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El ‘número dos’ de Interior de Rajoy rechaza haber presionado al abogado de Bárcenas

Francisco Martínez, quien ha declarado como investigado en la Audiencia Nacional, asegura que no conocía al extesorero del PP

El exsecretario de Estado de Seguridad y el ex número dos de la Policía testifican por supuestas presiones de Bárcenas
El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, tercero por la izquierda, a su llegada este martes a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por las supuestas presiones sufridas por el abogado de Luis Bárcenas.Mariscal (EFE)
Reyes Rincón

El secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy ha negado este martes en la Audiencia Nacional que presionara al abogado de Luis Bárcenas para evitar que el extesorero del PP difundiera más información sobre la corrupción del partido. Francisco Martínez, que ha declarado como investigado ante el juez Manuel García-Castellón en la causa en la que se investigan las supuestas presiones recibidas por el abogado Javier Gómez de Liaño, ha asegurado que ni presionó al letrado ni nadie vinculado al PP le ordenó que lo hiciera. Según fuentes jurídicas, también ha negado haber tenido ningún tipo de trato con Bárcenas o con quien fue su abogado entre 2013 y 2015. El comisario Eugenio Pino, exdirector Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, también ha comparecido como investigado y solo ha aceptado contestar a las preguntas de su defensa, pero esta no le ha formulado ninguna cuestión. Tampoco lo ha hecho el juez, al que Pino, según las fuentes consultadas, también había accedido a contestar.

García-Castellón citó a Martínez y Pino en enero pasado a petición del propio Gómez de Liaño, que ejerce la acusación en la causa, y con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción. El juez dio ese paso tras recibir dos informes de la Policía Nacional que detallan la existencia de, al menos, nueve anotaciones en las agendas manuscritas del comisario jubilado José Manuel Villarejo que apuntan a que ambos conocían presuntamente las presiones al abogado. Las pesquisas por estas presiones, que forman la pieza 36 del macrosumario del caso Tándem en el que se investiga la trama parapolicial en torno a Villarejo, habían sido archivadas por el juez, pero la Audiencia Nacional le ordenó reabrirla en febrero del año pasado.

En la resolución por la que imputó al ex número dos de Interior y al exjefe de la Policia, el juez señalaba varias anotaciones de las agendas en las que Villarejo recogía sus gestiones para recopilar información sobre un supuesto pago irregular de más de cinco millones de euros que Gómez de Liaño habría recibido del líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov, del que también era abogado. El objetivo de esas anotaciones era, supuestamente, presionar al letrado para que Bárcenas siguiera revelando información sobre el PP.

Martínez ha rechazado estas acusaciones y solo ha admitido saber de oídas quién era Kalashov. En su declaración, en la que solo ha aceptado contestar a su abogado y al de Gómez de Liaño, Martínez ha negado ser Chisco, el alías que utilizaba Villarejo para referirse a él en sus agendas y que es clave para sostener su imputación. Esta afirmación del ex número dos de Interior contradice las conclusiones a las que ha llegado la Policía a lo largo de la investigación y en las que incide en un nuevo informe enviado al juez fechado el pasado viernes. En ese escrito, de 16 páginas, Asuntos Internos analiza todas las anotaciones realizadas por Villarejo en sus agendas y diarios personales en las que alude a Chisco y las compara con otros documentos incorporados a la causa, entre ellos, uno en el que el propio comisario vincula los apodos que suele utilizar con números telefónicos. El asignado a Chisco es el teléfono que se asocia a Martínez en las primeras anotaciones y, según en las bases de datos policiales, el titular era el Ministerio del Interior.

El informe de la Policía explica cómo las primeras anotaciones de Villarejo se refieren al entonces número dos de Interior como “Fco Martínez” y luego hay una “transición” de “Fco M.I., Chisco M.l. y de ahí a Chisco”. En esas anotaciones, junto a estos alias, Villarejo apunta apreciaciones y datos que, según la Policía, “evidencian la vinculación de Chisco con el Ministerio de Interior y la Secretaria de Estado de Seguridad desde el año 2013″. En las últimas anotaciones, de noviembre de 2016, Villarejo deja constancia de las “malas perspectivas” de Chisco sobre su futuro político. El 16 de noviembre, tras una conversación con este, el comisario escribe: “Muy decepcionado con todos. Especialmente contra Rajoy. Se busca un despacho para irse. Apoyo total a Jorge [supuestamente, Fernández Díaz, el entonces ministro del Interior]”. Dos días después, Martínez fue cesado como secretario de Estado de Seguridad.

El auto del juez por el que se le imputó citaba ocho anotaciones fechadas entre el 7 de octubre de 2013 y el 21 de agosto del año siguiente, en las que se hace referencia a supuestos encuentros de Villarejo con Chisco. En ellas, según la policía, se había tratado de “micro a G. Liaño. Operación Kalasov” o “propone hacer gestiones para ver si Liaño viajó a Uruguay estos días”. En el caso de Pino, que en las agendas manuscritas de Villarejo aparece como Pin, hay una anotación del 24 de abril de 2014 con una sucesión de nombres e iniciales, entre ellos “LB” [Luis Bárcenas] y “Liaño”.

Martínez y Pino están ya procesados en otra pieza del mismo sumario, la del llamado caso Kitchen, en la que se investiga precisamente el espionaje ilegal a Bárcenas por parte de la supuesta trama parapolicial para arrebatarle documentos comprometedores para dirigentes del PP por el cobro de sobresueldos. Por esta trama se encuentran también procesados el exministro Jorge Fernández Díaz, hombre de confianza del expresidente Rajoy; el propio Villarejo y varios comisarios y agentes de la Policía Nacional.

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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