La exclusión de los exconsejeros condenados en la pieza política de los ERE marca el inicio del tercer juicio sobre la macrocausa

La ausencia como procesados de los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández y José Antonio Viera, y del fallecido ex director de Trabajo, Javier Guerrero, ha centrado la primera sesión del tercer juicio sobre los ERE, en el que la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla juzga las ayudas por 8,4 millones de euros otorgadas a empresas vinculadas al corcho de la Sierra Norte de Sevilla. La defensa de uno de los cinco encausados, el exalcalde de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla —hermano de quien fue presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla— ha esgrimido la “indefensión” que supone para su representado que no se enjuicie a los ex altos cargos citados, puesto que ellos son considerados autores y el resto de acusados están llamados en calidad de “cooperadores necesarios”.

La decisión de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla de excluir de las piezas del caso de los ERE que tiene asignadas a los ex altos cargos de la Junta implicados en “procedimiento específico” o pieza política —en la que fueron condenados dos expresidentes del Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y otros 11 exmadatarios de Gobiernos socialistas― por considerar que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, puede convertirse en el nudo gordiano que determine el futuro del centenar de procesos en los que se ha dividido la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos.

La defensa de Rodríguez de la Borbolla ha considerado “irracional y extraño” que “los autores principales de los hechos no puedan ser enjuiciados al ser excluidos por haber sido juzgados en el procedimiento específico”, en el que se condenó el mecanismo por el que se canalizaban las ayudas objeto del resto de las piezas separadas que siguen pendientes en los tribunales. “Se va a juzgar un supuesto procedimiento ilegal sin que los autores estén aquí”, ha abundado el letrado, que ha insistido en que esa circunstancia supone una “vulneración de los derechos fundamentales” de su cliente y del principio de seguridad jurídica. En el fallo de la pieza política dictado en noviembre de 2019, Viera fue condenado a siete años de prisión y 18 de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación y Fernández a siete años y 11 meses de prisión y 19 años y seis meses de inhabilitación absoluta por los mismos delitos.

El letrado no solo ha destacado que la sentencia de la pieza política de la macrocausa no es firme —la revisión por parte del Tribunal Supremo está prevista para los días 4 y 5 de mayo―, sino que ha recordado que la Sección Tercera, que hace unos meses emitió el segundo fallo relacionado con el caso de los ERE, rechazó la exclusión de Fernández en el proceso, por entender que “era prácticamente inviable” condenar a los beneficiarios sin los concedentes. Precisamente en ese juicio los magistrados rechazaron el alegato de la defensa del exconsejero de Empleo, que apeló a la exclusión de los ex altos cargos condenados en la causa política por el principio de non bis in ídem (no castigar más de una vez a una misma persona por un mismo hecho), dictaminada por la Sección Séptima. En ese segundo proceso de los ERE que juzgaba las ayudas recibidas por una empresa de aceitunas, Fernández fue condenado a otros siete años de prisión.

En el proceso que este martes ha comenzado —y que se extenderá hasta mayo, una vez el Supremo haya dirimido sobre la sentencia por la causa política― se juzgan las ayudas autonómicas concedidas entre 2001 y 2007 a seis empresas vinculadas con el sector del corcho a través de las “transferencias de financiación”, el sistema de pago por el que se distribuyeron de forma fraudulenta los fondos destinados a los ERE, de acuerdo con la sentencia de la pieza política de noviembre de 2019. El montante de esas ayudas ascendió a más de 8,4 millones de euros que se otorgaron “prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ellos, sin fiscalización, justificación ni control previo y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria”, según determinó en el auto de apertura del juicio oral José Ignacio Vilaplana, el juez instructor de esta pieza separada.

Además de Rodríguez de la Borbolla, vinculado al grupo de empresas que presuntamente recibió las ayudas fraudulentas, también están encausados el actual alcalde de cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero, el coadministrador de las empresas, un empresario portugués y un responsable de una entidad bancaria. Todos están acusados en calidad de cooperadores necesarios de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. La Fiscalía solicita para Rodríguez de la Borbolla siete años de prisión y 17 de inhabilitación absoluta y para el regidor cuatro años de cárcel y 12 de inhabilitación.