Un estudio revela “una escalada de jubilaciones jamás vista” en la carrera judicial

Un estudio elaborado por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha puesto de manifiesto el crecimiento importante de las jubilaciones anticipadas o bajas voluntarias en la carrera judicial en los últimos años. El informe destaca que las jubilaciones voluntarias o anticipadas representaron el 47,47% de las jubilaciones registradas en 2023, frente al 31,4% del año 2022, lo que supone que en un solo año se incrementaron algo más de 15 puntos. “Cada cuatro días se jubila un juez en España”, explica Sergio Oliva, el portavoz de AJFV y autor del estudio. Oliva denuncia el “alarmante problema” que afronta la Administración de Justicia con “una escalada de jubilaciones jamás vista”, hasta el punto de que para el año 2031 se habrá jubilado el 33% de la carrera judicial, según las proyecciones de esta asociación de jueces.

El informe se refiere a la falta de incentivos en la carrera como una de las causas de las salidas anticipadas. Cabe recordar que la actual prohibición de nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impedido las promociones internas para el acceso a los cargos más relevantes, como los del Supremo y las presidencias de Audiencias o de Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas. La AFV ya ha mostrado su preocupación por la situación con distintas iniciativas, entre ellas el recurso que logró que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) reconociera el derecho de los candidatos a acceder al propio Consejo del Poder Judicial para que se siguiera el procedimiento parlamentario previsto con este fin. El recurso fue presentado por seis jueces de la AFV, obviamente conscientes de que la renovación del Consejo es el paso necesario para el desbloqueo de los nombramientos, máxime después de que el Constitucional haya avalado en dos sentencias la reforma legal que prohibió efectuarlos a un Poder Judicial con el mandato caducado.

El estudio de la asociación sobre las bajas voluntarias en la profesión explica que en 2023 tuvieron lugar un total de 99 jubilaciones en la carrera judicial. De ellas, 47 fueron voluntarias o anticipadas, 44 fueron forzosas por razones de edad y 8 fueron por incapacidad permanente. Las jubilaciones voluntarias o anticipadas representan el 47,47% de las jubilaciones del año 2023, frente al 31,4% del año 2022. Esto es, en un solo año se han incrementado en más de 15 puntos.

Oliva afirma que el estudio que ha llevado a cabo revela que hay tres causas fundamentales de la marcha de la carrera judicial por quienes la abandonan anticipadamente. Se trata del envejecimiento de la carrera judicial, la creciente sobrecarga de trabajo “que está causando problemas de salud laboral” entre los jueces, a lo que se une la ausencia de una carrera profesional bien definida, donde se reconozca la experiencia y la competencia para continuar ejerciendo como juez. El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria considera que estas tres causas de las bajas y jubilaciones anticipadas “se entrelazan y retroalimentan”.

En cuanto a la sobrecarga de trabajo, el estudio aporta los siguientes datos. En primer lugar, en España tan solo hay 11,26 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 17,6. La tasa de litigiosidad, por otra parte, crece sin parar. Esta tasa, que mide los asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes, se sitúa al cierre de 2023 entre el 143,8% y el 147,5%, cuando en el año 2018 era del 128,3%. Esto supone un aumento de entre 15 y 19 puntos porcentuales con respecto a hace tan solo cinco años.

El estudio menciona asimismo que según cálculos del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para la mejora de las prestaciones del servicio público de la administración de justicia, se precisaría a lo largo de la próxima década la incorporación de cerca de 6.500 nuevos jueces. Atender a esta circunstancia implicaría la convocatoria de entre 310 y 320 plazas anuales en la carrera judicial hasta el año 2032. El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria subraya que, a pesar de estas previsiones, la última convocatoria realizada —la correspondiente al pasado mes de noviembre— ha sido de tan solo 120 plazas, “que son —afirma Sergio Oliva— manifiestamente insuficientes”.

Oliva subraya ante los datos revelados por el informe que “está en riesgo la tutela judicial efectiva de la ciudadanía”. A su juicio, las medidas que se tomen “determinarán la integridad de nuestro sistema judicial”, dado que “sólo con una justicia profesional y sin problemas de salud propiciados por el exceso de trabajo se logrará mantener la verdadera independencia judicial”.