El Poder Judicial cubrirá con suplentes las vacantes de la justicia militar para evitar su colapso

La situación crítica que atraviesa la justicia militar, que tiene vacantes el 52,38% de las plazas de juez (22 de 42), ha llevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a adoptar una solución sin precedentes: un sistema de suplencias profesionales con miembros del Cuerpo Jurídico Militar que estén en otros destinos. La medida lleva estudiándose meses, pero el CGPJ ha dado el paso ahora, después de que varios informes recientes del Tribunal Militar Central reclamaran una salida inmediata para evitar el colapso. “Sin ánimo de ser alarmista, la situación de la Jurisdicción Militar solo puede calificarse como catastrófica”, advertía un dictamen remitido al Consejo en diciembre pasado.

La situación que vive la justicia militar, responsable de aplicar el Código Penal Militar a 120.000 miembros de las Fuerzas Armadas y 70.000 de la Guardia Civil, es otra consecuencia más de los cinco años de bloqueo del CGPJ y de la reforma legal que, desde marzo de 2021, impide a este órgano designar cargos discrecionales mientras no se renueve. Esta situación, que ha dejado ya 86 vacantes en la justicia ordinaria, incluidas 24 en el Tribunal Supremo, afecta también a la designación de los principales puestos en la jurisdicción militar —presidente y vocales del Tribunal Militar Central (TMC), presidente y vocales togados de los Tribunales Militares Territoriales (TMT) y jueces de los juzgados—. “Por primera vez en la historia de la Jurisdicción Militar” hay más plazas sin cubrir que cubiertas, advierte uno de los recientes informes remitidos al Consejo por el Tribunal Militar Central.

La situación más crítica la sufre el Tribunal Militar Central, máximo órgano de esta jurisdicción tras la Sala de lo Militar del Supremo. Este órgano, que juzga a los militares con rango igual o superior a comandante o capitán de corbeta, tiene ya vacantes sus cinco plazas (un auditor presidente y cuatro vocales). En los Tribunales Militares Territoriales, el 65% de las plazas están vacías (de las 26 en total, están cubiertas 9 y vacantes 17); de los 16 Juzgados Togados Militares, están cubiertos 11 y 5 están vacantes (31,2% vacantes), pero durante el primer semestre de este año se producirán dos ascensos que provocarán el cese de los jueces afectados. No es mejor la situación en los dos Juzgados Togados Centrales, que quedarán vacantes el próximo 17 de febrero, fecha en la que pasará a la reserva el coronel auditor titular del Juzgado Togado Central Número 2, que actualmente actúa por sustitución también en el número 1.

La medida acordada este miércoles por la comisión permanente —el principal órgano de decisión tras el pleno— implica una convocatoria de suplentes profesionales entre miembros del Cuerpo Jurídico Militar que tengan el rango requerido en cada plaza que se necesita cubrir. Así, el CGPJ nombrará a los vocales togados suplentes, les concederá una comisión de servicios en sus destinos actuales y les dará facultades para ejercer en los órganos judiciales afectados. La competencia para la concesión de las comisiones de servicio y su asignación presupuestaria corresponde al Ministerio de Defensa. Desde el punto de vista práctico, este mecanismo de suplencias requiere la publicación de la convocatoria de las comisiones de servicio en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa. Una vez presentadas las candidaturas, la comisión permanente designará a los vocales togados suplentes, que se incorporarán a sus nuevas plazas por un plazo de un año renovable.

Aunque la situación es crítica en todos los órganos, el acuerdo del Consejo, al que ha tenido acceso este periódico, contempla publicar de forma “urgente” ocho puestos. Así se garantizará que cada tribunal militar esté compuesto, al menos, por tres miembros, el número que el CGPJ considera “imprescindible” para garantizar su funcionamiento. El informe del Consejo defiende que este sistema de suplencias no vulnera la prohibición de hacer nombramientos discrecionales vigente desde marzo de 2021 porque se trata de una sustitución, y el órgano de gobierno de los jueces sigue manteniendo intacta su competencia en materia de sustituciones y refuerzos. Aunque en la jurisdicción ordinaria son habituales las comisiones de servicio, en este caso no se trata de que un juez se haga cargo de un juzgado vacante, sino de fichar a personal del cuerpo jurídico militar que habitualmente no realiza funciones jurisdiccionales y está destinado, por ejemplo, en asesorías de cuarteles generales. Tampoco hay precedentes en los que se haya usado este sistema de suplencias en los puestos de designación discrecional de la justicia ordinaria. El CGPJ llegó a plantearse, durante la presidencia de Carlos Lesmes, una fórmula similar para que jueces de otros órganos ocuparan las plazas vacantes en el Supremo, pero la medida, rechazada por la mayoría de magistrados, acabó descartándose.

Mariano Casado, presidente del Observatorio de la Vida Militar (OVM), órgano asesor de las Cortes, y letrado con amplia experiencia en la jurisdicción castrense, reconoce que la “inédita” decisión del CGPJ ha provocado “mucha preocupación” y advierte, a falta de conocer los requisitos que se exigirán a los jueces suplentes, de que “deben darse plenas garantías a los justiciables”, militares y guardias civiles, ya que lo que está en juega es “el derecho al juez predeterminado por ley, que es la base de la tutela judicial efectiva”, informa Miguel González.