Un juzgado abre diligencias al Gobierno balear sobre la reclamación de mascarillas a la trama Koldo

El magistrado del juzgado de instrucción número siete de Palma, Antoni Garcías, ha abierto diligencias a raíz de la denuncia presentada por el PSIB-PSOE contra el director general del Servicio de Salud de Baleares, Javier Ureña, por supuestos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la instrucción del expediente de reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión por un lote de mascarillas defectuosas. Los socialistas habían presentado la denuncia contra Ureña y contra el administrador de la empresa Soluciones de Gestión, Iñigo Rotaeche, al considerar que el Gobierno de Baleares había dejado caducar el expediente de reclamación de esas mascarillas sin contar con ningún tipo de aval jurídico.

El juez ha remitido la denuncia de los socialistas a la Fiscalía de Baleares para que se pronuncie sobre la pertinencia de investigar el asunto, que se encuentra también bajo la lupa de la Fiscalía de la Unión Europea, que indaga sobre los contratos con Soluciones de Gestión que contaron con la ayuda de fondos europeos, como es el caso del balear. Una vez el magistrado tenga el informe, decidirá si continúa con las diligencias previas de investigación o se inhibe en favor de la Fiscalía de la UE.

Durante los primeros meses de la pandemia, el Gobierno balear, entonces presidido por la socialista Francina Armengol, adjudicó un contrato a Soluciones de Gestión por la compra de 1,4 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros. Esta empresa se dio a conocer el pasado febrero, cuando saltó a la luz una investigación de la Audiencia Nacional por supuestos pagos de comisiones en la compra de mascarillas y se vincula a Koldo García, implicado en la causa y hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos.

Tras la compra, los dirigentes de la Consejería de Salud pidieron analizar varias muestras de esas mascarillas al laboratorio del Ministerio de Trabajo en Sevilla y descubrieron que las mascarillas que habían comprado a Soluciones de Gestión tenían una calidad inferior a la contratada, por lo que las retiraron de la distribución y almacenaron durante los siguientes años. Tres años después de saber que las mascarillas eran de inferior calidad a las contratadas, el Gobierno balear inició el expediente de reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión. La tardanza en reclamar y la adjudicación a dedo de un contrato a la supuesta trama recomendada por Koldo García hizo que el PP se lanzara contra Armengol y pidiera su dimisión como presidenta del Congreso de los Diputados.

El nuevo Ejecutivo balear liderado por la popular Marga Prohens continuó con el expediente para la reclamación, pero lo dejó caducar en enero de 2024 sin resolverlo. El director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, inició entonces un procedimiento de nulidad del contrato al entender que se adjudicó sin cumplir las normas de solvencia y experiencia de la empresa contratista. Sin embargo, en la época en la que se adjudicó la compra esos requisitos no eran obligatorios por la situación de emergencia que se vivía en el país.

Según el PSIB-PSOE, Ureña tomó y ratificó la decisión de dejar caducar el expediente sin contar con avales jurídicos o informes de la Abogacía de la Comunidad Autónoma. A continuación, el IB Salut inició un procedimiento para revisar de oficio el contrato adjudicado en 2020 con el objetivo de declarar su nulidad apelando a que la empresa adjudicataria carecía de solvencia económica y técnica para llevar a cabo el servicio.