Radiografía de cómo el ‘caso Koldo’ prendió en Baleares tras una llamada desde la centralita de Fomento

Manuel Palomino, director general de Salud del Gobierno de Baleares durante la pandemia, ha comparecido este lunes en la comisión del Congreso que investiga los contratos de material sanitario para explicar la compra de 1,4 millones de mascarillas cuestionada en esa comunidad. Palomino ha desgranado el trámite técnico de esa contratación y ha situado su origen en una llamada desde la centralita del Ministerio de Fomento. Ha remarcado que conectó solo una vez con el exasesor de ese ministerio Koldo García, que la empresa adjudicataria —Soluciones de Gestión, supuestamente implicada en el caso Koldo— era una más de otras 73 compañías contactadas, que las mascarillas resultaron no ser válidas para uso sanitario pero sí para otros servicios y que la reclamación posterior a la empresa se hizo en tiempo y forma. El ex director general ha asegurado que no recibió ninguna orden o presión ni de la entonces presidenta balear, la socialista Francina Armengol, ni de ningún miembro de su Gobierno o del Ejecutivo central. Los diputados del PP y Vox han dicho no creerse nada de lo expuesto. El mismo esquema se ha reproducido más tarde ante la comparecencia de Iago Negueruela, exconsejero de Economía, Turismo y Trabajo.

¿Qué cargo tenía Manuel Palomino? Tras ejercer previamente de guardia civil, Manuel Palomino entró de funcionario en el Gobierno balear y acabó siendo primero director de Presupuestos del Instituto Balear de Salut y luego ya director general del Servicio de Salud autonómico. En ese cargo estuvo durante toda la pandemia, aunque él no se consideraba un cargo político sino solo “un gestor” con “poca capacidad de empatía”, según ha matizado. Y ha subrayado que, ante la virulencia de la crisis sanitaria, montó un equipo de funcionarios de contratación para buscar material donde fuese y como fuese.

¿Cómo comenzó el ‘caso Koldo’ en Baleares? Palomino ha contado que, mientras asistía en abril de 2020 a una reunión de esa comisión especial de contratación, recibió una llamada desde “la centralita del Ministerio de Fomento” y que le preguntaron si el Gobierno balear estaba interesado en participar en una compra “masiva, voluminosa, importante” de mascarillas promovida desde ese departamento. Palomino no ha recordado quién hizo esa llamada inicial, pero sí ha dicho que podría ser “un funcionario”, porque le trataba de usted, y que le dio el número de Koldo García, entonces asistente del ministro de Fomento José Luis Ábalos.

Palomino aceptó la oferta por la emergencia del momento y a continuación, ha explicado hoy, habló por Whatsapp con Koldo García. Asegura que esa fue la única vez, y que fue Koldo García el que le proporcionó el contacto de Íñigo Rotaeche, apoderado de Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, la empresa que está en el epicentro de la supuesta red corrupta.

A preguntas del diputado de Vox Jorge Campos, Palomino ha intentado situar a Soluciones de Gestión como una más de las 73 empresas de distintos proveedores con las que se negoció en aquellos días. El exalto cargo balear ha precisado que ya no habló más ni con Koldo García ni con Rotaeche porque no le gusta “que la Administración negocie” precios o partidas y entiende que lo que debe hacer es “documentarlo todo”. Palomino aportó como prueba de ese distanciamiento que en el sumario del caso Koldo figuran insultos de responsables de esa empresa que le atacaron por no querer atenderles cuando el Gobierno balear empezó a tramitar la reclamación sobre las mascarillas contratadas.

¿Qué sucede con las mascarillas y con la reclamación? Baleares firmó el 26 de abril de 2020 la compra de 1,4 millones de mascarillas sanitarias por 3,7 millones de euros, al precio de 2,5 euros por unidad, para distribuir entre los trabajadores de servicios asistenciales. Palomino ha detallado la cadena de filtros, auditorías, inspecciones y certificados que pasó ese contrato para demostrar que se había hecho legalmente de acuerdo a las circunstancias (en ese momento el Gobierno central había dejado en suspenso las obligaciones de la ley de contratos, para agilizar las compras). El debate y las dudas técnicas que se plantearon desde la Consejería de Salud balear eran sobre la idoneidad de esas mascarillas.

El exdirector general de Salud ha sostenido que esas mascarillas compradas eran útiles, pero que la Administración llegó a la conclusión de que no eran las que figuraban en el pedido 118618 “Mascarilla protección facial FFP2 KN95 uso domiciliario” y constató que tenían un código diferente al de las mascarillas de uso sanitario. Por eso, más adelante, presentó una reclamación ante la empresa. Ha explicado que el Gobierno decidió entonces destinar ese stock a una reserva de seguridad para proteger a otros colectivos esenciales no sanitarios (funerarias, residencias....) ante posibles brotes futuros de la pandemia. Y ha argumentado que tardó tres años en registrar el inicio formal de la reclamación ante la empresa porque tenía cuatro años de margen y para no bloquear esas partidas de mascarillas por si debía utilizarlas en otra fase de la pandemia (la sexta ola no acabó en Baleares hasta 2023). Tanto Palomino como por la tarde el exconsejero Negueruela destacaron mucho que esa reclamación fue asumida por el director de Salud del siguiente Gobierno balear de la popular Marga Prohens en su totalidad, por lo que entienden que no cuestionaban así la validez de esas protecciones, aunque unos meses más tarde no se formularon en tiempo las fórmulas para recuperar esa inversión.

Ni el PP ni Vox aceptaron como lógicas esas explicaciones y se centraron mucho en esa demora para intentar demostrar que Baleares no reclamó antes para tapar, ocultar y beneficiar a Soluciones de Gestión y a la supuesta trama de corrupción que identifican con Koldo García y el PSOE. La reclamación se firmó con el Gobierno balear socialista de Armengol ya en funciones. El PP, que asumió entonces el Ejecutivo, tardó meses en mover esa reclamación, que ahora está en disputa judicial para determinar si se activó o no fuera del plazo. Sumar y ERC no aceptaron la tesis de que el Gobierno balear de Armengol tuvo nada que ver con esa trama, pero sí lo identificaron con que sufrió una estafa y no acabaron de aceptar la idea de que la llamada inicial procedió de un simple centralita ministerial.