El refugiado sudanés que ganó el pulso al Gobierno ya está en España

Basir aterrizó esta semana en el aeropuerto madrileño de Barajas entre la alegría y la confusión. Se repetía todo el tiempo que, después de años huyendo, por fin estaba a salvo, aunque antes de meterse por fin en una cama —la primera en la que duerme en años—, tuvo que pasar por varios sobresaltos. Su viaje en avión desde Rabat no llegó a las dos horas de duración, pero es ya un hito que puede abrir la puerta a casos similares. Basir, nombre ficticio de un sudanés que sobrevivió a la tragedia de Melilla de junio de 2022, que fue devuelto en caliente por la Guardia Civil y luego trasladado contra su voluntad a cientos de kilómetros de la frontera por las autoridades marroquíes, ha logrado abrir una brecha en el sistema. En diciembre de 2022, pidió asilo en la embajada española de Rabat y consiguió, a pesar de las reticencias y la pasividad del Gobierno, que la Audiencia Nacional le diese la razón y obligase a todos los estamentos competentes a cumplir con su obligación. Ahora, tras un año y medio de haber presentado su solicitud, el Ministerio de Exteriores se ha visto obligado a traerlo a Madrid, el de Migraciones a darle acogida y el del Interior a facilitarle sus trámites para formalizar su petición de asilo.

Basir, de 25 años, lleva desde los 15 huyendo tras un ataque que sufrió en su aldea, en la conflictiva región de Kordofán del Sur, en el que murieron su padre y uno de sus hermanos. Fue acogido por unos familiares que nunca aceptaron que fuese cristiano y acabaron amenazándolo de muerte si no se convertía al Islam. “Si eres cristiano en Sudán, te consideran un pagano y creen que te pueden matar para hacerle un favor a Dios”, contó a EL PAÍS en diciembre de 2022. Volvió a huir y pasó por Egipto, Libia y Argelia antes de decidir dar el salto a Europa a través de la valla de Melilla. Aquel intento, en el que participaron cerca de 2.000 personas, la mayoría refugiados sudaneses como él, provocó una brutal reacción de las fuerzas de seguridad marroquíes (con la participación de la Guardia Civil) que se saldó con decenas de muertos y desaparecidos. Basir, como la mayoría de los supervivientes, fue forzado a subirse a un autobús que, en su caso, le dejó en Beni Melal, una ciudad que Rabat usa para el destierro de migrantes y de la que tardó meses en salir.

Seis meses después de aquello, DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos asumió su caso y solicitó en la Embajada de España en Marruecos la aplicación del artículo 38 de la Ley de Asilo, que permite que el solicitante sea transferido a territorio español para solicitar protección internacional. Es un artículo que, hasta ahora, se aplica de forma discrecional y del que se han beneficiado afganos huidos a otros países, pero muy restringido a otros casos, especialmente subsaharianos en Marruecos. Su petición se quedó en un cajón durante meses, a pesar de que en sede parlamentaria el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había defendido en varias ocasiones que esta era la fórmula para venir a España y pedir protección, y no saltando una valla. Mientras tanto, hasta el Congreso —incluyendo al PP y Vox— votó a favor de que Basir fuese trasladado a España en la misma moción en la que se reprobaba a Grande-Marlaska por su gestión de la tragedia de Melilla.

Ante la ausencia de respuesta durante un año, el pasado mes de diciembre los abogados Adilia de las Mercedes y Arsenio Cores pidieron a la Audiencia Nacional una medida cautelar para trasladar a Basir a territorio español, la concesión del salvoconducto necesario y que se le concediera una cita para realizar la solicitud de asilo una vez en España. La medida, de cumplimiento inmediato, fue concedida el pasado 29 de febrero, pero hicieron falta cuatro resoluciones más y casi tres meses, para que se obedeciese el auto. “La Sala podrá [...] imponer al Excmo. Sr. Embajador multas coercitivas hasta la completa ejecución de lo ordenado, sin perjuicio de, en su caso, deducir testimonio para depurar la existencia de responsabilidad penal”, llegaron a advertir los magistrados.

“La victoria de Basir, sin duda, es un precedente importantísimo para las personas refugiadas que solicitan protección internacional en las representaciones diplomáticas de España”, han afirmado sus abogados en un comunicado. “Pero también demuestra que, a día de hoy, la existencia de vías legales para acceder al derecho de asilo, como ha reiterado el ministro Grande-Marlaska en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo, no es real. Y no lo es muy especialmente para las personas negras, lo cual es reflejo del lamentable e ilegal racismo institucional de nuestra Administración”.

Últimas turbulencias

Aunque Basir ya empieza a sentirse tranquilo, no ha tenido la recepción que esperaba. Mientras sus abogados lo esperaban en el aeropuerto sin poder comunicarse con él, dos agentes de la Policía Nacional fueron a buscarlo a la puerta del avión. Los agentes, ha contado el joven, le obligaron a guardar su teléfono móvil en la mochila y lo llevaron a una sala del aeródromo. Él, que no sabía qué estaba ocurriendo porque nadie le había informado de este procedimiento, pidió hablar con sus abogados, sin éxito.

“Estaba desconcertado y asustado ante lo que estaba sucediendo, desconocía si le iban a llevar a una prisión, si le iban a expulsar o si le iba a suceder algo peor. Comenzó a revivir los recuerdos de la tortura sufrida a manos de policías en otros momentos”, han denunciado sus letrados. Los agentes le tomaron fotos y registraron sus huellas dactilares hasta que, por fin, llegó un responsable de la ONG que lo acoge para llevárselo al centro donde se encuentra. Solo allí consiguió llamar. “Estaba como ciego, sin información sobre nada de lo que estaba sucediendo. No entendía por qué todo el mundo me negaba la posibilidad de hablar con mis abogados”, contó Basir al encontrarse con ellos.

Preguntado al respecto, el Ministerio de Migraciones, responsable por esa recepción, no ha respondido a las preguntas de EL PAÍS sobre si este es el protocolo habitual en estos casos. En otras situaciones en las que se ha trasladado a España a refugiados afganos en circunstancias muy parecidas no ha habido intervención policial y los primeros en recibirlos han sido empleados de las ONG, según explican otros abogados familiarizados con estos procedimientos.