El inicio de maniobras militares de Marruecos junto a la costa del Sáhara inquieta al Gobierno de Canarias

Marruecos tiene previsto iniciar este viernes unas maniobras navales que se prolongarán durante tres meses en la costa del Sáhara Occidental, y que han provocado inquietud en el Gobierno de Canarias. Los ejercicios de la Marina Real se desarrollarán a unas 2,7 millas náuticas (cinco kilómetros) del litoral próximo a El Aaiún y a Dajla (antigua Villa Cisneros), según una circular difundida el 19 de marzo por las autoridades marroquíes. Esta advertencia de seguridad se dirige a marineros y pescadores para que no naveguen por las zonas militares designadas, según adelantó El Confidencial y ha confirmado un portavoz del Frente Polisario, organización que defiende la independencia del territorio controlado por Marruecos desde 1975, tras la salida de España como potencia administradora.

El Gobierno de Rabat guarda silencio sobre las maniobras, aunque medios marroquíes como el digital bladi.net las han descrito como una medida “para reafirmar la soberanía de Marruecos sobre las aguas del Sáhara” tras el revés sufrido la semana pasada ante la justicia de la Unión Europea en el proceso sobre la validez del acuerdo de pesca con Bruselas. El mismo portal informativo sostiene que la actividad naval se mantendrá hasta finales de junio, cuando se espera que el Tribunal de Justicia de la UE dicte el fallo definitivo. Fuentes del Frente Polisario han asegurado que en los últimos días se ha observado “un inusual despliegue de las fuerzas de seguridad” en zonas costeras.

El aviso de la Dirección de Pesca Marítima marroquí precisa que las cuatro áreas circulares en las que se desarrollarán las maniobras navales tienen un radio de dos millas náuticas. Sus coordenadas se fijan frente a las costas de El Aaiún y Dajla, así como en otras dos áreas en aguas jurisdiccionales próximas al litoral de Tan Tan y Agadir, en el sur de Marruecos.

El anuncio de las maniobras organizadas por Marruecos ha provocado la enésima señal de alarma en Canarias. El sur de la isla de Fuerteventura es la zona más cercana a los ejercicios navales (a unos 125 kilómetros del sector de maniobras de El Aaiún). El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha trasladado su inquietud al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a quien ha solicitado información sobre la “decisión unilateral” de Rabat de llevar a cabo los ejercicios navales, según ha confirmado el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello. Un portavoz de Exteriores se limitó a señalar el jueves que, “si el ministro tiene algo que comunicar al respecto al presidente de Canarias, lo hará a través de los canales habituales”. Albares “está siempre a disposición de todos los gobiernos autonómicos. De hecho, el presidente Clavijo tiene el móvil personal del ministro y hablan en múltiples ocasiones. La última vez, el domingo. Sus directores de gabinete también mantienen contacto regularmente. La última vez, ayer [por el miércoles]. La comunicación con el Gobierno de Canarias a distintos niveles es y será permanente, también en lo relativo a esta materia”, ha subrayado el portavoz de Exteriores, informa Miguel González.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha anunciado que a partir del lunes habrá contactos “para que se produzca un encuentro entre el ministro de Asuntos Exteriores y el presidente del Gobierno canario, para hablar no solo de las maniobras sino de las relaciones de Marruecos y el Estado en lo que afecta a Canarias”.

Clavijo ya había solicitado a Albares en una carta que le remitió a finales de febrero “información sobre las reuniones que se habían mantenido con el Reino de Marruecos”. A mediados del mes pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a Rabat, donde fue recibido por el rey Mohamed VI. “Canarias no puede quedar al margen [de los acuerdos entre los dos países]”, advirtió entonces el presidente regional. Cualquier movimiento del Ejecutivo de Rabat es seguido con detalle y preocupación desde las islas, más aún desde que, a finales de 2019, se reactivó la ruta migratoria irregular, que tiene en Marruecos y en el Sáhara Occidental uno de sus principales focos emisores.

Uno de los ejemplos más recientes ha sido la aprobación en abril de 2020 de la delimitación por Marruecos de sus 200 millas náuticas de zona económica exclusiva (ZEE) y de las 350 millas náuticas de plataforma continental. Su aprobación supuso, de facto, adentrarse en las 200 millas de la ZEE de España en Canarias y en la plataforma que España solicitó ante la ONU en diciembre de 2014. El entonces presidente autonómico, el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, recalcó el “compromiso cerrado de los gobiernos de España y Canarias” de “elevar la voz donde proceda” si Marruecos “toca una sola milla de las aguas marítimas canarias”.

Algo más de dos años después, el supuesto hallazgo de yacimientos de gas natural en aguas marroquíes cercanas al archipiélago volvió a disparar las alarmas. “No nos cabe duda de que los marroquíes van a ser bastante más laxos en cuestión de seguridad en las perforaciones”, sentenciaba el por entonces senador Clavijo, actual presidente autonómico.

“Derecho de autodeterminación”

El anuncio de las maniobras en la costa saharaui se produjo dos días antes de que la Abogada General de la UE, la croata Tamara Capeta, dictaminara el 21 de marzo que el acuerdo pesquero entre la Unión y Marruecos “deberá anularse”. Tapeta argumentó que, “al no tratar al territorio del Sáhara Occidental y las aguas adyacentes de forma separada y distinta al Reino de Marruecos, […] no se respetó el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui”.

Su recomendación jurídica es un paso previo a la sentencia definitiva que el Tribunal de Justicia de la UE tiene pendiente de dictar. Aunque los dictámenes de los abogados generales no son vinculantes, en un 80% de las ocasiones coinciden con las sentencias de los jueces. La Abogada General de la UE comunicó sus conclusiones tras los recursos presentados contra una sentencia dictada en 2021 en primera instancia por el Tribunal General de la UE que daba la razón al Frente Polisario.

El protocolo pesquero suscrito entre la Unión Europea y Rabat en 2019 expiró en julio, cuando abandonaron las aguas bajo control marroquí en el Sáhara Occidental la veintena de barcos andaluces, canarios y gallegos que contaban entonces con licencia sobre un máximo de 93 autorizaciones negociadas para España por Bruselas. Mientras no se dicte una sentencia firme sobre la demanda del Polisario, las partes han dejado en suspenso la renovación del acuerdo.