El Gobierno vasco da la semilibertad a ‘Susper’, el ‘archivero’ de ETA

El Gobierno vasco ha acordado la concesión del tercer grado penitenciario o semilibertad a preso de ETA Ibon Fernández Iradi, alias Susper, exjefe de la banda armada al que se le intervino cuando fue detenido en 2002 abundante documentación interna de la organización terrorista conocida como los papeles de Susper que propició el arresto de cerca de 70 de sus miembros. Fernández Iradi, de 52 años y que sufre una grave enfermedad, es el segundo miembro de la extinta organización terrorista al que se le concede este beneficio penitenciario ―que permite que solo tengan que ir a prisión a dormir de lunes a jueves en la mayoría de los casos― en abril, después de que también accediera a él Iratxe Yáñez Ortiz, detenida en 2010 cuando trataba de transportar, junto a otro etarra, una furgoneta cargada de armas y material para fabricar explosivos a la base que ETA había instalado en Portugal.

Con ambos, ya son 71 los integrantes de la extinta organización terrorista que acceden al régimen abierto ―a tres de ellos se le ha concedido en dos ocasiones tras anular Audiencia Nacional la primera― desde que las autoridades de Vitoria asumieron la gestión de las tres cárceles de Euskadi el 1 de octubre de 2021, según datos del Departamento de Justicia vasco. De ellas, cerca de la mitad de estas semilibertades ha sido recurrida por la Fiscalía, lo que ha provocado que, al menos, 16 etarras la hayan visto revocada por el Juzgado de Vigilancia penitenciaria, según datos de Sare, plataforma ciudadana de apoyo a los presos vascos. En la mayoría de los casos, la Audiencia Nacional ha esgrimido como principal motivo para ordenar el reingreso en prisión de los etarras la supuesta falta de un arrepentimiento “sincero” recogido en sus escritos de petición de perdón.

La Policía adjudica a Susper un largo historial de atentados, entre ellos varios asesinatos, durante su integración en el comando Buruntza de ETA entre el año 2000 y agosto de 2001. Entonces dio el salto a la cúpula de ETA para suplir en la jefatura de los comandos a Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Mujika Goñi, que habían sido detenidos unos meses antes. Año y medio después, en diciembre de 2002, era detenido en el Sur de Francia, en un arresto que acabó en polémica porque tres días después se fugó de la comisaría de Bayona donde había sido recluido a través de un respiradero de la celda.

Su huida no evitó que las fuerzas de seguridad se hicieran con varias cajas de documentos que habían pertenecido a anteriores jefes etarras y que él custodiaba en un piso en la localidad francesa de Tarbes. Entre los papeles se encontraban datos sobre decenas de personas a los que la organización había contactado. La policía española logró descifrar los nombres que aparecían en aquellos documentos pese a que Susper creía que era imposible. “Tranquilos, todo está en clave”, comunicó entonces por carta a dirigentes etarras encarcelados. Ello permitió la detención de 70 supuestos nuevos reclutas de la banda. Un año después, en diciembre de 2003, Fernández Iradi volvía ser detenido. Desde entonces estaba preso en Francia, donde se le impusieron tres condenas ―dos de 30 años de reclusión y otra de 15―, hasta que fue trasladado a la prisión donostiarra de Martutene en octubre de 2022. Durante su estancia en las cárceles gala había solicitado su excarcelación a causa de la esclerosis múltiple que sufre desde 2011, pero la justicia francesa se la denegó al considerar que podía ser tratado de esta dolencia en prisión.

Año y medio después de su llegada a España, ha logrado la semilibertad ―paso previo e imprescindible para que pueda solicitar la liberta condicional― por motivos de salud y dentro de la política penitenciaria puesta en marcha por el Gobierno vasco que busca precisamente la concesión del tercer grado para que, al menos, el 40% de los reclusos (el 50% en el caso de las mujeres) cumplan sus penas en régimen abierto. En marzo, última estadística disponible, había 467 reclusos en régimen abierto de los 1.383 internos en las cárceles vascas, lo que representa cerca del 34%, un porcentaje superior al de las cárceles dependientes del Ministerio del Interior (el 17,7%) o de la Generalitat (23,2%). Algunas asociaciones de víctimas del terrorismo recelan de que esta medida se aplique a los presos etarras y el PP y Vox llevan tiempo acusando al Gobierno vasco de plantear con ello un modelo penitenciario “a la medida de ETA”. El ejecutivo de Vitoria siempre lo ha negado.