Conchita y los ocho vecinos de Santander ganan el pulso contra un gran inversor en pisos turísticos: “De aquí no nos vamos”

De “Para acometer las obras será necesario el desalojo total de los inquilinos y/o propietarios” a “No hay ni habrá ninguna presión para que se vayan del edificio”. Ese es el giro que ha dado en Santander un grupo inversor en pisos turísticos tras la lucha vecinal que se ha encontrado en un edificio que pretende comprar. En las 27 viviendas de este céntrico inmueble, apenas quedan cuatro casas habitadas y nueve vecinos, un caramelo para su dueño después de que esos inversores se interesaran en adquirir Santa Clara, 8, para destinarlo a uso turístico. Los residentes denunciaron ante los medios ese “necesario desalojo total” y han conseguido, tras el escándalo, que la empresa negocie y ofrezca mejores condiciones para que esas personas se marchen durante las obras. Vecinos como Conchita Mantilla, de 89 años, bajo un alquiler de renta antigua, temían que la nueva propiedad los echara o los incomodase hasta forzarlos a marcharse. “De aquí no nos vamos”, desafiaba antes de que la entidad cambiase el guion.

El proceso, afirman los vecinos, ha sido sibilino. La finca perdía gradualmente habitantes tanto por defunciones como por motivos diversos, pero nunca había reemplazo, esas casas no salían al mercado. Inocentes, no pensaron que el propietario aspiraba a dejarlo vacío para venderlo en su conjunto ante un buen comprador. Ese día llegó con solo nueve almas en las cuatro estancias abiertas actualmente, una de ellas la de la beligerante Mantilla, quien después de 60 años entre esas paredes se niega a movimientos a estas alturas. “El susto que me han dado es gordísimo. Cuando me dieron la noticia llamé a un psicólogo y a mi abogado, fue un mazazo en la cabeza, pero luego hemos ido viendo las cosas y están suaves, suaves”, explica la mujer, amparada por su arrendamiento de renta antigua por 600 euros mensuales, más difícil de romper que el establecido en legislaciones posteriores.

Portavoces de la compañía, la argentina Global Cuena, piden calma: “Se han precipitado los vecinos. Llevan tiempo con mala experiencia con la antigua propiedad y aún no han escuchado a la nueva propiedad, que aún no está concretada, aunque lo probable es que se cierre la operación”. “Van a respetar sus derechos, no hay problemas ni prisas ni presión”, afirman, pese a la primera carta alertando de la necesidad de marcharse, e insisten en la “situación catastrófica del edificio” como clave para rehabilitarlo por completo. Los vecinos que se queden, sostienen, “disfrutarán de las mejoras”.

Una carta certificada trata de apaciguar los temores. “No hay ni habrá ninguna presión para que se vayan del edificio” y “no planeamos dedicar el edificio, ningún piso, a apartamentos turísticos”, afirma la misiva, si bien fuentes presentes en reuniones iniciales con los inquilinos aseguran que entonces sí plantearon que sí tendría fines turísticos. Santander ha incrementado en los últimos años el número de visitantes veraniegos, cantidad siempre difícil de precisar. La oficina municipal de turismo atendió el pasado 2023 a 65.948 personas, un 27,5% más que el año anterior. Entre ellos destaca el crecimiento del viajero extranjero, cuya cantidad se elevó un 47% mientras los turistas españoles crecieron un 21%. Santander y Cantabria, al igual que Asturias, han experimentado un notable incremento de demanda hostelera gracias a sus temperaturas más suaves, que contrastan con las altísimas temperaturas estivales de regiones más cotizadas como Andalucía o la cornisa mediterránea.

Mantilla, antes de recular la inversora, dejaba clara su postura: “Como no me echen a patadas, de aquí no me muevo”. Ella trató con esos abogados “muy amables” que intentan negociar: le ofrecieron pagarle la mudanza y la diferencia de alquiler entre esa morada y aquella en la que se instalara si la nueva fuese más cara. Nanay. “La mudanza ya la haremos si nos da la gana, no nos vamos a mudar ni mover de aquí”, proclama, contenta con la reacción vecinal contra los inversores. Las denuncias en medios de comunicación, valora, han servido para hacer recapacitar a la compañía.

El mayor temor que albergaba la mujer implica que, aun respetando a los residentes, el nuevo dueño optara por ejecutar las obras y empezara un infierno de ruidos, cortes de agua y electricidad, paros en el ascensor y demás horrores asociados a una reforma de la que se beneficiarían turistas o gente sin implicación con Santander o con el barrio. “Los dueños lo venderían muy requetebién, el edificio es grandísimo y los pisos muy grandes”, resume. La zona, atractiva por su proximidad al Ayuntamiento, al paseo Pereda o al centro Botín, ha vivido en los últimos años la turistificación.

Portavoces del Ayuntamiento de Santander, a falta de resolución del caso, afirman que “la licencia que, en su caso, se pueda solicitar es un acto regulado según la normativa vigente, el resto es un asunto entre particulares”. Fuentes jurídicas cercanas al vecindario albergan sospechas sobre sucesos producidos últimamente, como cuando ardió un contenedor de basura una noche y tiznó parte de la fachada, desvencijada por el desinterés del dueño actual. Estas voces destacan que los inquilinos vitalicios de renta antigua pueden aferrarse a su piso mientras los posibles nuevos dueños reforman a su antojo el inmueble, sin importar los daños acústicos o cotidianos para la habitabilidad. “La empresa quiere una rehabilitación integral para apartamentos, esos pisos los pueden alquilar por 1.000 euros al mes tranquilamente, sea para turistas o no, con las nuevas leyes de arrendamiento, porque es un sitio muy bueno”, manifiestan estos informadores, conscientes de la cuestión emocional de los residentes y de ese “avasallamiento con educación” de los interesados, que trataron en vano de convencerlos antes de echarse atrás. “La compraventa no está formalizada, pero se prevé a finales de mayo o junio, no sé si se echarán atrás o seguirán tras este jaleo”, indican. Algunos vecinos admiten conversaciones con los interesados, pero se ciñen a la “confidencialidad”.

Cada inquilino tiene una historia. Blanca Hormazábal y su hermana, de 74 y 75 años y ambas aquejadas de discapacidad, nacieron en esa casa a donde las liga un contrato de 1949. “Tenemos la preocupación de qué va a ser de nosotros, aún no nos han ofrecido nada concreto, solo para cuando dure la obra y nada más”, lamenta la septuagenaria. Bajo los domicilios hay una peluquería, negocio operativo desde hace décadas. De momento, pese al susto, parece que han evitado la irrupción de turistas, las maletas y los códigos para acceder a los pisos.