La justicia militar no tiene quien la aplique: la vía abierta por el Poder Judicial para evitar el bloqueo acaba en fiasco

El intento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de evitar el colapso de la Justicia Militar recurriendo, “con carácter extraordinario”, al nombramiento de jueces militares en comisión de servicio ha terminado en un fiasco. Cinco de las diez plazas convocadas en juzgados y tribunales militares se han declarado desiertas, por no haberse presentado candidatos o porque los aspirantes no cumplían los requisitos mínimos para el puesto. Y las que han resultado vacantes eran, precisamente, las más críticas: dos plazas de vocal de Tribunal Militar Central y una de juez togado militar central, además de dos vocalías de los tribunales militares territoriales de Madrid y Barcelona.

La falta de cobertura de estas plazas implica, según fuentes jurídicas, la paralización del Tribunal Militar Central y de los juzgados togados militares centrales, lo que supone que no pueden ser encausados ni enjuiciados penalmente militares o guardias civiles de empleo igual o superior a comandante o capitán de corbeta; y que tampoco se pueden resolver los recursos contra sanciones por faltas disciplinarias graves. Hasta que se encuentre una salida a este bloqueo, la jurisdicción militar solo puede instruir causas penales a los militares y guardias civiles con empleo de capitán o inferior y anular o confirmar sanciones por faltas leves. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan que todavía no se ha tomado una decisión sobre cómo solucionar esta situación. La comisión permanente del CGPJ vuelve a reunirse este jueves y en el orden del día no se ha incluido este punto, pero las fuentes consultadas no descartan que se incorpore al debate, informa Reyes Rincón.

En marzo de 2021, el Parlamento aprobó una reforma de la Ley del Poder Judicial que privó al CGPJ de su capacidad de adjudicar destinos para jueces en juzgados y tribunales una vez que había concluido su mandato, en diciembre de 2018. El Gobierno pretendía así presionar al Partido Popular para que aprobase la renovación del Consejo, tal y como mandata la Constitución. Sin embargo, cinco años después de haber caducado, el CGPJ no ha sido renovado todavía y no ha podido cubrir las vacantes judiciales que se han ido produciendo desde entonces. En la jurisdicción militar esta situación ha conducido finalmente al bloqueo, al pasar a la reserva o retirarse los jueces militares y no ser sustituidos.

Para intentar evitar el colapso, la Comisión Permanente del CGPJ acordó el pasado 1 de febrero la convocatoria de un concurso para cubrir, en régimen de suplencia y en comisión de servicio por un año, los puestos más críticos de la jurisdicción castrense. Además de pertenecer al Cuerpo Jurídico Militar, los candidatos debían ser generales auditores para optar a los puestos de vocales del Tribunal Militar Central, coroneles para el puesto de juez togado y tenientes coroneles o comandantes para las vacantes en los tribunales militares territoriales. Salvo un puesto para general togado en la reserva, los demás requerían estar en activo.

El pasado día 28, la Comisión Permanente del CGPJ adjudicó cinco de las diez plazas convocadas (todas para militares con empleo de comandante o teniente coronel) y declaró desiertas las restantes, según la resolución publicada este miércoles en el BOE, con la firma del presidente suplente del Poder Judicial, Vicente Guilarte. Se da la circunstancia de que el acuerdo se tomó antes de que concluyera el mes de plazo para presentar recurso de reposición contra la convocatoria.

No obstante, ya se ha presentado al menos un recurso, suscrito por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) que pide la anulación del acuerdo, por considerar que vulnera el derecho de guardias y militares a la tutela judicial efectiva y al juez predeterminado por ley. Ambas asociaciones subrayan que las vacantes en tribunales y juzgados castrenses no se van a cubrir con miembros del cuerpo jurídico militar que estén ejerciendo funciones jurisdiccionales, sino también con los destinados en la Fiscalía militar o las asesorías jurídicas del Ministerio de Defensa y los ejércitos, a las que volverán una vez concluida la comisión de servicio en juzgados y tribunales. Eso supone, alegan, que carecerían de imparcialidad objetiva; especialmente, en procedimientos en los que resulten afectados los mandos a los que asesoran o los organismos en los que estén destinados. El acuerdo del CGPJ se tomó con tal urgencia, advierten los recurrentes, que ni siquiera se exigió a los aspirantes no estar inmersos en un procedimiento penal o disciplinario para poder ejercer como jueces.