Detenido en Rumania un ciberestafador español con más de 300 denuncias en todo el país

Huir al extrarradio de Bucarest no fue suficiente para impedir que las autoridades españolas le reclamaran sus estafas en España. Daniel M. V., de 29 años ―considerado uno de los ciberestafadores más activos del país e implicado en múltiples tipos de timos, como alquileres vacacionales, secuestros de cuentas de Whatsapp, o el famoso engaño del hijo en apuros― ha sido arrestado en Rumanía después de que haya acumulado más de 300 denuncias en todo el territorio nacional. Una investigación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil le ha traído de vuelta a España, donde se encuentra en prisión provisional tras haber sido puesto a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona. Junto al supuesto cabecilla de una organización de ciberestafadores han sido arrestadas otras cuatro personas en Murcia, Málaga, Alicante y Tenerife, cuyo supuesto papel era ayudar a borrar el rastro del dinero moviéndolo por diferentes cuentas bancarias. Los investigadores han encontrado movimientos por valor de 10 millones de euros en las depósitos investigados.

Daniel M. V. ―que hace unos años hizo sus pinitos como futbolista y otras prácticas deportivas, según fuentes cercanas al caso― tocaba todas las ciberestafas conocidas, según explica uno de los agentes que ha participado en la investigación. “Se las arreglaba para poner un falso anuncio de alquiler una propiedad en Madrid o para hacerse pasar por un asesor bancario”, explica este investigador. “Estaba plenamente dedicado a esto”, añade. Su fuerte era la creación de documentos de identidad falsos para abrir cuentas bancarias y hacer desaparecer el rastro del dinero que supuestamente obtenía con las ciberestafas. Los agentes que registraron su domicilio encontraron 55 DNI, todos con su foto, pero a nombre de otras personas. Con esos documentos, que a simple vista se puede apreciar que son falsos, podía convencer a las entidades bancarias, a través de imágenes o de un vídeo, para que abrieran una cuenta online a su nombre.

La operación, bautizada Kalinka-Tirano, comenzó hace casi tres años, cuando se registraron cinco denuncias en la Guardia Civil por secuestros de cuentas de Whatsapp y otras ocho denuncias por estos mismos hechos delictivos en comisarías de la Policía Nacional. A todos les había ocurrido lo mismo, así que se inició una investigación conjunta. Las primeras pesquisas apuntaron a un grupo organizado que lideraba Daniel M. V., de nacionalidad española y originario de Mucia. Las más de 300 denuncias que se han llegado a acumular en dependencias policiales son por un amplio abanico de delitos telemáticos: secuestro de cuentas de Whatsapp y solicitud de envío de dinero por Bizum a contactos, estafas con alquileres vacacionales, contratación de microcréditos fraudulentos, o el famoso timo del hijo en apuros, por el que se envían mensajes haciéndose pasar por un hijo que necesita un ingreso urgente de dinero para cubrir una emergencia. Todo ello, sin dejar de lado los clásicos, como hacerse pasar por el banco para pedir las claves u otra información confidencial a través de un correo electrónico (conocido como phising) o enviar mensajes de texto invitando a descargar programas que resultan ser maliciosos, o a compartir sin querer información confidencial con cibercriminales (también llamado smishing).

El principal investigado y líder de la organización había salido de España hacía “varios años”, según información policial. A pesar del gran volumen de dinero que manejaba en sus cuentas, se estableció en un barrio modesto, trataba de no llamar la atención, y estaba arropado por familiares, que también residían en Rumanía.

Daniel M. V. tenía hasta 33 requisitorias judiciales de varios tipos y de diferentes juzgados de toda España. En tres de ellas pedían su ingreso en prisión. El equipo conjunto de Guardia Civil y Policía Nacional solicitó la colaboración de la Policía rumana, que le localizó en un domicilio del extrarradio de Bucarest, donde finalmente fue detenido el pasado febrero. “La colaboración de las autoridades rumanas ha sido fundamental para poderlo traer”, agradece el investigador.

Durante el registro de su vivienda, los agentes encontraron una impresora industrial para poder crear documentos de identidad, que según las investigaciones supuestamente utilizaba para abrir cuentas bancarias con identidades de otras personas y en las que después se ingresaba y blanqueaba el dinero que se había obtenido de forma ilegal. También se intervino una estación de minado de criptomonedas (que sirve para generar criptomonedas), una impresora industrial, varias tarjetas de crédito fraudulentas, documentos nacionales de identidad españoles falsificados y cientos de soportes de tarjeta listos para ser imprimidos. En la investigación han participado conjuntamente agentes del grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional en Navarra y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la misma comunidad foral.