Aguayo, consejera exculpada en el ‘caso ERE’: “El PP no debería descalificar al Constitucional”

En las ponencias de fallo del Tribunal Constitucional a los recursos de amparo de los políticos condenados por el caso de los ERE, la exconsejera de Economía de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo ha salido especialmente bien parada. El órgano de garantías le reconoce que no cometió malversación, delito por el que fue condenada por la Audiencia de Sevilla, y que luego ratificó el Supremo, a seis años de cárcel, que se sustanciaron en un año y medio en prisión hasta que, a principios de junio, se le aplicó el tercer grado penitenciario. Mujer de pocas palabras, este sábado el PSOE de Andalucía ha difundido una entrevista en la que la expolítica se duele de la actitud del PP tras conocerse los fallos del Constitucional y culpa al partido de no respetar la legitimidad del órgano de garantías.

“No deberían estar descalificando a tan alto tribunal que es el último garante de nuestros derechos”, apunta Aguado en la grabación. “El Constitucional me da amparo (...) y creo que estoy legitimada (...) a pedir el mismo respeto al Tribunal Constitucional de aquellos, que también son parte del proceso, que cuando les ha dado la razón el tribunal yo he callado. Ahora, deben callar”, recalca. El PP, “parte acusatoria” en el caso, “tiene que ser respetuoso con la justicia”, insiste la exconsejera, una de los ex altos cargos de la Junta condenadas en la llamada pieza política del caso que menos ha hablado públicamente desde que fue acusada.

Esta semana mandatarios del PP han salido en tromba para criticar la resolución del Constitucional sobre el caso de los ERE. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, lo tildó de “indulto por la puerta de atrás”. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo, lo calificó de “escándalo”. Antes, y aunque luego rectificó, el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, llegó a referirse al Constitucional como “cáncer del Estado de derecho”. Y hace unos días el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló en una entrevista, aunque a cuento de su anunciado recurso a la ley de amnistía: “Tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional”, si bien confirmó que lo presentarán “no por confianza en la imparcialidad de los integrantes de dicho órgano, sino por respeto a la propia institución”.

En la entrevista, Aguado acusa al PP de tener una actitud “brutal” contra los inculpados y que para ello se han amparado en “una estrategia de generar una gran mentira, sabiendo que es mentira”. “Las personas que firmaron la denuncia sabían perfectamente que lo que estaban firmando no era verdad, porque habían conocido los Presupuestos y sabían que existía la partida [la 31L], la habían enmendado y la habían apoyado“. En una referencia a los actuales dirigentes del PP andaluz, Aguado recalca que el informe de la Cámara de Cuentas del año de 2021 lo “hizo la actual viceconsejera de Economía y Hacienda”, Amelia Martínez Sánchez, del PP.

“Un crédito no puede delinquir, es una cosa neutra, es un dinero que se pone a disposición, si el Parlamento lo autoriza, del órgano competente para que aplique una política que ha de ejecutar conforme a la ley”, abunda Aguado en la entrevista, difundida en redes por destacados dirigentes socialistas de Andalucía. La exconsejera se pregunta por qué si el PP considera que los trabajadores perciben aún hoy un dinero de los ERE que entiende “tan ilegal, tan irregular”, el actual gobierno de la Junta no les exige la devolución: “Ahí están los procedimientos administrativos para reclamarlo trabajador a trabajador”, porfía.

El Constitucional entiende que Aguado sufrió una doble vulneración de sus derechos fundamentales porque se lesionaron su derecho a la presunción de inocencia y el principio de legalidad penal, por la incorrecta aplicación del delito de malversación. En sus ponencias, el órgano de garantías entiende que, en general, es inviable una condena por malversación en los casos de estricto cumplimiento de las leyes, como las del Presupuesto de Andalucía, que nunca fueron impugnadas. En el caso de Martínez Aguayo ni su departamento ni ella gestionaron los fondos públicos millonarios que fueron adjudicados, sin control alguno, desde la Consejería de Empleo, pero los tribunales que la condenaron —la Audiencia de Sevilla tendrá ahora que revisar su sentencia— entendieron que debió actuar para impedir el fraude de los ERE.

La exconsejera recalca que ha salido de la cárcel “tan inocente” como entró, que nunca perdió la confianza en la justicia, y que el Constitucional no la ha “amnistiado” ni dado “un perdón de ningún tipo”; “Me ha dado la razón en que se han vulnerado mis derechos fundamentales”, concluye. El año y medio que ha pasado entre rejas lo ha vivido “con cierto estoicismo”. “He sufrido más por los demás que por mí misma, porque yo era capaz de sobrellevar[lo]”, insiste.

El PSOE, con amenaza de querella incluida, ha acusado al PP de emprender una “cacería política” contra los dirigentes exculpados, a los que el secretario general de los socialistas, Juan Espadas, ha ofrecido devolver el carné del partido tras las sentencias del Constitucional, que en el caso de Aguayo implican su exculpación y en el de otros, como el exconsejero de Empleo de la Junta andaluza, una reducción de la pena.