiente de la resolución del recurso de casación contra la sentencia de Acyco presentada ante el Supremo. “La sentencia del Constitucional debería tener impacto en este procedimiento”, ha señalado su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo.

El amparo a Fernández y Rodríguez Román, en todo caso, no es completo. El Constitucional no ha concedido amparo a los recurrentes en el caso de la disposición de fondos públicos para fines distintos a los previstos a los recogidos en el programa 31 L de los Presupuestos autónomos, en el que se regulaban las ayudas sociolaborales y para empresas en crisis. Tampoco ha ordenado anular su condena en la malversación vinculada a las modificaciones presupuestarias que se hicieron al margen de esa partida presupuestaria.

Con estas dos órdenes de excarcelación, son ya cinco los condenados por malversación en el caso de los ERE que han sido puestos en libertad o van a serlo en breve: Miguel Ángel Serrano, el primero en salir hace dos semanas; Fernando Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, que lo hicieron el 3 de julio, y a lo largo del día de hoy, previsiblemente, Antonio Fernández y Jesús María Rodríguez Román. Siguen en prisión el exviceconsejero andaluz de Empleo Agustín Barberá y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, cuyo recurso de amparo fue rechazado por el Constitucional por un defecto de forma y que está en régimen de semilibertad desde junio de 2023.

El expresidente de la Junta José Antonio Griñán tiene suspendido su ingreso en prisión por enfermedad, y el exdirector de Trabajo Juan Márquez, a quien el Supremo rebajó su condena por malversación a tres años, la tiene suspendida por un año mientras se resuelve su petición de indulto, aunque ha ingresado en prisión, precisamente para cumplir la condena impuesta en el caso Acyco.