El PSOE denuncia ante el juez al Gobierno balear por malversación en el contrato del ‘caso Koldo’

El PSOE balear ha presentado una denuncia en los juzgados contra el director general de Salud del Gobierno del PP en la islas, Javier Ureña, por prevaricación, malversación y tráfico de influencias en relación con la gestión hecha del contrato de mascarillas adjudicado en 2020 ―durante el mandato de la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol― a la empresa Soluciones de Gestión, recomendada por Koldo García, asesor principal del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. La denuncia socialista también se dirige contra el socio mayoritario de Soluciones de Gestión y contra esta misma empresa.

Durante los primeros meses de la pandemia, el Gobierno balear adjudicó un contrato a Soluciones de Gestión por la compra de 1,4 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros. Los dirigentes de la consejería de Salud enviaron a analizar varias muestras de esas mascarillas al laboratorio del ministerio de Trabajo en Sevilla y descubrieron que tenían una calidad inferior a la contratada, por lo que las retiraron de la distribución y almacenaron durante los siguientes años.

Tres años después de saber que las mascarillas eran de inferior calidad a las contratadas, el Gobierno balear inició el expediente de reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión por la insuficiente calidad de las mascarillas contratadas. La tardanza en reclamar y la adjudicación a dedo de un contrato a la trama corrupta recomendada por Koldo García hizo que el PP se lanzara contra Armengol y pidiera su dimisión como presidenta del Congreso de los Diputados.

Mientras tanto, el nuevo Ejecutivo balear del PP, presidido por Marga Prohens, continuó con el expediente para la reclamación del daño, pero lo dejó caducar en enero de 2024 sin resolverlo. El director general de Salud inició entonces un procedimiento de nulidad del contrato al entender que se adjudicó sin cumplir las normas de solvencia y experiencia de la empresa contratista, algo que no era obligatorio y que había quedado expresamente anulado por la situación de emergencia que vivía todo el país.

La investigación judicial del denominado caso Koldo arrojó dudas sobre un presunto trato de favor del nuevo Ejecutivo balear del PP a la trama corrupta para no reclamar la devolución de los 2,6 millones. La denuncia socialista incorpora algunas pruebas documentales de la investigación abierta en la Audiencia Nacional por el supuesto pago de comisiones ilegales al asesor del ministro Ábalos, quien facilitó a la empresa Soluciones de Gestión el negocio de la venta de mascarillas a diversas administraciones públicas. Entre esas pruebas destaca la transcripción de las conversaciones telefónicas donde intervienen los gestores de la empresa Soluciones de Gestión para decir, en diciembre de 2023, que “Baleares”, en relación al Gobierno del PP, “no iba a seguir con la reclamación por las mascarillas”. Unos días después de esa conversación, el 12 de enero de 2024, el expediente para la reclamación del dinero caducó sin que la administración balear hiciera nada para evitarlo. El PSOE denuncia la “dejadez deliberada” de quien era máximo responsable de Salud en Baleares, Javier Ureña, al no resolver en plazo el expediente para reclamar a Soluciones de Gestión la devolución de parte de lo cobrado por las mascarillas de inferior calidad.

El Gobierno balear, mediante una resolución firmada el 21 de marzo pasado, desistió del procedimiento de resolución parcial del contrato con la empresa de la trama Koldo. A la vez, el director general de Salud inició un procedimiento por el cual pretendía revisar de oficio el contrato adjudicado en 2020 para declarar su nulidad. Las razones que el Gobierno balear ofrece para anular el contrato es que la empresa adjudicataria carecía de solvencia económica y técnica para llevar a cabo el servicio. Sin embargo, la normativa de contratación de aquellos meses, la peor etapa de la pandemia por el número de muertes registradas cada día, permitía contratar a dedo, sin comprobar si las empresas tenían solvencia económica o experiencia en el sector. Y así lo hicieron la mayoría de administraciones públicas.

La denuncia socialista recuerda que el Gobierno balear del PP no hizo mención alguna a esa falta de requisitos para contratar durante los meses de tramitación del expediente de resolución del contrato y remarca que, además, en aquellas fechas “no era obligatorio verificar la capacidad de obrar y la solvencia de la empresa adjudicataria”, como señalan numerosos informes del Tribunal de Cuentas que fiscalizaron el gasto público en material sanitario de distintas administraciones.