El CGPJ refuerza el juzgado de Barbate que investiga el asesinato de dos guardias civiles por una narcolancha

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves reforzar con otro juez, durante al menos seis meses, los juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de la localidad gaditana de Barbate. En el primero de ellos se investiga la muerte de dos guardias civiles cuya embarcación fue embestida por una narcolancha el pasado 9 de febrero. En una reunión mantenida con los presidentes de las audiencias provinciales de Cádiz y Huelva, las dos provincias andaluzas con juzgados más sobrecargados por casos de narcotráfico, la comisión permanente del CGPJ ha dado cuenta de un informe de la Inspección que alerta de que la carga media de trabajo en esos dos partidos judiciales superó el año pasado en un 34,2% el tope establecido por el Consejo. La única excepción fue precisamente el de Barbate, donde la carga fue del 96,4%, ligeramente por debajo de la carga máxima recomendada.

El refuerzo de los juzgados de Barbate consistirá en la adscripción a esos dos juzgados de la jueza sustituta María Eulalia Chanfreut, que ya estaba trabajando en ellos, cubriendo una baja por enfermedad, pero ahora se queda en apoyo al juez principal. Esa medida pretende servir para desatascar una situación que los jueces de Barbate describieron como “preocupante” en un escrito remitido el pasado 14 de febrero al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Esta situación de sobrecarga de trabajo, especialmente en el orden penal, es imposible de paliar con un único juez al frente del juzgado, siendo necesario, y esta es mi petición, el nombramiento de un juez de apoyo/refuerzo”, expone la magistrada María Fernández Nimo. El CGPJ y el Ministerio de Justicia han atendido esta petición, que ya cuenta con autorización económica por parte del Gobierno durante seis meses, renovables.

El informe sobre la situación de los juzgados de Cádiz y Huelva ha sido expuesto este jueves ante los presidentes de ambas Audiencias y los jueces decanos de la zona. El estudio se centra en los partidos judiciales de Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y los de Ayamonte y Moguer, en Huelva. Todos, menos el de Barbate, superan los indicadores de carga de trabajo establecidos por el CGPJ.

La pendencia en todos los órganos es elevada: 945,5 asuntos en materia civil el año pasado —superior a la media nacional, que fue de 765,4— y 774,4 en penal, duplicando la media nacional de 374,2. Los técnicos del Consejo advierten de que esta acumulación de asuntos no es consecuencia de la “falta de dedicación o escaso rendimiento” de los juzgados, que también supera los indicadores marcados (172,6% en 2023).

El informe propone varias medidas para dar respuesta a estos problemas, como unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque; crear un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en los de Moguer y Sanlúcar de Barrameda; y adoptar medidas de refuerzo extraordinarias, como la aprobada para Barbate, en los órganos judiciales de La Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda, Ayamonte y Moguer.

Pero el CGPJ apuesta también por reformas legislativas; entre ellas, una que reivindica hace tiempo la Fiscalía: la modificación del artículo 65.1ºd) de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la Audiencia Nacional asuma las causas por narcotráfico cuando estas sean “de especial gravedad” sin necesidad de que “produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas provincias”. Actualmente, los juzgados centrales investigan los delitos de tráfico de drogas cometidos por grupos organizados, pero solo cuando produzcan efectos en distintas provincias, no de aquellos que operen en una sola provincia, ni siquiera cuando la red se extienda en el extranjero.