Detenidos tres responsables de la gran estafa inmobiliaria de Murcia, Almería y Granada con 1.000 afectados

Agentes de la Guardia Civil detuvieron en los primeros días del mes de febrero a Francisco Manuel Torres González, actual administrador de la inmobiliaria Grupo 21, y a Catalina Cruz Jimera, su pareja y anterior administradora, junto a un tercer responsable de la empresa, como presuntos responsables de un delito de estafa y falsedad documental. Los detenidos son presuntamente los responsables de la comercialización y preventa de unas 1.172 viviendas, según los cálculos de este periódico, distribuidas en 18 urbanizaciones, de las que no se ha construido una sola vivienda aunque sí cobrado una cantidad por todas ellas.

La empresa recibió de cada comprador, según los casos, una cifra entre 12.000 y 55.000 euros en concepto de reserva. Tras la entrega de ese dinero, Grupo 21 comenzaba un proceso de excusas para justificar el retraso en el inicio de las obras. Finalmente, hace unos meses, los compradores se dieron cuenta de que el asunto parecía ser una estafa y comenzaron las denuncias y la investigación policial que ahora ha llevado a la detención de los tres máximos responsables de Grupo 21.

La detención ha trascendido ahora, varias semanas después, una vez que la Guardia Civil ha avanzado en su investigación, según explican fuentes del instituto armado. Los arrestados fueron puestos a disposición judicial y quedaron en libertad, pendientes de juicio. Según ha informado la Guardia Civil, tuvieron lugar en la provincia de Málaga, donde los dirigentes de la empresa vivían en los últimos tiempos. Será el juzgado de primera instancia e instrucción número 7 de Roquetas de Mar (Almería) el que lleve el caso. En principio, a la acusación de estafa y falsedad documental se le une la agravante de pertenencia a banda organizada.

La presunta estafa comenzó en 2021 y se ha extendido a las localidades de Águilas (Murcia), Almería capital, Aguadulce (Almería) y Almuñécar. En aquel año, Grupo 21 comenzó a tantear a propietarios de terrenos en Águilas, en un procedimiento que luego se ha repetido en todas las ciudades y hasta prácticamente noviembre pasado. La empresa hacía propuestas de compra a los dueños de suelo y, o bien pagaba una reserva o, sencillamente, mostraba interés en la compra. Eso le daba unos meses, hasta un año de margen, para comenzar a comercializar unas viviendas que, sobre plano y en maqueta, se antojaban a todo lujo y a unos precios sensiblemente por debajo de mercado.

En ese periodo de comercialización, los compradores pagaban un porcentaje de la vivienda. Grupo 21, sin embargo, apenas ha sido dueño de un ínfimo porcentaje de los terrenos correspondientes a las 18 urbanizaciones comercializadas. De la gran mayoría, nunca ha tomado posesión ni ha aparecido en ninguna escritura. Tampoco las licencias de obra, que otorgan los ayuntamientos, muestran mayor diligencia. De las 18 promociones, solo tres, en Roquetas de Mar, fueron aprobadas. El resto o no fueron nunca solicitadas o cuando los diversos ayuntamientos le pidieron cambios o aclaraciones, Grupo 21 nunca contestó.

Ahora, la operación de la Guardia Civil almeriense, llamada Posidonia y llevada a cabo por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia civil de Almería, ha certificado algunas de las acusaciones que se vertían sobre los responsables de Grupo 21. Además de que se han cobrado cantidades por edificios no construidos, lo que resultaba evidente, y de que la promotora jamás ha sido propietaria de los terrenos donde ofertaban las promociones para la edificación de las viviendas, un extremo que este diario había comprobado a través de llamadas a propietarios de suelos, la investigación confirma que “tras realizar un minucioso examen de los documentos e indicios obtenidos, la promotora no cuenta con las cuentas bancarias especiales (CCE) exigidas por la ley para las promotoras inmobiliarias, sino que recibe el dinero de las reservas y compraventa de los inmuebles ofertados en cuentas corrientes destinadas a otros fines”.

Los más de 1.000 afectados por esta presunta estafa llevan unos meses organizando su defensa a través de una docena de abogados. Las tácticas son diversas. Unos han denunciado el asunto por lo penal, por estafa y apropiación indebida, acusando directamente a los ahora detenidos, mientras otros han denunciado por lo civil, actuando contra los bancos por no cumplir su deber de vigilancia en la apertura de las cuentas corrientes oportunas que requiere la ley en estos casos de promociones urbanísticas.

Francisco Manuel Torres González, de 42 años y nacido en Huelva, se dedicó al negocio de la hostelería, la venta de textiles y la construcción la pasada década. Tras abandonar la ciudad, se instalaron en la zona del Mediterráneo, donde pusieron en marcha la presunta estafa ahora investigada. Antes, en 2011, Torres González se apropió de 50.000 euros de un primo, al que engañó para poner en pie una empresa que nunca arrancó. Un juez le obligó a devolver ese dinero, algo que nunca hizo porque, para la ley, estuvo en paradero desconocido hasta su detención hace unas semanas. Curiosamente, sí estuvo más o menos visible en estos años en los que vendía casas que nunca pensó en construir.