Joaquín Urías: “El sesgo nos lleva a que, por encima del legislador, prime la creencia del juez”

Joaquín Urías (Sevilla, 56 años) lleva tres décadas explicando la teoría de los derechos fundamentales en las aulas de la Universidad de Sevilla, donde es profesor del departamento de Derecho Constitucional. Tuitero muy activo y asiduo colaborador en medios de comunicación, es uno de los juristas de cabecera de la izquierda y una de las voces más incisivas sobre del sistema judicial español, al que elogia bondades, pero le reprocha no haber conseguido deshacerse de algunos lastres del pasado. A explicarlo dedica su último libro, La Justicia en el banquillo (Arpa), donde hace un repaso crítico del engranaje judicial. “A nuestros jueces no se les enseña a ser imparciales y, aunque se esfuercen en ello, muchas veces se dejan llevar por los prejuicios o los sesgos. No significa que actúen al dictado de partidos políticos ni de nadie, sino que su manera de pensar se refleja en sus decisiones”, señala en una conversación telefónica desde Albania, país en el que dirigió, entre 2010 y 2014, un proyecto de la Unión Europea para reformar el sistema judicial.

Urías defiende en su libro que en España hay un problema de falta de imparcialidad y neutralidad en la justicia. A esta situación se ha llegado, según explica, porque los males históricos (una carrera ideológicamente muy homogénea o la forma de acceso a la cúpula judicial) han confluido con otros más nuevos (la polarización política o el altavoz de las redes sociales). El resultado es que “algunos jueces”, asegura, se han convertido en actores políticos. Considera que sucede en todos los niveles de la justicia, pero las consecuencias son más importantes cuando se da en la alta magistratura, la que resuelve sobre cuestiones clave para el país. “El sesgo nos lleva a que, por encima de la voluntad del legislador democráticamente elegido, prime la creencia del juez”, advierte Urías, que fue letrado, durante siete años, del Tribunal Constitucional.

Y esto ocurre en una carrera, la judicial, en la que la mayoría de sus miembros se alinean ideológicamente del lado conservador. “Son datos. Lo demuestra el asociacionismo judicial o las elecciones para los pocos cargos que se pueden elegir por parte del juez. A través de las oposiciones, del sistema de preparadores, se favorece una determinada ideología. Pero esto no es necesariamente un problema si es capaz de mantener su imparcialidad. El problema es que sepamos que los jueces son conservadores, que lo notemos en sus sentencias o en su participación pública”, asegura Urías.

En su libro expone casos que considera de lawfare, pero todos afectan a políticos de partidos de izquierdas —Ada Colau, Mónica Oltra, Alberto Rodríguez, Victoria Rosell— o a independentistas. ¿Los de derechas no lo han sufrido? No es lo habitual, asegura el autor: “Cuando hablamos de lawfare nos referimos a la utilización de la justicia para alterar los resultados políticos dentro de una democracia. Eso no necesariamente implica que los jueces participen activamente. Pero en todos los casos que yo cuento en el libro, los jueces, como mínimo, se han dado cuenta de que se estaba utilizando la judicatura de mala manera y no le han puesto remedio. No se suele dar contra políticos de derechas en ningún país porque la judicatura protege suficientemente los derechos de quienes considera cercanos a un modo de entender el mundo. El lawfare surge contra políticos transformadores, no necesariamente de izquierdas”.

Jueces tuiteros

Urías, que pide soluciones ante la falta de medios y la sobrecarga de trabajo que sufren los jueces, dice sentirse especialmente preocupado por un fenómeno reciente: los jueces tuiteros, que, advierte, se han convertido en actores políticos, muchas veces bajo anonimato. “Los jueces españoles en las redes sociales actúan sin contención. Si uno ve a un juez en Twitter diciendo burradas contra los políticos que no piensan como ellos y torciendo las leyes, después uno tiene miedo de que en su sala de juicio haga lo mismo”, afirma. Y considera que habría que regular la situación y que, al menos, los jueces necesiten el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para expresarse en público. “Como ciudadano puede hacer lo que quiera. El problema de España es que, como en las redes sociales los jueces quieren tener público y tener prestigio, todos ellos se presentan como juez porque, si no, sus opiniones serían como las de cualquiera. Pero es muy difícil confiar en un juez después de leer las cosas que a veces dicen”.

Entre otras posibles reformas para mejorar la confianza ciudadana en la justicia, el profesor aboga por retirar al CGPJ la competencia para elegir discrecionalmente a los miembros del Tribunal Supremo, una propuesta que también defiende el actual presidente suplente del Consejo, Vicente Guilarte. Sin esa facultad, asegura Urías, los partidos perderían interés en controlar el CGPJ, lo que evitaría que se repitiera la situación actual, con la renovación del órgano de gobierno de los jueces bloqueada desde hace más de cinco años por la negativa del PP a llegar a un acuerdo con el PSOE. Para Urías, no obstante, las circunstancias actuales no deben desembocar en dejar al Congreso y el Senado al margen de la elección del CGPJ. “El Consejo es un órgano político, hace política judicial. Decide dónde tiene que haber un juzgado, donde debe haber más jueces, dónde debe haber menos. Y la política judicial no puede estar en manos solamente de jueces”.