El juez rechaza el intento del ex número dos de Interior de cerrar la investigación sobre la guerra sucia urdida contra Podemos

El juez Santiago Pedraz, instructor de la Audiencia Nacional, ha rechazado el intento de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Mariano Rajoy, de cerrar la investigación iniciada en febrero para indagar sobre la guerra sucia contra Podemos urdida presuntamente por aquel Ejecutivo del PP entre 2015 y 2016. El magistrado ha desestimado el recurso presentado por Martínez, que pretendía que Pedraz rectificase la apertura de la causa y no admitiese finalmente a trámite la querella impulsada por el partido de Ione Belarra. Francisco Martínez, que fue mano derecha del exministro Jorge Fernández Díaz y que también se encuentra acusado en el caso Kitchen, es el máximo cargo político señalado hasta ahora en estas pesquisas.

Podemos lleva mucho tiempo tratando de sacar adelante esta investigación sobre las maniobras en el seno de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior en época de Fernández Díaz, cuando un grupo de agentes (al que se ha bautizado popularmente como policía patriótica) operó presuntamente con el objetivo de perjudicar a rivales políticos del PP. En su querella, el partido de Belarra señalaba que un conjunto de comisarios, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, “se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial” sobre los dirigentes de Podemos, sin control de un juez o de la Fiscalía. Según Podemos, sobre todo ello informaban después a Fernández Díaz, y el modus operandi incluía la posterior filtración de informaciones con datos falsos a medios de comunicación —que las publicaban citando “fuentes policiales”— para desprestigiar así a la fuerza política ante la opinión pública.

Tras meses de batalla para conseguir que se abriera una causa, Pedraz admitió a trámite la querella el pasado 22 de febrero. El juez dio luz verde a indagar la supuesta implicación de Francisco Martínez; de Eugenio Pino, ex director adjunto de la Policía Nacional (máximo jefe operativo); de tres comisarios (Andrés Gómez Gordo, Enrique García Castaño y Germán Rodríguez Castiñeira); y de un inspector jefe, José Ángel Fuentes Gago. Cinco de estos señalados (Martínez, Pino, Gómez Gordo, García Castaño y Fuentes Gago) se encuentran procesados, además, en la Audiencia Nacional por otro despliegue irregular: el caso Kitchen, la operación parapolicial activada en 2013 para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas y arrebatarle presuntamente documentos comprometedores sobre dirigentes del PP, entonces acorralado por el caso Gürtel de corrupción.

La decisión de la Audiencia Nacional de admitir finalmente la querella de Podemos provocó la inmediata respuesta de la defensa de Francisco Martínez. Los abogados del ex secretario de Estado presentaron un recurso para pedir el archivo de las actuaciones. En ese escrito, además, acusaban al partido de Belarra de cometer delitos de descubrimiento y revelación de secretos al sostener su denuncia, entre otros indicios, sobre una serie de chats extraídos del móvil de Martínez, que figuraban en el sumario del caso Kitchen. Por todo ello, los representantes del exdirigente del PP solicitaron también que se “dedujese testimonio” para imputar a Podemos por usar esas conversaciones telefónicas.

Sin embargo, Santiago Pedraz rechaza ambas pretensiones, según consta en una resolución firmada el 26 de marzo. El magistrado destaca que la querella reúne “los requisitos” exigidos para ser admitida a trámite; y remacha que, de momento, no consta en la causa ninguna documentación que demuestre que la denuncia se base en pruebas “ilícitas”. Además, Pedraz descarta deducir testimonio para que se investigue a Podemos por utilizar esos chats.

La querella de Podemos se presentó, entre otros, por presuntos delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. Entre las pruebas falsas fabricadas contra el partido destaca el llamado informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias S. A.), un documento policial sin firma ni sello de ninguna unidad del Cuerpo, donde se afirmaba que Irán había financiado al partido. O la filtración de un documento “falsario” que acusaba a Pablo Iglesias de haber cobrado 275.000 dólares del régimen venezolano en 2014 a través de una cuenta a su nombre en el Europe Pacific Bank, en el paraíso fiscal de las islas Granadinas. Como publicó EL PAÍS, al menos ocho testigos sitúan detrás de la guerra sucia contra la formación política a la policía patriótica del Gobierno del PP.

Fianza al PSOE

En otra resolución, fechada el pasado viernes, Santiago Pedraz ha decidido imponer una fianza de 2.000 euros al PSOE para permitir su personación como acusación popular. El juez ya había acordado en marzo que se permitiera su presencia en la causa pero, tras un recurso de Francisco Martínez y tras consultar a la Fiscalía, el magistrado ha acordado finalmente reclamar 2.000 euros a los socialistas —una cifra que puso el ministerio público sobre la mesa—.

El ex secretario de Estado de Seguridad no solo recurrió la personación del PSOE en el sumario, sino también la de Pablo Iglesias, ex secretario general de Podemos y exvicepresidente del Gobierno. Sin embargo, en este caso, Pedraz ha rechazado todas las pretensiones de Martínez y considera “procedente” que el exdirigente político prosiga como acusación particular en la causa (sin imponerle el depósito de una fianza). El instructor recalca que “el delito que se investiga afecta a Iglesias”.